Carta abierta de la ASAMBLEA BOSQUE ALEGRE a la
comunidad de San Isidro

Entre 2011 y 2012 se produjeron hechos vinculados a la destrucción del Bosque Alegre y a la
apropiación de sus terrenos por el Club Atlético San Isidro (C.A.S.I.) por los que dicho Club y
el Gobierno Municipal (MSI) agraviaron a la comunidad de San Isidro.
Aunque no hay constancia de esto, el C.A.S.I. se habría visto en la perentoria necesidad de
expandir las posesiones que ya tiene en el Bajo de San Isidro a causa de la precipitada venta de
unos terrenos que tenía en la localidad de Escobar. Además, y esto sí lo ha comunicado
oficialmente el Club, la mudanza le permitiría reunir toda su actividad en San Isidro
reforzando el valor simbólico de su pertenencia a esta comunidad.
En mayo de 2011, la Municipalidad y el C.A.S.I. formalizaron la cesión de las tierras en que
se asienta Bosque Alegre para que el Club instale allí canchas de rugby. Aunque la ley exigía
que el proyecto fuera debatido previamente en audiencia pública, tanto el C.A.S.I. como la
Municipalidad eludieron cumplir con ese requisito esencial a fin de ocultar la inequidad que
contenía y que lo hubiera hecho vulnerable al control ciudadano que establece la ley.
Cuando tomó estado público la novedad de que el C.A.S.I. estaba talando Bosque Alegre y se
exigieron respuestas, la tala se detuvo y las autoridades municipales se pusieron al frente de
las conversaciones con vecinos/as y organizaciones hasta que, como ya se sabe, el 12 de abril
de 2012 llevaron a cabo un gran operativo con fuerzas del Programa de
Cuidados Comunitarios y de la policía bonaerense donde reprimieron a las personas que se
hicieron allí presentes.
Desde el día de la represión, la Municipalidad se dedicó a devastar y rellenar la mitad del
bosque provocando un daño irreparable a la otra mitad, la que quedó en pie y a la cual, en el
colmo del descaro y el cinismo, declaraba simultáneamente como “paisaje protegido”. Luego
cañoneó con comunicados de prensa en ambos sentidos, presentándose como una gestión
comprometida a la vez con el deporte y con el amor a la naturaleza y así aligerar el peso de la
carga que se había echado encima para satisfacer los intereses del C.A.S.I.

Devastar Bosque Alegre para que el C.A.S.I. ampliara sus comodidades en el Bajo de San
Isidro era un proyecto inviable si se actuaba dentro del marco de la ley y la comunidad debe
saber por qué.
El proyecto de instalar un campo deportivo donde había un bosque ribereño debió someterse a
debate en audiencia pública previamente a que la autoridad tome su decisión al respecto. Se

trata de una exigencia que impone la ley para que la comunidad conozca la propuesta, sepa
cuál sería el impacto ambiental previsto y exprese su parecer en base a estimar qué ganaría con
la ejecución del proyecto y qué perdería con él.
En esa instancia se hubiera podido apreciar que el proyecto del C.A.S.I. no permitía realizar
balance alguno de costos y beneficios, sencillamente porque la desaparición física de un
bosque ribereño no venía acompañada de otro beneficio que no fuera la inmensa ventaja que
implicaba para el club anexar esas tierras que la comunidad perdería como lugar de
contemplación, esparcimiento y educación.
Además, inevitablemente el proyecto hubiera sido analizado en contraste con una cultura muy
arraigada en el Partido, donde tradicionalmente se ha exaltado el valor del ambiente natural
que conforman la costa y el río y que la comunidad ha atesorado siempre como parte esencial
del acervo colectivo.
En 1973, con el propósito explícito de asegurar el acceso gratuito y sin limitación alguna de la
población a la costa del Río de la Plata, se creó el “BALNEARIO MUNICIPAL BOSQUE
ALEGRE” en el predio que todos conocemos como La Olla, localizado entre Sáenz Peña y
Los Sauces, El Fomentista y el Río de la Plata. La ordenanza que creó el balneario asignó
presupuesto para su infraestructura y destacó que se trataba de un lugar de sano esparcimiento
para la época estival, utilizado por numerosos grupos familiares que disfrutaban de su
acogedora zona boscosa. El nombre Bosque Alegre, decía la ordenanza, evocaba el recuerdo
de la famosa costa ribereña preferida de varias generaciones de familias en el siglo XIX y
comienzos del siglo XX y estableció que las concesiones precarias de tierras de la ribera a
entidades no podrían afectar esta superficie.
Hoy, una parte de ese predio se cedió al Club Hípico del Norte, otra parte se ha destinado a
depósito de desechos de podas, escombros y otros elementos donde hacia fines del año pasado
se produjo un incendio de importantes proporciones. El resto del predio se encuentra vedado al
acceso del público, presumiblemente por disposición de la autoridad municipal.
En 1983 se creó el “PARQUE MUNICIPAL DE LA RIBERA DE SAN ISIDRO” que abarca
la región costera entre las calles Paraná y Uruguay que forman los límites sur y norte,
respectivamente, del Partido de San Isidro y cuya precisa delimitación puede consultarse en el
plano de zonificación anexo al Código de Ordenamiento Urbano vigente. Interesa señalar que
la ordenanza que creó el Parque no se gestó por la inspiración de una sola persona sino que
recogía las recomendaciones realizadas por una comisión honoraria en la que participaron
personalidades de San Isidro vinculadas tradicionalmente al ambiente natural de la costa.
Esta ordenanza ponía de relieve el valor que representa la belleza natural para todos los
distritos ribereños y para San Isidro en particular, afirmándose que ese atributo constituye el
trazo más relevante de su identidad, el cual habría de conformar la matriz de su desarrollo
urbanístico. En consonancia con ello, se estableció la necesidad de que la costa fuera
revalorizada y protegida “para toda la comunidad” debiendo limitarse las expectativas

contrarias a la concepción de una costa pública y natural de modo que la preserve de aquellos
intereses que pudieran afectar su desarrollo armónico y racional. Se estableció, en tal sentido,
que debería promoverse el esparcimiento dentro del Parque, priorizando la contemplación, las
caminatas, la observación de pájaros y el reconocimiento de la flora y se reservaba para
Bosque Alegre la función de refugio de vida silvestre.
Luego, diversos foros y encuentros testimonian la vocación participativa de nuestra
comunidad en lo que respecta al debate referido al destino de los espacios ribereños. En 1997
se celebró el “Congreso Vecinal San Isidro ¿Qué ribera quiere?”, organizado por la propia
Municipalidad de San Isidro; en 1998 el “Foro Ciudad y Río – Uso Sustentable de la Ribera
Metropolitana” organizado por la Fundación Ciudad; en 2001 el Foro “Uso Sustentable de la
Ribera Metropolitana Norte” organizado por la Fundación Ciudad y en 2005 el encuentro
titulado “San Isidro y el Río. Jornadas de Evaluación y Propuestas” organizadas por la
Asociación San Isidro Sustentable (ASIS) y la Fundación Ciudad.
En todos estos encuentros hubo un compacto pronunciamiento de la comunidad a favor de una
costa pública y natural. Todo esto permite imaginar cuál hubiera sido el abordaje que se
hubiera dado al proyecto del C.A.S.I. si se hubiera realizado la audiencia pública que exige la
ley.

A pesar de todo lo ocurrido, la tala de Bosque Alegre y la represión habían coincidido
cronológicamente con la suspensión del convenio que cedía estas tierras al C.A.S.I., una
medida de relativa efectividad que la autoridad municipal tomaba con el fin de correr al club
del centro de la conflictividad hasta que todo se calmase. Con todo, entre tanta arbitrariedad y
atropello, esto mostraba que al menos se había podido lograr un repliegue de su posición. Pero
meses más tarde, un decreto del Intendente rescindió la parte del acuerdo que vinculaba al
C.A.S.I. con Bosque Alegre, en lo que parecía mostrar una declinación definitiva de las
pretensiones del Club sobre este lugar.
De todos modos, llamaba poderosamente la atención que el C.A.S.I. hubiera aceptado con tal
mansedumbre una medida como ésta que entrañaba una pérdida considerable de algo que
eventualmente hubiera podido reclamar como un derecho adquirido. De manera que sus
movimientos en la retirada de Bosque Alegre se mostraban igualmente sinuosos y oscuros que
cuando había obtenido la cesión del predio, una circunstancia que, sumada a la experiencia
vivida en el curso del conflicto, se corporizó en una actitud de cautela de nuestro lado que el
tiempo demostró justificada y prudente pues, no mucho tiempo después, el C.A.S.I. volvía a
Bosque Alegre.
En efecto, actualmente y durante los fines de semana, el club ocupa la parte talada y rellenada
del bosque para sus prácticas de rugby infantil y en los momentos en que no usa el predio, hay
apostado allí personal de seguridad privada con perros para impedir que cualquiera pueda
ingresar a este lugar.

Una vez más, todo ocurre en medio de un desquicio administrativo como aquél que contribuyó
desde el comienzo del caso a disimular las graves violaciones a la ley que fueron cometidas. A
meses de haber dictado un decreto que le revocó la cesión de tierras, el club reaparece en
escena, como si nada hubiera pasado, sin que se sepa si un nuevo convenio fue firmado ni
razón que explique por qué se lo hizo salir por una puerta y luego reingresar por otra diferente
en el mayor de los silencios.
Además, mientras un cartel de la Municipalidad indica que ese predio es un lugar público (el
anexo 2 del Campo de Deportes N° 6), por su lado, el C.A.S.I. lo anuncia en su página web
como formando parte integrante de las instalaciones del Club. El C.A.S.I. no llama a este lugar
anexo 2 del Campo 6 como claramente indica el cartel oficial de la Municipalidad, sino La
Boya III, una denominación diversa de la oficial y propia de la nomenclatura que utiliza el
club para designar sus propias instalaciones. ¿Quién dice la verdad y quién miente? ¿La
Municipalidad cuando afirma que es un lugar público o el C.A.S.I. cuando dice que es un
lugar privado y que forma parte de sus instalaciones?
La administración pública está obligada a expresar los motivos que la impulsan a dictar cada
uno de sus actos y tiene prohibido invocar motivaciones diferentes de aquellas a las que
realmente sirve. Hacer algo así constituiría un tipo de infracción muy grave y, aunque
desentrañarla exige una investigación y valoración de los hechos, en honor a la transparencia,
es necesario que siempre se evite actuar de manera vacilante o dando marchas y
contramarchas, porque eso constituye un síntoma de que se está cometiendo una falta como
ésta que alimenta la desconfianza y lesiona la fe pública.
Y si esto forma parte del canon de una correcta administración en toda circunstancia, cuánto
más cabría esperar un comportamiento de este tipo en un caso signado por acusaciones de
ilegalidad manifiesta y ostensible, connivencia del poder público con particulares y violencia
institucional.

La tala de Bosque Alegre significó mucho más que un hecho de degradación ambiental.
Constituyó, antes que eso, una ruptura grave de las relaciones básicas de convivencia de
nuestra comunidad por parte de un club que, pudiendo manejar a su voluntad los tendones del
poder público comunal, a punto tal de hacerlo actuar en abierto y franco desafío a la ley, no ha
cesado en sus embates para quedarse con un bien que es de la comunidad y aplicarlo a un uso
que importa necesariamente su destrucción. Cuando se corrió el velo que cubría la ilegalidad
de la cesión de tierras no deshicieron su proyecto ni se plegaron a encauzarlo dentro de la ley
como se reclamaba, sino que redoblaron la apuesta para alcanzar sus propósitos más allá de
todo.
Esta fuga hacia adelante tuvo consecuencias por las que nuestra comunidad debió pagar un
muy alto precio: se produjo un daño irreparable al ecosistema de Bosque Alegre; pende aún la
amenaza de perder un nuevo espacio público a manos de particulares; se violó el derecho de

una comunidad que siempre había mostrado vocación para participar democráticamente en la
definición del uso de los espacios públicos ribereños y se empleó la violencia para sofocar el
reclamo de personas que todo lo que pretendían era que se cumpliera con la ley.
La ASOCIACIÓN RIBERA NORTE (ARN), que había alertado sobre la tala del bosque y que
informó y concientizó a la comunidad sobre el valor ambiental de Bosque Alegre, fue echada
de la RESERVA NATURAL MUNICIPAL RIBERA NORTE cuyo manejo tenían a cargo en
virtud de un convenio firmado con la Municipalidad. Esto ocurrió meses después del día de la
tala y de la represión y al cabo de un proceso en el cual sus miembros fueron sometidos a una
sistemática hostilidad. Ese maltrato y esa ingratitud, desatados como venganza por haber
defendido la verdad y los derechos de una comunidad, fue el único pago que recibieron por
haber servido en la Reserva por varias décadas con desinterés, amor y profesionalismo.
A pesar de haberse obrado todo por la mano de la Municipalidad, estas consecuencias,
verdaderas derrotas de la comunidad, le pertenecen tanto al C.A.S.I. que bien podría éste
colocarlas junto a los trofeos que testimonian sus éxitos deportivos. En las pocas ocasiones en
que abandonaron la protección municipal para alzar la voz por sí mismos no dejaron de
ampararse en sus más de cien años de historia. Con toda seguridad, esa historia centenaria
debe albergar el fruto del esfuerzo honesto de varias generaciones a las que mejor se hubiera
homenajeado permitiéndoles reposar en las vitrinas de la institución que blandiéndolas junto a
tan poco lucido comportamiento. Bajo las actuales circunstancias, merecerían al menos el
silencio como reconocimiento.
¿Cuál es el sitio que el C.A.S.I. aspira a ocupar dentro de nuestra comunidad cuando expresa
su voluntad de reafirmar su pertenencia a este lugar? Se ha mostrado como un vecino desleal y
prepotente, dispuesto a mandar a golpear y ha mostrado tener la capacidad para hacerlo
efectivo.

Las autoridades municipales no pudieron manchar más la imagen institucional del Estado en la
gestión de este caso. Violaron la ley y practicaron la violencia para corregir los efectos de
haber violado la ley, pero aún así, tuvieron y tienen en la mentira a su herramienta más
poderosa. La usaron con prodigalidad en esos días de alta exposición en que acometieron
simultáneamente la represión y la tala del bosque, valiéndose de volantes adheridos al
impuesto municipal, comunicados de prensa reproducidos varias veces por muchos medios
locales que no revisaron críticamente lo que ayudaban a difundir o notas periodísticas de
concertada complacencia con el entrevistado, siempre empleando los recursos que les
proporcionaba hallarse en el ejercicio del poder público y con el objetivo de distorsionar
acontecimientos cuya desmentida puede hacerse por contraste con documentos fehacientes y a
veces con lo que ocurrió o se encuentra a la vista de todos.
La publicidad gráfica que vemos estos días donde un personaje anónimo anuncia: “VOY A
PLANTAR UN ÁRBOL”, ganó la calle a poco de haber recibido la Municipalidad la primera

comunicación en el proceso judicial que llevamos contra ésta misma y contra el C.A.S.I. por el
caso Bosque Alegre (también está demandado el Organismo Provincial de Desarrollo
Sostenible de la Pcia. de Buenos Aires –O.P.D.S.-). Si bien no es posible afirmar que exista
conexión entre uno y otro hecho, la experiencia ha mostrado que poseen aceitados reflejos en
el plano comunicacional para cubrir con imagen o palabras cada una de las defecciones que
cometen en sus responsabilidades públicas, a punto tal que cada una de estas campañas podría
visualizarse como el anuncio de que alguna fechoría ambiental se ha cometido o está pronta a
cometerse.
Algún día tendremos un gobierno municipal más acorde a lo que nuestra comunidad se
merece, pero no es necesario esperar a que eso ocurra para apelar a la responsabilidad de la
sociedad civil, de las personas, de organizaciones y, en particular, de aquellas que se han
beneficiado con la cesión de predios públicos. Todos pueden abrirse a un diálogo franco y
fraterno que propenda a una distribución y un uso equitativo de los espacios públicos, a la
protección de los espacios naturales que son de todos y a la búsqueda de modelos de desarrollo
que surjan, no del arreglo, el engaño, la prepotencia o la violencia, sino del apego a la ley y al
mecanismo democrático participativo que permite alcanzar un entendimiento social capaz de
sintetizar algo que podamos reconocer como común a todo el conjunto social.
Un acontecimiento circunstancial como Bosque Alegre nos puso imprevistamente en este
camino de defensa del interés general en circunstancias en que esa perspectiva fue abandonada
por el gobierno comunal que jugó abiertamente sus piezas para favorecer un interés particular.
Por convicción democrática repudiamos la “privatización” del río y de la costa porque es una
política gestada en una matriz socialmente inequitativa y discriminatoria.
Pero también es necesario saber que una política de este tipo es la resultante final de un
proceso que comienza cercenando el derecho de una comunidad a participar en la gestión del
ambiente y el caso Bosque Alegre lo demuestra cabalmente. La participación social permite
que se fortalezca el interés general y evita que algunos grupos aventajen ilegítimamente a los
demás para obtener privilegios inequitativos, porque esas prácticas instalan la desconfianza,
corroen todo sentido de la solidaridad e inician el camino hacia la fragmentación social y la
confrontación.
El mecanismo participativo permite planificar democráticamente el desarrollo, conciliando
necesidades tan diversas como son la disponibilidad de fuentes de trabajo, la provisión de
servicios esenciales pero también la conservación de las áreas naturales, la cultura y la
identidad social.

Reafirmamos entonces una vez más el valor de la participación social, que junto a la
evaluación de impacto ambiental, la educación e información ambientales así como el
ordenamiento ambiental del territorio, son herramientas por las cuales toda comunidad puede
alcanzar las metas fijadas en la ley en cuanto al uso racional de sus recursos naturales y un
desarrollo equilibrado, con equidad y paz social.

ASAMBLEA BOSQUE ALEGRE
asambleabosquealegre@gmail.com