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Version vigente de: 15/5/2013

(Disposición Vigente)

Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler
social
Ley 1/2013, de 14 de mayo. RCL 2013\718

Deudores Hipotecarios. Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social
Jefatura del Estado
BOE 15 mayo 2013, núm. 116, [pág. 36373].

PREÁMBULO
La atención a las circunstancias excepcionales que atraviesa nuestro país, motivadas por la crisis económica
y financiera, en las que numerosas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su
vivienda habitual se encuentran en dificultades para hacer frente a sus obligaciones, exige la adopción de
medidas que, en diferentes formas, contribuyan a aliviar la situación de los deudores hipotecarios.
Si bien la tasa de morosidad en nuestro país es baja, hay que tener muy presente el drama social que
supone, para cada una de las personas o familias que se encuentran en dificultades para atender sus pagos, la
posibilidad de que, debido a esta situación, puedan ver incrementarse sus deudas o llegar a perder su vivienda
habitual.
El esfuerzo colectivo que están llevando a cabo los ciudadanos de nuestro país con el fin de superar de
manera conjunta la situación de dificultad que atravesamos, requiere que, del mismo modo y desde todos los
sectores, se continúen adoptando medidas para garantizar que ningún ciudadano es conducido a una situación
de exclusión social.
Con este fin, es necesario profundizar en las líneas que se han ido desarrollando en los últimos tiempos, para
perfeccionar y reforzar el marco de protección a los deudores que, a causa de tales circunstancias
excepcionales, han visto alterada su situación económica o patrimonial y se han encontrado en una situación
merecedora de protección.
A estos efectos se aprueba esta Ley, que consta de cuatro capítulos.
El primero de ellos prevé la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las
familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. Esta medida, con carácter
excepcional y temporal, afectará a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el
cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En
estos casos, la Ley, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impide que se proceda al lanzamiento
que culminaría con el desalojo de las personas.
La suspensión de los lanzamientos afectará a las personas que se encuentren dentro de una situación de
especial vulnerabilidad. En efecto, para que un deudor hipotecario se encuentre en este ámbito de aplicación
será necesario el cumplimiento de dos tipos de requisitos. De un lado, los colectivos sociales que van a poder
acogerse son las familias numerosas, las familias monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un
menor de tres años o algún miembro con discapacidad o dependiente, o en las que el deudor hipotecario se
encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones sociales o, finalmente, las víctimas de
violencia de género.

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Asimismo, en las familias que se acojan a esta suspensión, los ingresos no podrán superar el límite de tres
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Este límite se eleva respecto de unidades familiares
en las que algún miembro sea persona con discapacidad o dependiente o que conviva con personas con
discapacidad o dependientes. Además, es necesario que, en los cuatro años anteriores al momento de la
solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en
términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.
La alteración significativa de sus circunstancias económicas se mide en función de la variación de la carga
hipotecaria sobre la renta sufrida en los últimos cuatros años. Finalmente, la inclusión en el ámbito de aplicación
pasa por el cumplimiento de otros requisitos, entre los que se pueden destacar que la cuota hipotecaria resulte
superior al 50 por ciento de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, o
que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en
propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.
La trascendencia de esta previsión normativa es indudable, pues garantiza que durante este período de
tiempo, los deudores hipotecarios especialmente vulnerables no puedan ser desalojados de sus viviendas, con
la confianza de que, a la finalización de este período, habrán superado la situación de dificultad en que se
puedan encontrar en el momento actual.
Para estos deudores especialmente vulnerables se prevé además que la deuda que no haya podido ser
cubierta con la vivienda habitual no devengue más interés de demora que el resultante de sumar a los intereses
remuneratorios un dos por cien sobre la deuda pendiente.
El Capítulo II introduce mejoras en el mercado hipotecario a través de la modificación de la Ley Hipotecaria,
Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946; la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del
Mercado Hipotecario; y la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo,
de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las
hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.
Especialmente relevante es el hecho de que, para las hipotecas constituidas sobre vivienda habitual, se limitarán
los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito a tres veces el interés legal del dinero.
Además, se prohíbe expresamente la capitalización de estos intereses y se establece que, en caso de que el
resultado de la ejecución fuera insuficiente para cubrir toda la deuda garantizada, dicho resultado se aplicará en
último lugar a los intereses de demora, de tal forma que se permita en la mayor medida posible que el principal
deje de devengar interés. Adicionalmente se fortalece en la Ley Hipotecaria el régimen de venta extrajudicial de
bienes hipotecados. Por otro lado, se refuerza la independencia de las sociedades de tasación respecto de las
entidades de crédito.
En la venta extrajudicial se introduce la posibilidad de que el Notario pueda suspender la misma cuando las
partes acrediten que se ha solicitado al órgano judicial competente, en la forma prevista por el artículo 129 de la
Ley Hipotecaria, que dicte resolución decretando la improcedencia de dicha venta, por existir cláusulas abusivas
en el contrato de préstamo hipotecario, o su continuación sin la aplicación de las cláusulas abusivas. Además,
se faculta expresamente al Notario para que advierta a las partes de que alguna cláusula del contrato puede ser
abusiva. Dichas modificaciones se adoptan como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 14 de marzo de 2013, dictada en el asunto por el que se resuelve la cuestión prejudicial
planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona respecto a la interpretación de la Directiva
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993.
El Capítulo III recoge diferentes modificaciones a la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de garantizar que la
ejecución hipotecaria se realiza de manera que los derechos e intereses del deudor hipotecario sean protegidos
de manera adecuada y, en su conjunto, se agilice y flexibilice el procedimiento de ejecución. En particular, como
medida de gran relevancia, se establece la posibilidad de que si tras la ejecución hipotecaria de una vivienda
habitual aún quedara deuda por pagar, durante el procedimiento de ejecución dineraria posterior se podrá
condonar parte del pago de la deuda remanente, siempre que se cumpla con ciertas obligaciones de pago.
Además, se permite que el deudor participe de la eventual revalorización futura de la vivienda ejecutada. Por
otro lado, se facilita el acceso de postores a las subastas y se rebajan los requisitos que se imponen a los
licitadores, de modo que, por ejemplo, se disminuye el aval necesario para pujar del 20 al 5 por cien del valor de
tasación de los bienes. Asimismo se duplica, en idéntico sentido, el plazo de tiempo para que el rematante de
una subasta consigne el precio de la adjudicación.
Se introducen determinadas mejoras en el procedimiento de subasta, estableciéndose que el valor de
tasación a efectos de la misma no podrá ser inferior al 75 por cien del valor de tasación que sirvió para conceder
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el préstamo. Anteriormente no existía ningún límite para el tipo de subasta. Además, en caso de que la subasta
concluyera sin postor alguno, se incrementan los porcentajes de adjudicación del bien. En concreto, se elevaría
del 60 por cien hasta un máximo del 70 por cien, siempre para los supuestos de vivienda habitual.
Este Capítulo recoge también la modificación del procedimiento ejecutivo a efectos de que, de oficio o a
instancia de parte, el órgano judicial competente pueda apreciar la existencia de cláusulas abusivas en el título
ejecutivo y, como consecuencia, decretar la improcedencia de la ejecución o, en su caso, su continuación sin
aplicación de aquéllas consideradas abusivas. Dicha modificación se adopta como consecuencia de la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013, dictada en el asunto, por la que
se resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona respecto a la
interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993.
Por último, el Capítulo IV modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de
protección de deudores hipotecarios sin recursos, tanto en lo que afecta al ámbito de aplicación, como en lo
relativo a las características de las medidas que pueden ser adoptadas.
Adicionalmente, esta Ley incluye un mandato al Gobierno para que emprenda inmediatamente las medidas
necesarias para impulsar, con el sector financiero, la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a
ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un
préstamo hipotecario. Este fondo debiera movilizar un amplio parque de viviendas, propiedad de las entidades
de crédito, en beneficio de aquellas familias que sólo pueden acceder a una vivienda en caso de que las rentas
se ajusten a la escasez de sus ingresos.

CAPÍTULO I. Suspensión de los lanzamientos
Artículo 1. Suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos
especialmente vulnerables
1. Hasta transcurridos dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, no procederá el lanzamiento cuando
en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona
que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial
vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo.
2. Los supuestos de especial vulnerabilidad a los que se refiere el apartado anterior son:
a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.
c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.
d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento,
situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar
una actividad laboral.
e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las
prestaciones por desempleo.
f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el
titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad,
y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite
acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
g) Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la
legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya su domicilio habitual.
3. Para que sea de aplicación lo previsto en el apartado 1 deberán concurrir, además de los supuestos de
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especial vulnerabilidad previstos en el apartado anterior, las circunstancias económicas siguientes:
a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Dicho límite será de cuatro veces el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples en los supuestos previstos en las letras d) y f) del apartado anterior, y de cinco veces dicho
indicador en el caso de que el ejecutado sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con
discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona
con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento,
así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para
realizar una actividad laboral.
b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración
significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.
c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los
miembros de la unidad familiar.
d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en
propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.
4. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá:
a) Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que
represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5.
b) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho
inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una
relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.

Artículo 2. Acreditación
La concurrencia de las circunstancias a que se refiere esta Ley se acreditará por el deudor en cualquier
momento del procedimiento de ejecución hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento, ante el Juez o el
Notario encargado del procedimiento, mediante la presentación de los siguientes documentos:
a) Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar:
1.º Certificado de rentas y, en su caso, certificado relativo a la presentación del Impuesto de Patrimonio,
expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con relación a los últimos cuatro ejercicios
tributarios.
2.º Últimas tres nóminas percibidas.
3.º Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual
percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
4.º Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de
asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
5.º En caso de trabajador por cuenta propia se aportará el certificado expedido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria o, si estuviera percibiendo la prestación
por cese de actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía mensual
percibida.
b) Número de personas que habitan la vivienda:
1.º Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.
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2.º Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
c) Titularidad de los bienes:
1.º Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno de los
miembros de la unidad familiar.
2.º Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía hipotecaria y otros documentos
justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere.
d) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para
considerarse situado en el ámbito de aplicación de esta Ley.

CAPÍTULO II. Medidas de mejora del mercado hipotecario
Artículo 3. Modificación de la Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero
de 1946
La Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946, queda modificada como sigue:
Uno. Se añade un apartado 3 al artículo 21 que queda redactado del siguiente modo:
«1. Los documentos relativos a contratos o actos que deban inscribirse expresarán, por lo menos, todas las
circunstancias que necesariamente debe contener la inscripción y sean relativas a las personas de los
otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos.
2. Las escrituras públicas relativas a actos o contratos por los que se declaren, constituyan, transmitan,
graven, modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles,
cuando la contraprestación consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, deberán
expresar, además de las circunstancias previstas en el apartado anterior, la identificación de los medios de pago
empleados por las partes, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley del Notariado, de 28 de mayo de
1862.
3. En las escrituras de préstamo hipotecario sobre vivienda deberá constar el carácter, habitual o no, que
pretenda atribuirse a la vivienda que se hipoteque. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que en el momento
de la ejecución judicial del inmueble es vivienda habitual si así se hiciera constar en la escritura de constitución.»
Dos. Se añade un tercer párrafo al artículo 114 que queda redactado del siguiente modo:
«Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con
hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero
y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. Dichos intereses de demora no podrán ser
capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.»
Tres. Se modifica el artículo 129, que queda redactado del siguiente modo:
«1. La acción hipotecaria podrá ejercitarse:
a) Directamente contra los bienes hipotecados sujetando su ejercicio a lo dispuesto en el Título IV del Libro III
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades que se establecen en su
Capítulo V.
b) O mediante la venta extrajudicial del bien hipotecado, conforme al artículo 1.858 del Código Civil, siempre
que se hubiera pactado en la escritura de constitución de la hipoteca sólo para el caso de falta de pago del
capital o de los intereses de la cantidad garantizada.
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2. La venta extrajudicial se realizará ante Notario y se ajustará a los requisitos y formalidades siguientes:
a) El valor en que los interesados tasen la finca para que sirva de tipo en la subasta no podrá ser distinto del
que, en su caso, se haya fijado para el procedimiento de ejecución judicial directa, ni podrá en ningún caso ser
inferior al 75 por cien del valor señalado en la tasación realizada conforme a lo previsto en la Ley 2/1981, de 25
de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.
b) La estipulación en virtud de la cual los otorgantes pacten la sujeción al procedimiento de venta extrajudicial
de la hipoteca deberá constar separadamente de las restantes estipulaciones de la escritura y deberá señalar
expresamente el carácter, habitual o no, que pretenda atribuirse a la vivienda que se hipoteque. Se presumirá,
salvo prueba en contrario, que en el momento de la venta extrajudicial el inmueble es vivienda habitual si así se
hubiera hecho constar en la escritura de constitución.
c) La venta extrajudicial sólo podrá aplicarse a las hipotecas constituidas en garantía de obligaciones cuya
cuantía aparezca inicialmente determinada, de sus intereses ordinarios y de demora liquidados de conformidad
con lo previsto en el título y con las limitaciones señaladas en el artículo 114.
En el caso de que la cantidad prestada esté inicialmente determinada pero el contrato de préstamo
garantizado prevea el reembolso progresivo del capital, a la solicitud de venta extrajudicial deberá acompañarse
un documento en el que consten las amortizaciones realizadas y sus fechas, y el documento fehaciente que
acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las partes en la escritura de constitución de
hipoteca.
En cualquier caso en que se hubieran pactado intereses variables, a la solicitud de venta extrajudicial, se
deberá acompañar el documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactada
por las partes en la escritura de constitución de hipoteca.
d) La venta se realizará mediante una sola subasta, de carácter electrónico, que tendrá lugar en el portal de
subastas que a tal efecto dispondrá la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Los tipos en la subasta y sus
condiciones serán, en todo caso, los determinados por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
e) En el Reglamento Hipotecario se determinará la forma y personas a las que deban realizarse las
notificaciones, el procedimiento de subasta, las cantidades a consignar para tomar parte en la misma, causas de
suspensión, la adjudicación y sus efectos sobre los titulares de derechos o cargas posteriores así como las
personas que hayan de otorgar la escritura de venta y sus formas de representación.
f) Cuando el Notario considerase que alguna de las cláusulas del préstamo hipotecario que constituya el
fundamento de la venta extrajudicial o que hubiese determinado la cantidad exigible pudiera tener carácter
abusivo, lo pondrá en conocimiento de deudor, acreedor y en su caso, avalista e hipotecante no deudor, a los
efectos oportunos.
En todo caso, el Notario suspenderá la venta extrajudicial cuando cualquiera de las partes acredite haber
planteado ante el Juez que sea competente, conforme a lo establecido en el artículo 684 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, el carácter abusivo de dichas cláusulas contractuales.
La cuestión sobre dicho carácter abusivo se sustanciará por los trámites y con los efectos previstos para la
causa de oposición regulada en el apartado 4 del artículo 695.1 de Ley de Enjuiciamiento Civil.
Una vez sustanciada la cuestión, y siempre que no se trate de una cláusula abusiva que constituya el
fundamento de la ejecución, el Notario podrá proseguir la venta extrajudicial a requerimiento del acreedor.
g) Una vez concluido el procedimiento, el Notario expedirá certificación acreditativa del precio del remate y de
la deuda pendiente por todos los conceptos, con distinción de la correspondiente a principal, a intereses
remuneratorios, a intereses de demora y a costas, todo ello con aplicación de las reglas de imputación
contenidas en el artículo 654.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cualquier controversia sobre las cantidades
pendientes determinadas por el Notario será dilucidada por las partes en juicio verbal.
h) La Ley de Enjuiciamiento Civil tendrá carácter supletorio en todo aquello que no se regule en la Ley y en el
Reglamento Hipotecario, y en todo caso será de aplicación lo dispuesto en el artículo 579.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.»

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Artículo 4. Modificación de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado
Hipotecario
Uno. El artículo tercero queda redactado del siguiente modo:
«1. Las sociedades de tasación y los servicios de tasación de las entidades de crédito estarán sometidas a los
requisitos de homologación previa, independencia y secreto que se establezcan reglamentariamente.
2. Las sociedades de tasación cuyos ingresos totales deriven, en el período temporal que reglamentariamente
se establezca, al menos en un 10 por cien de su relación de negocio con una entidad de crédito o con el
conjunto de entidades de crédito de un mismo grupo, deberán, siempre que alguna de esas entidades de crédito
haya emitido y tenga en circulación títulos hipotecarios, disponer de mecanismos adecuados para favorecer la
independencia de la actividad de tasación y evitar conflictos de interés, especialmente con los directivos o las
unidades de la entidad de crédito que, sin competencias específicas en el análisis o la gestión de riesgos, estén
relacionados con la concesión o comercialización de créditos o préstamos hipotecarios.
Esos mecanismos consistirán al menos en un reglamento interno de conducta que establezca las
incompatibilidades de sus directivos y administradores y los demás aspectos que resulten más adecuados para
la entidad, atendiendo a su tamaño, tipo de negocio, y demás características. El Banco de España verificará
dichos mecanismos y podrá establecer los requisitos mínimos que deban cumplir con carácter general y requerir
a las entidades, de manera razonada, para que adopte las medidas adicionales que resulten necesarias para
preservar su independencia profesional.
La obligación de disponer de esos mecanismos afectará también a los servicios de tasación de las entidades
de crédito. Igualmente afectará a aquellas sociedades de tasación en las que ejerzan una influencia significativa,
accionistas con intereses específicos en la promoción o comercialización de inmuebles, o en actividades que, a
juicio del Banco de España, sean de análoga naturaleza.
3. Las entidades de crédito que hayan emitido y tengan en circulación títulos hipotecarios y cuenten con
servicios propios de tasación deberán constituir una comisión técnica que verificará el cumplimiento de los
requisitos de independencia mencionados en el apartado anterior. Dicha comisión elaborará un informe anual,
que deberá remitir al consejo de administración u órgano equivalente de la entidad, sobre el grado de
cumplimiento de las citadas exigencias. El referido informe anual deberá ser remitido igualmente al Banco de
España.
4. Las sociedades de tasación deberán someterse a auditoría de cuentas, ajustando el ejercicio económico al
año natural. La revisión y verificación de sus documentos contables se realizará de acuerdo con lo previsto en
las normas reguladoras de la auditoría de cuentas.»
Dos. Se modifica el apartado 2.a).1.ª del artículo tercero bis, que queda redactado como sigue:
«1.ª El incumplimiento, durante un período superior a tres meses, del requisito del capital social mínimo
exigible para ejercer la actividad de tasación en la legislación del mercado hipotecario, así como, durante igual
período, la ausencia, o la cobertura por importe inferior al exigible, del aseguramiento de la responsabilidad civil
establecido en esa misma normativa.»
Tres. La letra a) del artículo tercero bis.4 queda redactada del siguiente modo:
«a) El Banco de España incoará obligatoriamente un procedimiento sancionador cuando exista una
comunicación razonada de otro organismo o autoridad administrativa en la que se ponga de manifiesto que la
prestación irregular de los servicios de tasación ha tenido repercusiones en su campo de actuación
administrativa. Asimismo, el Consejo de Consumidores y Usuarios podrá solicitar al Banco de España la
incoación de un procedimiento sancionador cuando, a su juicio, se ponga de manifiesto la prestación irregular de
los servicios de tasación.»
Cuatro. El artículo tercero bis I) queda redactado del siguiente modo:
«Las entidades de crédito, incluso aquellas que dispongan de servicios propios de tasación, estarán obligadas
a aceptar cualquier tasación de un bien aportada por el cliente, siempre que, sea certificada por un tasador
homologado de conformidad con lo previsto en la presente Ley y no esté caducada según lo dispuesto
legalmente, y ello, sin perjuicio de que la entidad de crédito pueda realizar las comprobaciones que estime
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pertinentes, de las que en ningún caso podrá repercutir su coste al cliente que aporte la certificación. El
incumplimiento de esta obligación se entenderá en todo caso como infracción grave o muy grave de la entidad
de crédito en los términos de los artículos 5.d) o 4.e), respectivamente, de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, respectivamente.»
Cinco. Los apartados 1 y 2 del artículo tercero ter quedan redactados como sigue:
«1. Toda persona física o jurídica que pretenda adquirir, directa o indirectamente, una participación
significativa en una sociedad de tasación deberá informar previamente de ello al Banco de España. Asimismo,
se deberá comunicar al Banco de España, en cuanto tengan conocimiento de ello, las adquisiciones o cesiones
de participaciones en su capital que traspasen el nivel señalado en el apartado 2 de este artículo. Queda
prohibida la adquisición o mantenimiento por parte de las entidades de crédito, de forma directa o indirecta, de
una participación significativa en una sociedad de tasación. Idéntica prohibición de adquisición o mantenimiento
de participaciones significativas en una sociedad de tasación se extenderá a todas aquellas personas físicas o
jurídicas relacionadas con la comercialización, propiedad, explotación o financiación de bienes tasados por la
misma.
2. A los efectos de esta Ley se entenderá por participación significativa en una sociedad de tasación aquélla
que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 10 por cien del capital o de los derechos de voto de la
sociedad.
También tendrá la consideración de participación significativa aquélla que, sin llegar al porcentaje señalado,
permita ejercer una influencia notable en la sociedad.»
Seis. El segundo párrafo del artículo quinto queda redactado del siguiente modo.
«El préstamo o crédito garantizado con esta hipoteca no podrá exceder del 60 por ciento del valor de tasación
del bien hipotecado. Cuando se financie la construcción, rehabilitación o adquisición de viviendas, el préstamo o
crédito podrá alcanzar el 80 por ciento del valor de tasación, sin perjuicio de las excepciones que prevé esta
Ley. El plazo de amortización del préstamo o crédito garantizado, cuando financie la adquisición, construcción o
rehabilitación de la vivienda habitual, no podrá exceder de treinta años.»
Siete. Se suprime el tercer párrafo del artículo quinto.

Artículo 5. Modificación de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley
2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema
hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y
por la que se establece determinada norma tributaria
La letra a) del apartado 1 de la disposición adicional primera queda redactada de la siguiente manera:
«a) que el solicitante y los beneficiarios que éste pueda designar sean personas de edad igual o superior a los
65 años o afectadas de dependencia o personas a las que se les haya reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por ciento.»

Artículo 6. Fortalecimiento de la protección del deudor hipotecario en la comercialización de
los préstamos hipotecarios
1. En la contratación de préstamos hipotecarios a los que se refiere el apartado siguiente se exigirá que la
escritura pública incluya, junto a la firma del cliente, una expresión manuscrita, en los términos que determine el
Banco de España, por la que el prestatario manifieste que ha sido adecuadamente advertido de los posibles
riesgos derivados del contrato.
2. Los contratos que requerirán la citada expresión manuscrita serán aquellos que se suscriban con un
prestatario, persona física, en los que la hipoteca recaiga sobre una vivienda o cuya finalidad sea adquirir o
conservar derechos de propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por construir, en los que concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
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a) que se estipulen limitaciones a la variabilidad del tipo de interés, del tipo de las cláusulas suelo y techo, en
los cuales el límite de variabilidad a la baja sea inferior al límite de variabilidad al alza;
b) que lleven asociada la contratación de un instrumento de cobertura del riesgo de tipo de interés, o bien;
c) que se concedan en una o varias divisas.

CAPÍTULO III. Mejoras en el procedimiento de ejecución hipotecaria
Artículo 7. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada como sigue:
Uno. Se añade un párrafo al apartado 1 del artículo 552 que queda redactado del siguiente modo:
«Cuando el tribunal apreciare que alguna de las cláusulas incluidas en un título ejecutivo de los citados en el
artículo 557.1 pueda ser calificada como abusiva, dará audiencia por cinco días a las partes. Oídas éstas,
acordará lo procedente en el plazo de los cinco días siguientes, conforme a lo previsto en el artículo 561.1.3.ª»
Dos. Se añade una causa 7.ª al apartado 1 del artículo 557 que queda redactado del siguiente modo:
«7.ª Que el título contenga cláusulas abusivas.»
Tres. Se añade un punto 3.ª al apartado 1 del artículo 561, que queda redactado del siguiente modo:
«3.ª Cuando se apreciase el carácter abusivo de una o varias cláusulas, el auto que se dicte determinará las
consecuencias de tal carácter, decretando bien la improcedencia de la ejecución, bien despachando la misma
sin aplicación de aquéllas consideradas abusivas.»
Cuatro. Se añade un apartado 1 bis al artículo 575 que queda redactado del siguiente modo:
«1 bis. En todo caso, en el supuesto de ejecución de vivienda habitual las costas exigibles al deudor
ejecutado no podrán superar el 5 por cien de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva.»
Cinco. El artículo 579 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 579. Ejecución dineraria en casos de bienes especialmente hipotecados o pignorados.
1. Cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra bienes hipotecados o pignorados en garantía de una
deuda dineraria se estará a lo dispuesto en el capítulo V de este Título. Si, subastados los bienes hipotecados o
pignorados, su producto fuera insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el despacho de la
ejecución por la cantidad que falte, y contra quienes proceda, y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas
ordinarias aplicables a toda ejecución.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, en el supuesto de adjudicación de la vivienda habitual
hipotecada, si el remate aprobado fuera insuficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del
ejecutante, la ejecución, que no se suspenderá, por la cantidad que reste, se ajustará a las siguientes
especialidades:
a) El ejecutado quedará liberado si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de cinco años desde la
fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 65 por cien de la cantidad total que entonces
quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago.
Quedará liberado en los mismos términos si, no pudiendo satisfacer el 65 por cien dentro del plazo de cinco
años, satisficiera el 80 por cien dentro de los diez años. De no concurrir las anteriores circunstancias, podrá el
acreedor reclamar la totalidad de lo que se le deba según las estipulaciones contractuales y normas que resulten
de aplicación.

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b) En el supuesto de que se hubiera aprobado el remate o la adjudicación en favor del ejecutante o de aquél a
quien le hubiera cedido su derecho y éstos, o cualquier sociedad de su grupo, dentro del plazo de 10 años
desde la aprobación, procedieran a la enajenación de la vivienda, la deuda remanente que corresponda pagar al
ejecutado en el momento de la enajenación se verá reducida en un 50 por cien de la plusvalía obtenida en tal
venta, para cuyo cálculo se deducirán todos los costes que debidamente acredite el ejecutante.
Si en los plazos antes señalados se produce una ejecución dineraria que exceda del importe por el que el
deudor podría quedar liberado según las reglas anteriores, se pondrá a su disposición el remanente. El
Secretario judicial encargado de la ejecución hará constar estas circunstancias en el decreto de adjudicación y
ordenará practicar el correspondiente asiento de inscripción en el Registro de la Propiedad en relación con lo
previsto en la letra b) anterior.»
Seis. El artículo 647.1 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 647. Requisitos para pujar. Ejecutante licitador.
1. Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.º Identificarse de forma suficiente.
2.º Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta.
3.º Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones o de que han
prestado aval bancario por el 5 por ciento del valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice el
depósito con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652.»
Siete. El artículo 654 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 654. Pago al ejecutante, destino del remanente, imputación de pagos y certificación de deuda
pendiente en caso de insuficiencia de la ejecución.
1. El precio del remate se entregará al ejecutante a cuenta de la cantidad por la que se hubiere despachado
ejecución y, si sobrepasare dicha cantidad, se retendrá el remanente a disposición del tribunal, hasta que se
efectúe la liquidación de lo que, finalmente, se deba al ejecutante y del importe de las costas de la ejecución.
2. Se entregará al ejecutado el remanente que pudiere existir una vez finalizada la realización forzosa de los
bienes, satisfecho plenamente el ejecutante y pagadas las costas.
3. En el caso de que la ejecución resultase insuficiente para saldar toda la cantidad por la que se hubiera
despachado ejecución más los intereses y costas devengados durante la ejecución, dicha cantidad se imputará
por el siguiente orden: intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas. Además el tribunal
expedirá certificación acreditativa del precio del remate, y de la deuda pendiente por todos los conceptos, con
distinción de la correspondiente a principal, a intereses remuneratorios, a intereses de demora y a costas.»
Ocho. El artículo 668 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 668. Contenido del anuncio de la subasta.
La subasta se anunciará con arreglo a lo previsto en el artículo 646, expresándose en los edictos la
identificación de la finca, que se efectuará en forma concisa e incluyendo los datos registrales y la referencia
catastral si la tuviera, la situación posesoria si le consta al juzgado, la valoración inicial para la subasta,
determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 666 y los extremos siguientes:
1. Que la certificación registral y, en su caso, la titulación sobre el inmueble o inmuebles que se subastan está
de manifiesto en la Oficina judicial sede del órgano de la ejecución.
2. Que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o que no existan títulos.
3. Que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y que,
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por el sólo hecho de participar en la subasta, el
licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.
Asimismo la subasta se anunciará en el portal de subastas judiciales y electrónicas existentes y dependiente
del Ministerio de Justicia. En la publicación del anuncio se hará expresa mención al portal y a la posibilidad de
consulta más detallada de los datos.»
Nueve. El apartado 1 del artículo 670 queda redactado del siguiente modo:
«1. Si la mejor postura fuera igual o superior al 70 por ciento del valor por el que el bien hubiere salido a
subasta, el Secretario judicial responsable de la ejecución, mediante decreto, el mismo día o el día siguiente,
aprobará el remate en favor del mejor postor. En el plazo de cuarenta días, el rematante habrá de consignar en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate.»
Diez. El artículo 671 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 671. Subasta sin ningún postor.
Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el plazo de veinte días, pedir la
adjudicación del bien. Si no se tratare de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación
por el 50 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos
los conceptos. Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 por
cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos
es inferior a ese porcentaje, por el 60 por cien. Se aplicará en todo caso la regla de imputación de pagos
contenida en el artículo 654.3.
Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esa facultad, el Secretario judicial procederá
al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado.»
Once. El artículo 682 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 682. Ámbito del presente capítulo.
1. Las normas del presente Capítulo sólo serán aplicables cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra
bienes pignorados o hipotecados en garantía de la deuda por la que se proceda.
2. Cuando se persigan bienes hipotecados, las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán siempre que,
además de lo dispuesto en el apartado anterior, se cumplan los requisitos siguientes:
1.º Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la
finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior, en ningún caso, al 75 por
cien del valor señalado en la tasación realizada conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 25 de marzo,
de Regulación del Mercado Hipotecario.
2.º Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para la práctica de los requerimientos
y de las notificaciones.
En la hipoteca sobre establecimientos mercantiles se tendrá necesariamente por domicilio el local en que
estuviere instalado el establecimiento que se hipoteca.
3. El Registrador hará constar en la inscripción de la hipoteca las circunstancias a que se refiere el apartado
anterior.»
Doce. Se modifica el artículo 691.2, que pasa tener la siguiente redacción:
«2. La subasta se anunciará, al menos, con veinte días de antelación. El señalamiento del lugar, día y hora
para el remate se notificará al deudor, con la

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misma antelación, en el domicilio que conste en el Registro o, en su caso, en la forma en que se haya
practicado el requerimiento conforme a lo previsto en el artículo 686 de esta Ley. Durante dicho plazo cualquier
interesado en la subasta podrá solicitar del tribunal inspeccionar el inmueble o inmuebles hipotecados, quien lo
comunicará a quien estuviere en la posesión, solicitando su consentimiento. Cuando el poseedor consienta la
inspección del inmueble y colabore adecuadamente ante los requerimientos del tribunal para facilitar el mejor
desarrollo de la subasta del bien hipotecado, podrá solicitar al tribunal una reducción de la deuda hipotecaria de
hasta un 2 por cien del valor por el que el bien hubiera sido adjudicado. El tribunal, atendidas las circunstancias,
y previa audiencia del ejecutante por plazo no superior a cinco días, decidirá lo que proceda dentro del máximo
deducible.»
Trece. El artículo 693 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 693. Reclamación limitada a parte del capital o de los intereses cuyo pago deba hacerse en plazos
diferentes. Vencimiento anticipado de deudas a plazos.
1. Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable al caso en que deje de pagarse una parte del capital del
crédito o los intereses, cuyo pago deba hacerse en plazos, si vencieren al menos tres plazos mensuales sin
cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su
obligación por un plazo al menos equivalente a tres meses. Así se hará constar por el Notario en la escritura de
constitución. Si para el pago de alguno de los plazos del capital o de los intereses fuere necesario enajenar el
bien hipotecado, y aún quedaren por vencer otros plazos de la obligación, se verificará la venta y se transferirá
la finca al comprador con la hipoteca correspondiente a la parte del crédito que no estuviere satisfecha.
2. Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el
vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su
obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un
plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este convenio constase en la escritura de constitución.
3. En el caso a que se refiere el apartado anterior, el acreedor podrá solicitar que, sin perjuicio de que la
ejecución se despache por la totalidad de la deuda, se comunique al deudor que, hasta el día señalado para la
celebración de la subasta, podrá liberar el bien mediante la consignación de la cantidad exacta que por principal
e intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada, en su caso, con los
vencimientos del préstamo y los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento y
resulten impagados en todo o en parte. A estos efectos, el acreedor podrá solicitar que se proceda conforme a
lo previsto en el apartado 2 del artículo 578.
Si el bien hipotecado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá, aun sin el consentimiento del acreedor,
liberar el bien mediante la consignación de las cantidades expresadas en el párrafo anterior.
Liberado un bien por primera vez, podrá liberarse en segunda o ulteriores ocasiones siempre que, al menos,
medien tres años entre la fecha de la liberación y la del requerimiento de pago judicial o extrajudicial efectuada
por el acreedor.
Si el deudor efectuase el pago en las condiciones previstas en los apartados anteriores, se tasarán las costas,
que se calcularán sobre la cuantía de las cuotas atrasadas abonadas, con el límite previsto en el artículo 575.1
bis y, una vez satisfechas éstas, el Secretario judicial dictará decreto liberando el bien y declarando terminado el
procedimiento. Lo mismo se acordará cuando el pago lo realice un tercero con el consentimiento del
ejecutante.»
Catorce. El artículo 695 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 695. Oposición a la ejecución.
1. En los procedimientos a que se refiere este Capítulo sólo se admitirá la oposición del ejecutado cuando se
funde en las siguientes causas:
1.ª Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, siempre que se presente certificación del Registro
expresiva de la cancelación de la hipoteca o, en su caso, de la prenda sin desplazamiento, o escritura pública de
carta de pago o de cancelación de la garantía.
2.ª Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el
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cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. El ejecutado deberá acompañar su ejemplar de la libreta en la
que consten los asientos de la cuenta y sólo se admitirá la oposición cuando el saldo que arroje dicha libreta sea
distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante.
No será necesario acompañar libreta cuando el procedimiento se refiera al saldo resultante del cierre de
cuentas corrientes u operaciones similares derivadas de contratos mercantiles otorgados por entidades de
crédito, ahorro o financiación en los que se hubiere convenido que la cantidad exigible en caso de ejecución
será la especificada en certificación expedida por la entidad acreedora, pero el ejecutado deberá expresar con la
debida precisión los puntos en que discrepe de la liquidación efectuada por la entidad.
3.ª En caso de ejecución de bienes muebles hipotecados o sobre los que se haya constituido prenda sin
desplazamiento, la sujeción de dichos bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria o embargo
inscritos con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento, lo que habrá de acreditarse mediante la
correspondiente certificación registral.
4.ª El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que
hubiese determinado la cantidad exigible.
2. Formulada la oposición a la que se refiere el apartado anterior, el Secretario judicial suspenderá la
ejecución y convocará a las partes a una comparecencia ante el Tribunal que hubiera dictado la orden general
de ejecución, debiendo mediar cuatro días desde la citación, comparecencia en la que el Tribunal oirá a las
partes, admitirá los documentos que se presenten y acordará en forma de auto lo que estime procedente dentro
del segundo día.
3. El auto que estime la oposición basada en las causas 1.ª y 3.ª del apartado 1 de este artículo mandará
sobreseer la ejecución; el que estime la oposición basada en la causa 2.ª fijará la cantidad por la que haya de
seguirse la ejecución.
De estimarse la causa 4.ª, se acordará el sobreseimiento de la ejecución cuando la cláusula contractual
fundamente la ejecución. En otro caso, se continuará la ejecución con la inaplicación de la cláusula abusiva.
4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá
interponerse recurso de apelación.
Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles
de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten.»

CAPÍTULO IV. Modificación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes
de protección de deudores hipotecarios sin recursos
Artículo 8. Modificación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de
protección de deudores hipotecarios sin recursos
El Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin
recursos, queda modificado como sigue:
Uno. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:
«Las medidas previstas en este Real Decreto-ley se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito
garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre situado en el umbral de exclusión y que estén
vigentes a la fecha de su entrada en vigor, con excepción de las contenidas en los artículos 12 y 13, que serán
de aplicación general.
Las medidas previstas en este Real Decreto-ley se aplicarán igualmente a los avalistas hipotecarios respecto
de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.»
Dos. El artículo 3 queda redactado del siguiente modo:
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«1. Se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o préstamo
garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando concurran en ellos todas las circunstancias
siguientes:
a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. A estos efectos se entenderá por unidad familiar la compuesta
por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de
su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento
familiar.
El límite previsto en el párrafo anterior será de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
en caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por
ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para
realizar una actividad laboral, o de cinco veces dicho indicador, en el caso de que un deudor hipotecario sea
persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de
discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un
grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave
que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.
b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración
significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o hayan
sobrevenido en dicho período circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.
A estos efectos se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias
económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado
por al menos 1,5; salvo que la entidad acredite que la carga hipotecaria en el momento de la concesión del
préstamo era igual o superior a la carga hipotecaria en el momento de la solicitud de la aplicación del Código de
Buenas Prácticas.
Asimismo, se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad:
1.º La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
2.º La unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.
3.º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por
ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente, de forma acreditada,
para realizar una actividad laboral.
4.º La unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.
c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los
miembros de la unidad familiar. Dicho porcentaje será del 40 por cien cuando alguno de dichos miembros sea
una
persona en la que concurren las circunstancias previstas en el segundo párrafo del apartado a).
A efectos de las letras a) y b) anteriores, se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o
superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas
que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o
inutilidad.
2. Para la aplicación de las medidas complementarias y sustitutivas de la ejecución hipotecaria a que se
refieren los apartados 2 y 3 del Anexo, será además preciso que se cumplan los siguientes requisitos.
a) Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de cualesquiera otros bienes o derechos
patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.
b) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en
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propiedad del deudor o deudores y concedido para la adquisición de la misma.
c) Que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías, reales o personales o, en el caso de
existir estas últimas, que carezca de otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente
a la deuda.
d) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar, deberán estar incluidos en
las circunstancias a), b) y c) anteriores.
3. La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 se acreditará por el deudor ante la
entidad acreedora mediante la presentación de los siguientes documentos:
a) Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar:
1.º Certificado de rentas, y en su caso, certificado relativo a la presentación del Impuesto de Patrimonio,
expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, en su caso, con relación a los últimos cuatro ejercicios tributarios.
2.º Últimas tres nóminas percibidas.
3.º Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual
percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
4.º Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de
asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
5.º En caso de trabajador por cuenta propia, si estuviera percibiendo la prestación por cese de actividad, el
certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía mensual percibida.
b) Número de personas que habitan la vivienda:
1.º Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.
2.º Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
3.º Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad
laboral.
c) Titularidad de los bienes:
1.º Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno de los
miembros de la unidad familiar.
2.º Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía hipotecaria y otros documentos
justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere.
d) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para
considerarse situados en el umbral de exclusión según el modelo aprobado por la comisión constituida para el
seguimiento del cumplimiento del Código de Buenas Prácticas.»
Tres. Se introduce un nuevo artículo 3 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 3 bis. Fiadores e hipotecantes no deudores.
Los fiadores e hipotecantes no deudores que se encuentren en el umbral de exclusión podrán exigir que la
entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin perjuicio de la aplicación a éste, en su caso, de las medidas
previstas en el Código de Buenas Prácticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el
contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de exclusión.»
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Cuatro. El artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
«1. En todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca inmobiliaria en los que el deudor
se encuentre situado en el umbral de exclusión, el interés moratorio aplicable desde el momento en que el
deudor solicite a la entidad la aplicación de cualquiera de las medidas del código de buenas prácticas y acredite
ante la entidad que se encuentra en dicha circunstancia, será, como máximo, el resultante de sumar a los
intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 2 por cien sobre el capital pendiente del préstamo.
2. Esta moderación de intereses no será aplicable a deudores o contratos distintos de los regulados en el
presente Real Decreto-ley.»
Cinco. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«1. El Código de Buenas Prácticas incluido en el Anexo será de adhesión voluntaria por parte de las
entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de
préstamos o créditos hipotecarios.
2. La aplicación del Código de Buenas Prácticas se extenderá a las hipotecas constituidas en garantía de
préstamos o créditos concedidos para la compraventa de viviendas cuyo precio de adquisición no hubiese
excedido de los siguientes valores:
a) para municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 250.000 euros para viviendas habitadas por una o dos
personas, ampliándose dicho valor en 50.000 euros adicionales por cada persona a cargo, hasta un máximo de
tres;
b) para municipios de entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes o los integrados en áreas metropolitanas de
municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 225.000 euros para viviendas habitadas por una o dos personas,
ampliándose dicho valor en 45.000 euros adicionales por cada persona a cargo, hasta un máximo de tres;
c) para municipios de entre 100.001 y 500.000 habitantes: 187.500 euros para viviendas habitadas por una o
dos personas, ampliándose dicho valor en 37.500 euros adicionales por cada persona a cargo, hasta un máximo
de tres;
d) para municipios de hasta 100.000 habitantes: 150.000 euros para viviendas habitadas por una o dos
personas, ampliándose dicho valor en 30.000 euros adicionales por cada persona a cargo, hasta un máximo de
tres.
A efectos de lo anterior se tendrán en cuenta las últimas cifras de población resultantes de la revisión del
Padrón Municipal. Asimismo se entenderán por personas a cargo, los descendientes y ascendientes y los
vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar que habiten en la misma vivienda y que
dependan económicamente del deudor por percibir rentas inferiores al salario mínimo interprofesional.
No obstante, solo podrán acogerse a las medidas previstas en el apartado 3 del Código las hipotecas
constituidas en garantía de préstamos o créditos concedidos para la compraventa de viviendas cuyo precio de
adquisición no hubiese excedido de los siguientes valores:
a) para municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 200.000 euros;
b) para municipios de entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes o los integrados en áreas metropolitanas de
municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 180.000 euros;
c) para municipios de entre 100.001 y 500.000 habitantes: 150.000 euros;
d) para municipios de hasta 100.000 habitantes: 120.000 euros.
3. Las entidades comunicarán su adhesión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. En los
primeros diez días de los meses de enero, abril, julio y octubre, el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a
la Empresa, mediante resolución, ordenará la publicación del listado de entidades adheridas en la sede
electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado.

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4. Desde la adhesión de la entidad de crédito, y una vez que se produzca la acreditación por parte del deudor
de que se encuentra situado dentro del umbral de exclusión, serán de obligada aplicación las previsiones del
Código de Buenas Prácticas. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá compeler a la otra a la
formalización en escritura pública de la novación del contrato resultante de la aplicación de las previsiones
contenidas en el Código de Buenas Prácticas. Los costes de dicha formalización correrán a cargo de la parte
que la solicite.
5. La novación del contrato tendrá los efectos previstos en el artículo 4.3 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo,
sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, con respecto a los préstamos y créditos novados.
6. La adhesión de la entidad se entenderá producida por un plazo de dos años, prorrogable automáticamente
por períodos anuales, salvo denuncia expresa de la entidad adherida, notificada a la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera con una antelación mínima de tres meses.
7. El contenido del Código de Buenas Prácticas resultará de aplicación exclusiva a las entidades adheridas,
deudores y contratos a los que se refiere este Real Decreto-ley. No procederá, por tanto, la extensión de su
aplicación, con carácter normativo o interpretativo, a ningún otro ámbito.
8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades adheridas podrán con carácter
puramente potestativo aplicar las previsiones del Código de Buenas Prácticas a deudores distintos de los
comprendidos en el artículo 3 y podrán, en todo caso, en la aplicación del Código, mejorar las previsiones
contenidas en el mismo.
9. Las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas habrán de informar adecuadamente a sus clientes
sobre la posibilidad de acogerse a lo dispuesto en el Código. Esta información habrá de facilitarse
especialmente en su red comercial de oficinas. En particular, las entidades adheridas deberán comunicar por
escrito la existencia de este Código, con una descripción concreta de su contenido, y la posibilidad de acogerse
a él para aquellos clientes que hayan incumplido el pago de alguna cuota hipotecaria o manifiesten, de cualquier
manera, dificultades en el pago de su deuda hipotecaria.»
Seis. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
«1. El cumplimiento del Código de Buenas Prácticas por parte de las entidades adheridas será supervisado
por una comisión de control constituida al efecto.
2. La comisión de control estará integrada por once miembros:
a) Uno nombrado por el Ministerio de Economía y Competitividad con al menos rango de Director General,
que presidirá la comisión y tendrá voto de calidad.
b) Uno designado por el Banco de España, que actuará como Secretario.
c) Uno designado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
d) Un juez designado por el Consejo General del Poder Judicial.
e) Un Secretario Judicial designado por el Ministerio de Justicia.
f) Un Notario designado por el Consejo General del Notariado.
g) Uno designado por el Instituto Nacional de Estadística.
h) Uno designado por la Asociación Hipotecaria Española.
i) Uno designado por el Consejo de Consumidores y Usuarios.
j) Dos designados por las asociaciones no gubernamentales que determinará el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, que realicen labores de acogida.

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La comisión de control determinará sus normas de funcionamiento y se reunirá cada vez que sea convocada
por su Presidente, por propia iniciativa o a instancia de cuatro de sus miembros. Estará, asimismo, facultada
para establecer su propio régimen de convocatorias.
3. Para la válida constitución de la comisión a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y
adopción de decisiones, será necesaria la asistencia de, al menos, cinco de sus miembros, siempre que entre
ellos figure el Presidente. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría de sus miembros.
4. La comisión de control recibirá y evaluará la información que, en relación con los apartados 5 y 6, le
traslade el Banco de España y publicará semestralmente un informe en el que evalúe el grado de cumplimiento
del Código de Buenas Prácticas. Este informe deberá remitirse a la Comisión de Economía y Competitividad del
Congreso de los Diputados.
Asimismo, corresponderá a esta comisión la elaboración del modelo normalizado de declaración responsable
a que se refiere la letra d) del artículo 3.3.
5. Las entidades adheridas remitirán al Banco de España, con carácter mensual, la información que les
requiera la comisión de control. Esta información incluirá, en todo caso:
a) El número, volumen y características de las operaciones solicitadas, ejecutadas y denegadas en aplicación
del Código de Buenas Prácticas, con el desglose que se considere adecuado para valorar el funcionamiento del
Código.
b) Información relativa a los procedimientos de ejecución hipotecaria sobre viviendas de personas físicas.
c) Información relativa a las prácticas que lleven a cabo las entidades en relación con el tratamiento de la
deuda hipotecaria vinculada a la vivienda de las personas físicas.
d) Las reclamaciones tramitadas conforme a lo previsto en el apartado siguiente.
La Comisión de Control podrá igualmente requerir a las entidades adheridas cualquier otra información que
considere apropiada en relación con la protección de deudores hipotecarios.
6. Podrán formularse ante el Banco de España las reclamaciones derivadas del presunto incumplimiento por
las entidades de crédito del Código de Buenas Prácticas, las cuales recibirán el mismo tratamiento que las
demás reclamaciones cuya tramitación y resolución corresponde al citado Banco de España.
7. La Comisión podrá analizar y elevar al Gobierno propuestas relativas a la protección de los deudores
hipotecarios.»
Siete. Se introduce un nuevo Capítulo VI con la siguiente redacción:
«CAPÍTULO VI
Régimen sancionador
Artículo 15. Régimen sancionador.
Lo previsto en los apartados 4 y 9 del artículo 5, y en el artículo 6.5 tendrá la condición de normativa de
ordenación y disciplina, conforme a lo previsto en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención
de las Entidades de Crédito, y el incumplimiento de las obligaciones que derivan de los mismos se considerará
infracción grave, que se sancionará de acuerdo con lo establecido en dicha Ley.»
Ocho. El Anexo queda redactado del siguiente modo:
«ANEXO
Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria
sobre la vivienda habitual
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1. Medidas previas a la ejecución hipotecaria: reestructuración de deudas hipotecarias.
a) Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de
marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, podrán solicitar y obtener de
la entidad acreedora la reestructuración de su deuda hipotecaria al objeto de alcanzar la viabilidad a medio y
largo plazo de la misma. Junto a la solicitud de reestructuración, acompañarán la documentación prevista en el
artículo 3.3 del citado Real Decreto-ley.
No podrán formular tal solicitud aquellos deudores que se encuentren en un procedimiento de ejecución, una
vez se haya producido el anuncio de la subasta.
b) En el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud anterior junto con la documentación a que se
refiere la letra anterior, la entidad deberá notificar y ofrecer al deudor un plan de reestructuración en el que se
concreten la ejecución y las consecuencias financieras para el deudor de la aplicación conjunta de las medidas
contenidas en esta letra. Sin perjuicio de lo anterior, el deudor podrá presentar en todo momento a la entidad
una propuesta de plan de reestructuración, que deberá ser analizada por la entidad, quien, en caso de rechazo,
deberá comunicar al deudor los motivos en que se fundamente.
i. Carencia en la amortización de capital de cinco años. El capital correspondiente a las cuotas de ese período
podrá o bien pasarse a una cuota final al término del préstamo o bien prorratearse en las cuotas restantes, o
realizarse una combinación de ambos sistemas.
ii. Ampliación del plazo de amortización hasta un total de 40 años a contar desde la concesión del préstamo.
iii. Reducción del tipo de interés aplicable a Euribor + 0,25 por cien durante el plazo de carencia.
Adicionalmente, las entidades podrán reunificar el conjunto de las deudas contraídas por el deudor.
No conllevará costes por compensación la amortización anticipada del crédito o préstamo hipotecario
solicitada durante los diez años posteriores a la aprobación del plan de reestructuración.
c) En el plan de reestructuración la entidad advertirá, en su caso, del carácter inviable del plan conforme al
criterio previsto en el apartado siguiente o que, de
resultar dicho plan inviable, se podrán solicitar las medidas complementarias previstas en el siguiente
apartado.
2. Medidas complementarias.
a) Los deudores para los que el plan de reestructuración previsto en el apartado anterior resulte inviable dada
su situación económico financiera, podrán solicitar una quita en el capital pendiente de amortización en los
términos previstos en este apartado, que la entidad tendrá facultad para aceptar o rechazar en el plazo de un
mes a contar desde la acreditación de la inviabilidad del plan de reestructuración.
A estos efectos, se entenderá por plan de reestructuración inviable aquel que establezca una cuota
hipotecaria mensual superior al 50 por cien de los ingresos que perciban conjuntamente todos los miembros de
la unidad familiar.
b) Al objeto de determinar la quita, la entidad empleará alguno de los siguientes métodos de cálculo y
notificará, en todo caso, los resultados obtenidos al deudor, con independencia de que la primera decida o no
conceder dicha quita:
i. Reducción en un 25 por cien.
ii. Reducción equivalente a la diferencia entre capital amortizado y el que guarde con el total del capital
prestado la misma proporción que el número de cuotas satisfechas por el deudor sobre el total de las debidas.
iii. Reducción equivalente a la mitad de la diferencia existente entre el valor actual de la vivienda y el valor que
resulte de sustraer al valor inicial de tasación dos veces la diferencia con el préstamo concedido, siempre que el
primero resulte inferior al segundo.
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Documento

c) Esta medida también podrá ser solicitada por aquellos deudores que se encuentren en un procedimiento de
ejecución hipotecaria en el que ya se haya producido el anuncio de la subasta. Asimismo podrá serlo por
aquellos deudores que, estando incluidos en el umbral de exclusión al que se refiere el Real Decreto-ley 6/2012,
de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, no han podido optar a
la dación en pago por presentar la vivienda cargas posteriores a la hipoteca.
3. Medidas sustitutivas de la ejecución hipotecaria: dación en pago de la vivienda habitual.
a) En el plazo de doce meses desde la solicitud de la reestructuración, los deudores comprendidos en el
ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de
protección de deudores hipotecarios sin recursos, para los que la reestructuración y las medidas
complementarias, en su caso, no resulten viables conforme a lo establecido en el apartado 2, podrán solicitar la
dación en pago de su vivienda habitual en los términos previstos en este apartado. En estos casos la entidad
estará obligada a aceptar la entrega del bien hipotecado por parte del deudor, a la propia entidad o tercero que
ésta designe, quedando definitivamente cancelada la deuda.
b) La dación en pago supondrá la cancelación total de la deuda garantizada con hipoteca y de las
responsabilidades personales del deudor y de terceros frente a la entidad por razón de la misma deuda.
c) El deudor, si así lo solicitara en el momento de pedir la dación en pago, podrá permanecer durante un plazo
de dos años en la vivienda en concepto de arrendatario, satisfaciendo una renta anual del 3 por cien del importe
total de la deuda en el momento de la dación. Durante dicho plazo el impago de la renta devengará un interés
de demora del 10 por cien.
d) Las entidades podrán pactar con los deudores la cesión de una parte de la plusvalía generada por la
enajenación de la vivienda, en contraprestación por la colaboración que éste pueda prestar en dicha
transmisión.
e) Esta medida no será aplicable en los supuestos que se encuentren en procedimiento de ejecución en los
que ya se haya anunciado la subasta, o en los que la vivienda esté gravada con cargas posteriores.
4. Publicidad del Código de Buenas Prácticas.
Las entidades garantizarán la máxima difusión del contenido del Código de Buenas Prácticas, en particular,
entre sus clientes.»

Disposición Adicional primera. Fondo social de viviendas
Se encomienda al Gobierno que promueva con el sector financiero la constitución de un fondo social de
viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan
sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario. Este fondo social de
viviendas tendrá por objetivo facilitar el acceso a estas personas a contratos de arrendamiento con rentas
asumibles en función de los ingresos que perciban.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley se podrá valorar la ampliación del ámbito de
cobertura del fondo social de viviendas a personas que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad social
distintas a las previstas en el artículo 1 de esta Ley. Antes de dicho período, únicamente podrán efectuarse
adjudicaciones a dichas personas cuando las circunstancias excepcionales del caso lo justificasen y así se
pusiese de manifiesto.

Disposición Adicional segunda. Informe del Banco de España sobre la independencia de las
sociedades de tasación
En el plazo de tres meses desde la aprobación de esta Ley, el Banco de España remitirá al Gobierno un
informe en el que se analicen las posibles medidas a impulsar para, en aras de garantizar la estabilidad
financiera y el correcto funcionamiento del mercado hipotecario, se fortalezca la independencia en el ejercicio de
la actividad de las sociedades de tasación y la calidad de sus valoraciones de bienes inmuebles.

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Disposición Adicional tercera. Publicación por el Banco de España de la Guía de Acceso al
Préstamo Hipotecario
En el plazo de dos meses desde la aprobación de esta Ley, el Banco de España publicará la «Guía de Acceso
al Préstamo Hipotecario» a la que se refiere el artículo 20 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de
transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Disposición Adicional cuarta. Exención de devolución de ayudas y beneficios fiscales
A los beneficiarios de ayudas estatales para la adquisición de viviendas acogidas a financiación estatal
protegida, no se les exigirá la autorización administrativa ni el reintegro a la Administración General del Estado
de las ayudas recibidas ni de las exenciones o bonificaciones tributarias otorgadas cuando la vivienda protegida
sea objeto de dación en pago al acreedor o a cualquier sociedad de su grupo o de transmisión mediante
procedimiento de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial.
Tampoco se exigirá a los adquirentes de viviendas acogidas a financiación estatal de protección oficial la
devolución de las ayudas otorgadas siempre que, como consecuencia de reestructuraciones o quitas de deudas
hipotecarias realizadas al amparo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de
protección a deudores hipotecarios sin recursos, se modifiquen las condiciones de los préstamos regulados en
los distintos planes estatales de vivienda aun cuando éstos se conviertan en préstamos libres.
Las previsiones contenidas en esta Disposición adicional no implicaran la modificación del régimen jurídico de
calificación de la vivienda ni el resto de condiciones aplicables a la misma.

Disposición Transitoria primera. Procedimientos en curso
Esta Ley será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se
hubieran iniciado a la entrada en vigor de la misma, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento.

Disposición Transitoria segunda. Intereses de demora de hipotecas constituidas sobre
vivienda habitual
La limitación de los intereses de demora de hipotecas constituidas sobre vivienda habitual prevista en el
artículo 3 apartado Dos será de aplicación a las hipotecas constituidas con posterioridad a la entrada en vigor de
esta Ley.
Asimismo, dicha limitación será de aplicación a los intereses de demora previstos en los préstamos con
garantía de hipoteca sobre vivienda habitual, constituidos antes de la entrada en vigor de la Ley, que se
devenguen con posterioridad a la misma, así como a los que habiéndose devengado en dicha fecha no hubieran
sido satisfechos.
En los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de
esta Ley, y en los que se haya fijado ya la cantidad por la que se solicita que se despache ejecución o la venta
extrajudicial, el Secretario judicial o el Notario dará al ejecutante un plazo de 10 días para que recalcule aquella
cantidad conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.»

Disposición Transitoria tercera. Régimen de participaciones significativas en una sociedad de
tasación
Las entidades de crédito, así como las personas físicas o jurídicas relacionadas con la comercialización,
propiedad, explotación o financiación de bienes tasados por aquellas, deberán reducir sus participaciones en las
sociedades de tasación en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3 ter de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
regulación del Mercado Hipotecario, en el plazo máximo de 1 año desde la entrada en vigor de esta Ley.

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Disposición Transitoria cuarta. Régimen transitorio en los procesos de ejecución
1. La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, introducidas por la presente Ley
serán de aplicación a los procesos de ejecución iniciados a su entrada en vigor, únicamente respecto a aquellas
actuaciones ejecutivas pendientes de realizar.
2. En todo caso, en los procedimientos ejecutivos en curso a la entrada en vigor de esta Ley en los que haya
transcurrido el período de oposición de diez días previsto en el artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
las partes ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular un incidente extraordinario de
oposición basado en la existencia de las nuevas causas de oposición previstas en el apartado 7.ª del artículo
557.1 y 4.ª del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El plazo preclusivo de un mes se computará desde el día siguiente a la entrada en vigor de esta Ley y la
formulación de las partes del incidente de oposición tendrá como efecto la suspensión del curso del proceso
hasta la resolución del incidente, conforme a lo previsto en los artículos 558 y siguientes y 695 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Esta Disposición transitoria se aplicará a todo procedimiento ejecutivo que no haya culminado con la puesta
en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
3. Asimismo, en los procedimientos ejecutivos en curso en los que, a la entrada en vigor de esta Ley, ya se
haya iniciado el período de oposición de diez días previsto en el artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
las partes ejecutadas dispondrán del mismo plazo preclusivo de un mes previsto en el apartado anterior para
formular oposición basada en la existencia de cualesquiera causas de oposición previstas en los artículos 557 y
695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. La publicidad de la presente Disposición tendrá el carácter de comunicación plena y válida a los efectos de
notificación y cómputo de los plazos previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo, no siendo necesario en
ningún caso dictar resolución expresa al efecto.
5. Lo dispuesto en el artículo 579.2 de la Ley Enjuiciamiento Civil será de aplicación a las adjudicaciones de
vivienda habitual realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, siempre que a esa fecha no se
hubiere satisfecho completamente la deuda y que no hayan transcurrido los plazos a los que se refieren las
letras a) y b) del citado artículo. En estos casos, los plazos anteriores que vencieran a lo largo de 2013 se
prolongarán hasta el 1 de enero de 2014.
La aplicación de lo previsto en este apartado no supondrá en ningún caso la obligación del ejecutante de
devolver las cuantías ya percibidas del ejecutado.

Disposición Transitoria quinta. Venta extrajudicial
Lo previsto en el artículo 3 apartado Tres se aplicará a las ventas extrajudiciales que se inicien con
posterioridad a la entrada en vigor de la esta Ley, cualquier que fuese la fecha en que se hubiera otorgado la
escritura de constitución de hipoteca.
En las ventas extrajudiciales iniciadas antes de la entrada en vigor de la presente Ley y en las que no se haya
producido la adjudicación del bien hipotecado, el Notario acordará su suspensión cuando, en el plazo preclusivo
de un mes desde el día siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, cualquiera de las partes acredite haber
planteado ante el Juez competente, conforme a lo previsto por el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, el carácter
abusivo de alguna cláusula del contrato de préstamo hipotecario que constituya el fundamento de la venta
extrajudicial o que determine la cantidad exigible.

Disposición Transitoria sexta. Constitución de la Comisión de Control del Código de Buenas
Prácticas
La Comisión de Control del Código de Buenas Prácticas habrá de constituirse y celebrar su primera reunión,
con la composición prevista en el apartado 6 del artículo 8, en el plazo máximo de un mes a partir de la entrada
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en vigor de esta Ley.

Disposición Transitoria séptima. Aplicación del Código de Buenas Prácticas
Los procedimientos de aplicación del Código de Buenas Prácticas iniciados y no finalizados antes de la
entrada en vigor de esta Ley, se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo,
incorporando las adaptaciones necesarias para ajustarse a los cambios que introduce esta Ley en el Código, a
partir de que la entidad comunique su adhesión.
La aplicación de las modificaciones de este Código en ningún caso implicará un empeoramiento de la
situación para el deudor, en relación con la protección que hubiera recibido de acuerdo con la antigua redacción
del Código.

Disposición Transitoria octava. Adhesión al Código de Buenas Prácticas
Las entidades comunicarán su adhesión a las modificaciones introducidas en el Código de Buenas Prácticas
por esta Ley a la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera. En los primeros diez días de los meses de
enero, abril, julio y octubre, el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, mediante resolución,
ordenará la publicación del listado de las entidades adheridas a dichas modificaciones en la sede electrónica de
la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el Boletín Oficial del Estado.
Las entidades que se hubieran adherido al Código de Buenas Prácticas aprobado por el Real Decreto Ley
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y no se
adhieran a las modificaciones introducidas en el mismo por esta Ley seguirán obligadas en los términos de dicho
Real Decreto Ley, en su versión originaria.

Disposición Transitoria novena. Límite de emisión de cédulas hipotecarias
Los préstamos y créditos hipotecarios con plazo de amortización superior a 30 años formalizados por las
entidades con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley y que cumpliesen el resto de requisitos contenidos
en la Sección II de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario, seguirán
perteneciendo, hasta su completa amortización, a la cartera de préstamos y créditos elegibles a efectos del
cálculo del límite de emisión de cédulas hipotecarias contenido en el artículo 16 de dicha Ley.

Disposición Transitoria décima. Aplicaciones de las exenciones de devolución de ayudas y
beneficios fiscales relativos a Viviendas de Protección Oficial
Lo previsto en la disposición adicional cuarta será de aplicación tanto a los procedimientos iniciados a la
entrada en vigor de esta Ley como a aquellos otros que, habiéndose iniciado antes de dicha fecha, no hayan
finalizado.

Disposición Final primera. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de
noviembre
Se añade una Disposición adicional séptima en los términos siguientes:
«Disposición adicional séptima. Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de procedimiento de
ejecución sobre la vivienda habitual.
Durante el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, excepcionalmente, los
partícipes de los planes de pensiones podrán hacer efectivos sus derechos consolidados en el supuesto de
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procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual del partícipe. Reglamentariamente podrán regularse las
condiciones y términos en que podrán hacerse efectivos los derechos consolidados en dicho supuesto,
debiendo concurrir al menos los siguientes requisitos:
a) Que el partícipe se halle incurso en un procedimiento de ejecución forzosa judicial, administrativa o venta
extrajudicial para el cumplimiento de obligaciones, en el que se haya acordado proceder a la enajenación de su
vivienda habitual.
b) Que el participe no disponga de otros bienes, derechos o rentas en cuantía suficiente para satisfacer la
totalidad de la deuda objeto de la ejecución y evitar la enajenación de la vivienda.
c) Que el importe neto de sus derechos consolidados en el plan o planes de pensiones sea suficiente para
evitar la enajenación de la vivienda.
El reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, en un pago único en la
cuantía necesaria para evitar la enajenación de la vivienda, sujetándose al régimen fiscal establecido para las
prestaciones de los planes de pensiones. El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de siete días
hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente.
El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, podrá ampliar el plazo previsto en esta
Disposición para solicitar el cobro de los planes de pensiones en caso de procedimiento de ejecución sobre la
vivienda habitual o establecer nuevos períodos a tal efecto, teniendo en cuenta las necesidades de renta
disponible ante la situación de endeudamiento derivada de las circunstancias de la economía.
Lo dispuesto en esta Disposición será igualmente aplicable a los asegurados de los planes de previsión
asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social a que se refiere el artículo
51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en general a
los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones en los que se haya transmitido a los
asegurados la titularidad de los derechos derivados de las primas pagadas por la empresa así como respecto a
los derechos correspondientes a primas pagadas por aquellos.»

Disposición Final segunda. Modificación del Texto Refundido de la Ley de ordenación y
supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29
de octubre
Se modifica el apartado 3 del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los
seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en los siguientes términos:
«3. En los seguros de vida en que el tomador asume el riesgo de la inversión se informará de forma clara y
precisa acerca de que el importe que se va a percibir depende de fluctuaciones en los mercados financieros,
ajenos al control del asegurador y cuyos resultados históricos no son indicadores de resultados futuros.
En aquéllas modalidades de seguro de vida en las que el tomador no asuma el riesgo de la inversión se
informará de la rentabilidad esperada de la operación, considerando todos los costes. Las modalidades a las
que resulta aplicable así como la metodología de cálculo de la rentabilidad esperada se determinarán
reglamentariamente.»

Disposición Final tercera. Títulos competenciales
Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en las reglas 6.ª, 8.ª, 11.ª, 13.ª y 14.ª del artículo 149.1 de la
Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre legislación mercantil y procesal,
legislación civil, bases de la ordenación del crédito, banca y seguros, bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica y hacienda general y Deuda del Estado, respectivamente.

Disposición Final cuarta. Entrada en vigor

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Esta Ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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