CARTA ABIERTA ABA A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.pdf


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Una vez más, todo ocurre en medio de un desquicio administrativo como aquél que contribuyó
desde el comienzo del caso a disimular las graves violaciones a la ley que fueron cometidas. A
meses de haber dictado un decreto que le revocó la cesión de tierras, el club reaparece en
escena, como si nada hubiera pasado, sin que se sepa si un nuevo convenio fue firmado ni
razón que explique por qué se lo hizo salir por una puerta y luego reingresar por otra diferente
en el mayor de los silencios.
Además, mientras un cartel de la Municipalidad indica que ese predio es un lugar público (el
anexo 2 del Campo de Deportes N° 6), por su lado, el C.A.S.I. lo anuncia en su página web
como formando parte integrante de las instalaciones del Club. El C.A.S.I. no llama a este lugar
anexo 2 del Campo 6 como claramente indica el cartel oficial de la Municipalidad, sino La
Boya III, una denominación diversa de la oficial y propia de la nomenclatura que utiliza el
club para designar sus propias instalaciones. ¿Quién dice la verdad y quién miente? ¿La
Municipalidad cuando afirma que es un lugar público o el C.A.S.I. cuando dice que es un
lugar privado y que forma parte de sus instalaciones?
La administración pública está obligada a expresar los motivos que la impulsan a dictar cada
uno de sus actos y tiene prohibido invocar motivaciones diferentes de aquellas a las que
realmente sirve. Hacer algo así constituiría un tipo de infracción muy grave y, aunque
desentrañarla exige una investigación y valoración de los hechos, en honor a la transparencia,
es necesario que siempre se evite actuar de manera vacilante o dando marchas y
contramarchas, porque eso constituye un síntoma de que se está cometiendo una falta como
ésta que alimenta la desconfianza y lesiona la fe pública.
Y si esto forma parte del canon de una correcta administración en toda circunstancia, cuánto
más cabría esperar un comportamiento de este tipo en un caso signado por acusaciones de
ilegalidad manifiesta y ostensible, connivencia del poder público con particulares y violencia
institucional.

La tala de Bosque Alegre significó mucho más que un hecho de degradación ambiental.
Constituyó, antes que eso, una ruptura grave de las relaciones básicas de convivencia de
nuestra comunidad por parte de un club que, pudiendo manejar a su voluntad los tendones del
poder público comunal, a punto tal de hacerlo actuar en abierto y franco desafío a la ley, no ha
cesado en sus embates para quedarse con un bien que es de la comunidad y aplicarlo a un uso
que importa necesariamente su destrucción. Cuando se corrió el velo que cubría la ilegalidad
de la cesión de tierras no deshicieron su proyecto ni se plegaron a encauzarlo dentro de la ley
como se reclamaba, sino que redoblaron la apuesta para alcanzar sus propósitos más allá de
todo.
Esta fuga hacia adelante tuvo consecuencias por las que nuestra comunidad debió pagar un
muy alto precio: se produjo un daño irreparable al ecosistema de Bosque Alegre; pende aún la
amenaza de perder un nuevo espacio público a manos de particulares; se violó el derecho de