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NORMAS LEGALES

circunstancia haya constituido causal de recusación, la
anulación solo resulta procedente si la parte afectada
formuló, oportunamente, la recusación respectiva y esta
fue desestimada.
45.9 El Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE) aprueba el Código de Ética para el
Arbitraje en Contrataciones del Estado, el cual resulta
de aplicación a los arbitrajes que administra, a los
arbitrajes ad hoc y, de manera supletoria, a los arbitrajes
administrados por una institución arbitral que no tenga
aprobado un Código de Ética o, que teniéndolo no
establezca la infracción cometida por el árbitro o no
establezca la sanción aplicable.
Los árbitros deben ser y permanecer independientes
e imparciales durante el desarrollo del arbitraje.
Asimismo, deben cumplir con la obligación de informar
oportunamente si existe alguna circunstancia que les
impida ejercer el cargo con independencia, imparcialidad
y autonomía; actuar con transparencia y observar la
debida conducta procedimental. El deber de informar se
mantiene a lo largo de todo el arbitraje.
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el
párrafo precedente constituye infracción a los principios
de independencia, imparcialidad, transparencia y debida
conducta procedimental previstos en el Código de Ética
para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, siendo
pasible de las siguientes sanciones éticas según su
gravedad:
a) Amonestación.
b) Suspensión temporal de hasta cinco (5) años.
c) Inhabilitación permanente.
Las infracciones señaladas son desarrolladas en el
reglamento y recogidas en el Código de Ética para el
Arbitraje en Contrataciones del Estado.
La autoridad competente para aplicar el Código de
Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado es
el Consejo de Ética, el cual se encarga de determinar
la comisión de infracciones y de imponer las sanciones
respectivas. El Consejo de Ética se encuentra integrado
por tres (3) miembros independientes de reconocida
solvencia ética y profesional, los cuales son elegidos
por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio
de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, respectivamente. El cargo
de miembro del Consejo puede ser remunerado. La
organización, estructura, atribuciones, mecanismos
de designación, funcionamiento y los demás aspectos
concernientes al Consejo de Ética son establecidos en el
reglamento.
45.10 El Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE) organiza y administra un régimen
institucional de arbitraje especializado y subsidiario para
la resolución de controversias en las contrataciones con el
Estado, de acuerdo a lo previsto en el reglamento.
Este régimen se rige por su propio reglamento arbitral
que es aprobado mediante directiva por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y
supletoriamente por el Decreto Legislativo que norma el
Arbitraje o norma que lo sustituya.
45.11Los medios de solución de controversias a que
se refiere la presente Ley o su reglamento, se desarrollan
en cumplimiento del Principio de Transparencia.
Las instituciones encargadas de la administración de
los medios de solución de controversias deben cumplir
con remitir la información que establezca el reglamento
y aquella que solicite el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), en relación a las
controversias derivadas de la aplicación de la presente
Ley, bajo responsabilidad de su titular o representante
legal.
En el caso de los arbitrajes institucionales, la
respectiva institución arbitral es responsable de la
custodia del expediente por el plazo de diez (10) años
desde su terminación. Antes del vencimiento de dicho
plazo, la custodia puede ser encargada al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), bajo
los requisitos y condiciones previstos en el reglamento.
Tratándose de arbitrajes ad hoc, el presidente del tribunal
arbitral o el árbitro único son responsables de la custodia
de las actuaciones arbitrales por el plazo señalado.
45.12 Las resoluciones sobre devolución de honorarios

Sábado 7 de enero de 2017 / El Peruano

de árbitros emitidas por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) constituyen título
ejecutivo.
45.13 Si como resultado de un proceso arbitral se
reconoce algún monto a pagar al proveedor o contratista,
el pago por parte de la Entidad debe efectuarse junto con
la liquidación o conclusión del contrato.
Artículo 46. Registro Nacional de Proveedores
46.1 El Registro Nacional de Proveedores (RNP) es el
sistema de información oficial único de la Administración
Pública que tiene por objeto registrar y mantener
actualizada durante su permanencia en el registro, la
información general y relevante de los proveedores
interesados en participar en las contrataciones que
realiza el Estado, así como implementar herramientas
que permitan medir el desempeño de los proveedores que
contratan con el Estado. Los administrados están sujetos
a los principios de presunción de veracidad, informalismo
y privilegio de controles posteriores.
La inscripción en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) tiene vigencia indeterminada sujeta a la
actualización de información de conformidad con lo que
señala el reglamento.
En ningún caso el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) constituye una barrera de acceso para contratar
con el Estado.
Para ser participante, postor, contratista y/o
subcontratista del Estado se requiere estar inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP). Únicamente
en el Reglamento de la presente Ley se establecen la
organización, funciones y los requisitos para el acceso,
permanencia y retiro del registro. En el caso de los
supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley
sujetos a supervisión, el Reglamento establecerá las
condiciones para su inscripción ante dicho Registro así
como sus excepciones.
La presentación de documentación falsa o información
inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
habilita la declaración de nulidad del acto correspondiente.
46.2 Los proveedores del Estado inscritos como
Ejecutores de Obra ante el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) cuentan con una capacidad de
contratación conforme se establece en el reglamento.
46.3 Las empresas extranjeras reciben el mismo trato
que las empresas peruanas reciben en su país de origen
en materia de contrataciones del Estado.
46.4 Las Entidades están prohibidas de llevar registros
de proveedores. Solo están facultadas para llevar y mantener
un listado interno de proveedores, consistente en una base
de datos que contenga la relación de aquellos. Bajo ninguna
circunstancia, la incorporación en este listado es requisito
para la participación en los procedimientos de selección que
la Entidad realice. La incorporación de proveedores en este
listado es discrecional y gratuita.
46.5 Bajo responsabilidad y de manera gratuita,
en el marco de la legislación vigente sobre la materia,
el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(RENIEC), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), el Poder Judicial,
la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras Entidades de
las que pueda requerirse información, deben proporcionar
el acceso a la información pertinente, preferentemente
mediante
mecanismos
de
interoperabilidad,
salvaguardando las reservas previstas por Ley con la
finalidad de que el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) cuente con información oportuna, confiable y
actualizada. La Oficina de Gobierno Electrónico de la
Presidencia del Consejo de Ministros, cautela y apoya el
debido cumplimiento de esta disposición.
Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro
de Economía y Finanzas puede disponerse el acceso
a la información que posean otras Entidades y que sea
relevante para el Registro Nacional de Proveedores
(RNP).
46.6 En ningún caso, los documentos de los
procedimientos de selección exigen a los proveedores