Las instituciones navarras, Diputación, Cortes, Ayuntamientos y otras instituciones entenderán
que las obligaciones de todos los navarros se reducen a la asistencia de tres días al Rey. Todo lo
que exceda de ese periodo de tiempo debe declararse contrafuero, en consecuencia, no debe
cumplirse por el pueblo navarro.
Durante el Antiguo Régimen, en Navarra es el Virrey el que solicita el reclutamiento. Éste debe
justificar la necesidad del mismo ante la Diputación del Reino. Cuando este alistamiento de
levas tiene un carácter urgente, debido a las necesidades políticas o militares del momento, el
Rey convoca las Cortes navarras. En éstas, se produce una negociación entre el Rey, la nobleza
y el clero navarro, mediante la cual se conceden algunas prebendas a estos grupos sociales que
componen las Cortes navarras, a cambio de la autorización de las levas. El reclutamiento
forzoso de las levas siempre ha sido un tema controvertido entre el Rey y las instituciones
navarras.
Hasta mediados del siglo XVII, no fue fácil convencer a los navarros para que empuñen
ocasionalmente las armas en defensa de su frontera. Se negocia en las Cortes navarras la
concesión de soldados para las guerras de Cataluña y de Portugal, en los años 1640 y 1670
respectivamente.
En los años 1704-1705, se regulan estos reclutamientos forzosos para todo el Estado, dándose
instrucciones para llevarlas a cabo, a través de un sorteo, donde uno de cada cinco vecinos entra
en el mismo, ahí el nombre de quinta. Hasta entonces, sólo ocasionalmente se empuñan las
armas en labores de vigilancia y guarnición o en asambleas y revistas, volviendo luego a sus
casas y a sus obligaciones. Estas medidas forzosas de reclutamiento, crean un fuerte malestar
social fundamentalmente en las clases bajas y menesterosas, que son las que padecen este nuevo
sistema de reclutamiento.
A raíz de la guerra de Sucesión y con el triunfo de Felipe V, se promulgan los decretos de
Nueva Planta, en el año 1715, que no afectan a Navarra pero sí al reino de Aragón (catalanes,
aragoneses, valencianos y mallorquines), siendo obligados a unificar sus leyes, usos y
costumbres a las leyes castellanas. Esto es debido al apoyo que prestan a la causa del candidato
de los Austrias y como sale triunfante el rey Borbón, Felipe V se venga de ellos con la supresión
de sus Fueros.
Tras los decretos de Nueva Planta, las provincias Vascongadas quedan como únicos territorios
forales en España, pasando en lo sucesivo a denominarse con el sobrenombre de “provincias
exentas”. Esta concesión se debe al apoyo que las provincias Vascongadas prestan a Felipe V y
en agradecimiento mantiene su status político, económico y jurídico.
Con la llegada al poder de Felipe V, Navarra mantiene su entramado jurídico autónomo: Cortes,
Consejo Real, Hacienda, moneda propia, fronteras, etc. Para las clases privilegiadas, los Fueros
suponen mantener el control político de Navarra pero el pueblo llano aprecia en ellos la
exención de ciertos impuestos fiscales y sobre todo del servicio militar. La importancia de esto
último crece en la medida que aumentan las pretensiones borbónicas de crear un ejército
nacional moderno y obligatorio.