CARTA ABIERTA ABA A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.pdf


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comunicación en el proceso judicial que llevamos contra ésta misma y contra el C.A.S.I. por el
caso Bosque Alegre (también está demandado el Organismo Provincial de Desarrollo
Sostenible de la Pcia. de Buenos Aires –O.P.D.S.-). Si bien no es posible afirmar que exista
conexión entre uno y otro hecho, la experiencia ha mostrado que poseen aceitados reflejos en
el plano comunicacional para cubrir con imagen o palabras cada una de las defecciones que
cometen en sus responsabilidades públicas, a punto tal que cada una de estas campañas podría
visualizarse como el anuncio de que alguna fechoría ambiental se ha cometido o está pronta a
cometerse.
Algún día tendremos un gobierno municipal más acorde a lo que nuestra comunidad se
merece, pero no es necesario esperar a que eso ocurra para apelar a la responsabilidad de la
sociedad civil, de las personas, de organizaciones y, en particular, de aquellas que se han
beneficiado con la cesión de predios públicos. Todos pueden abrirse a un diálogo franco y
fraterno que propenda a una distribución y un uso equitativo de los espacios públicos, a la
protección de los espacios naturales que son de todos y a la búsqueda de modelos de desarrollo
que surjan, no del arreglo, el engaño, la prepotencia o la violencia, sino del apego a la ley y al
mecanismo democrático participativo que permite alcanzar un entendimiento social capaz de
sintetizar algo que podamos reconocer como común a todo el conjunto social.
Un acontecimiento circunstancial como Bosque Alegre nos puso imprevistamente en este
camino de defensa del interés general en circunstancias en que esa perspectiva fue abandonada
por el gobierno comunal que jugó abiertamente sus piezas para favorecer un interés particular.
Por convicción democrática repudiamos la “privatización” del río y de la costa porque es una
política gestada en una matriz socialmente inequitativa y discriminatoria.
Pero también es necesario saber que una política de este tipo es la resultante final de un
proceso que comienza cercenando el derecho de una comunidad a participar en la gestión del
ambiente y el caso Bosque Alegre lo demuestra cabalmente. La participación social permite
que se fortalezca el interés general y evita que algunos grupos aventajen ilegítimamente a los
demás para obtener privilegios inequitativos, porque esas prácticas instalan la desconfianza,
corroen todo sentido de la solidaridad e inician el camino hacia la fragmentación social y la
confrontación.
El mecanismo participativo permite planificar democráticamente el desarrollo, conciliando
necesidades tan diversas como son la disponibilidad de fuentes de trabajo, la provisión de
servicios esenciales pero también la conservación de las áreas naturales, la cultura y la
identidad social.