CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS

CEAPA ANTE LA ANUNCIADA LEY ORGÁNICA
DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (LOMCE)

Inscrito en el registro del Ministerio del Interior nº 400 – N.I.F. G-28/848505 – Declarada de Utilidad Pública

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL GOBIERNO. ADELGAZAMIENTO DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN Y REGRESIÓN SOCIAL.
El 20 de junio, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en una sesión de control al Gobierno en el
Congreso de los Diputados, anunció la próxima presentación de lo que llamó “ley de mejora de la
calidad de la educación” (LOMCE). Pocas semanas después haría público un documento de propuestas
para la elaboración de esta ley educativa, que supuestamente discutiría con la comunidad educativa.
El anuncio de la redacción de esa ley se contradice con lo que manifestaron tanto el presidente del
Gobierno, en su discurso de investidura, como el ministro de Educación, en su primera comparecencia
parlamentaria: reformas educativas, pero sin modificar la vigente Ley Orgánica de Educación (LOE),
aprobada en 2006. Incluso el programa electoral del PP para las elecciones generales no incluía la
redacción de una nueva ley de educación, conscientes, en un principio, del hartazgo de la ciudadanía
hacia los continuos cambios normativos. Sin embargo, esto ha sido incumplido.
El propio Rajoy, en su discurso de investidura, afirmó que “no podemos permitirnos el lujo de
replantear el modelo de nuestra educación al compás de cada cambio de gobierno”. Este cambio de
postura reside en que el Partido Popular quiere aprovechar la mayoría absoluta de la que dispone el
Gobierno en el Parlamento para imponer su modelo educativo, un modelo basado en la LOCE, la ley
educativa del gobierno Aznar que contó con la oposición de todos los grupos parlamentarios (excepto
el PP, que obviamente la apoyó, y Coalición Canaria que se abstuvo), y de las organizaciones de la
comunidad educativa más representativas.
CEAPA acoge muy negativamente la intención de derogar la LOE y aprobar una nueva ley. Creemos
que hay que dotar de estabilidad normativa al sistema educativo, porque los centros educativos no
pueden perder tiempo y energías en la sustitución y aplicación de nuevas normas y reglamentos,
habiendo asuntos mucho más urgentes. La sociedad no puede embarcarse, una vez más, en la
elaboración de una nueva ley de educación.
Además, creemos que antes de hacer cualquier tipo de modificación legal de amplio calado, ya sea
una ley, un decreto o una orden, el Gobierno debería trabajar en un pacto social de la comunidad
educativa, al que posteriormente se incorporaran la inmensa mayoría de fuerzas políticas del arco
parlamentario, desde el absoluto respeto a dicho pacto social y trasladándolo a la normativa y a
actuaciones concretas en los centros educativos.
Con la LOMCE el Gobierno quiere extender a todo el estado un modelo educativo que algunas
comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han estado desarrollando durante estos
años. En su momento, CEAPA ya advirtió de que la vigente LOE es un texto de doble filo, que permite
gobernar a administraciones educativas de distinto signo político, desarrollando políticas educativas
diferentes.
La experiencia de estos seis años de vigencia de la LOE nos ha demostrado que algunas CC.AA. han
desarrollado una normativa dirigida a potenciar el espíritu de la LOE e intentar así lograr el éxito
educativo, formativo y personal de todo el alumnado, mientras otras CC.AA., siguiendo el modelo de
la LOCE, llegaban a contradecir su filosofía con un modelo basado en la búsqueda del éxito de sólo
una parte del alumnado y del mantenimiento de las desigualdades de origen.
Pero, a pesar de que la LOE ya deja mucho margen a las administraciones educativas para desarrollar
políticas educativas conservadoras, este Gobierno quiere dar una “vuelta de tuerca”, con el objetivo
de recortar el derecho a la educación y que éste no pueda ser esgrimido por los ciudadanos ante las
Administraciones Públicas o los tribunales, en su caso. El objetivo de la LOMCE es “acompañar” los
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drásticos recortes presupuestarios que el Gobierno está impulsando con un recorte de derechos que
necesariamente requiere estar plasmado en la ley.
Así, la nueva ley podrá suprimir toda referencia o quitar importancia a programas y medidas de apoyo
para atender a la diversidad de alumnos, la actual ratio de alumnos por profesor, la cobertura de las
bajas docentes, el derecho a una educación común hasta los 16 años, el derecho a una educación
infantil 0-6 con carácter plenamente educativo, el objetivo de una escolarización cada vez más
universal y gratuita en Bachillerato y ciclos formativos, la incorporación de distintos perfiles
profesionales, los requisitos mínimos de los centros educativos, y un largo etcétera. Es decir, la nueva
ley supondría un adelgazamiento del derecho a la educación, un punto y final en la concepción de
la educación pública como instrumento de ascenso social y del que se benefician sobre todo las clases
medias y bajas, una regresión sin precedentes en nuestro país, y que podría tener efectos
devastadores en las generaciones que ahora mismo están escolarizadas o comenzarán en breve a
escolarizarse. Además tendría consecuencias depresivas para el conjunto de la sociedad. CEAPA no
puede sino oponerse con todas sus energías hacia estos recortes y hacia una ley que quiere
institucionalizarlos.
Sin embargo asistiremos a una manipulación del lenguaje que comienza en el propio nombre de la ley
(con la denominación de “Ley de Mejora de la Calidad de la Educación”… ¿quién podría oponerse a una
ley así?) y que continuará con el marketing político para cada una de las medidas “estrella” que
incluya esta ley.
CEAPA no acepta que la negociación sobre una nueva ley de educación parta de análisis sesgados
del sistema educativo. No compartimos los análisis catastrofistas de los sectores más
conservadores de la sociedad, de los que bebe este Gobierno, sobre el rendimiento académico del
alumnado y la convivencia escolar.
Queremos recordar que según el informe de la OCDE “Panorama de la Educación 2011”, el 70% de
los jóvenes entre 25 y 34 años ha completado la educación postobligatoria (bachillerato y FP
de grado medio), un porcentaje que además se ha ido incrementando en los últimos años, lo que
demuestra que nuestro país ha avanzado mucho en las últimas décadas, si tenemos en cuenta que
hace treinta años sólo el 28% había finalizado estos estudios. En pocos años nuestro país ha
evolucionado a mayor velocidad que otros y además logrando también una mayor equidad. Eso sí, no
todas las comunidades autónomas han evolucionado de igual forma (algunas autonomías se han
acercado más rápidamente a los niveles de los países europeos más avanzados, y otros no), lo que
demuestra una carencia en las políticas educativas desde el ámbito estatal para garantizar cierta
cohesión entre territorios e igualdad de oportunidades entre todos los niños y niñas,
independientemente de la comunidad autónoma donde residan.
Desde una concepción progresista, CEAPA, que aboga por una escuela que compense las
desigualdades de origen, tampoco puede aceptar las cifras de fracaso escolar, aunque éstas se hayan
reducido, porque detrás de ellas hay niños, niñas y jóvenes que, por lo general, pertenecen a entornos
socioeconómicos desfavorecidos y alumnado con necesidades especiales de atención educativa. Si
creemos en la justicia social, en una sociedad más equitativa, no podemos estar conformes con la
existencia de bolsas de población con fracaso escolar; ello a pesar de que hay que valorar que en los
últimos años se haya producido una mejora, como consecuencia indirecta del regreso a las aulas de
jóvenes que antes se empleaban en la construcción y en industrias auxiliares, y de mayores
inversiones en diferentes programas realizadas años atrás, que sin embargo ahora se han reducido o
suprimido, poniendo en peligro la mejora de los datos de fracaso y abandono escolar.
Pero el documento de propuestas del Ministerio hace un diagnóstico del sistema educativo
demasiado somero como para que, a partir del mismo, se pueda elaborar una nueva ley de
educación. Resulta aterrador observar que con tan pocos argumentos que puedan fundamentarse en
la investigación educativa, a la que por otra parte se dedican en España muchos profesionales y
departamentos universitarios, pueda cambiarse de arriba abajo el sistema educativo y el futuro de
tantos niños, niñas y jóvenes.

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CEAPA siempre ha defendido que antes de hacer reformas legislativas de calado, que afectan a un
asunto tan sensible como la educación y el futuro de millones de niños, niñas y jóvenes, se realice un
diagnóstico pormenorizado del sistema educativo (con los profesionales indicados), y con la
participación de todos los sectores implicados, fundamentalmente de los padres y madres,
profesorado y estudiantes.
Pero el análisis parcial que hace el Gobierno del sistema educativo no es inocuo, sino que responde a
un modelo ideológico conservador, que no cree en la igualdad de oportunidades de todos los niños
y niñas ni en la educación como instrumento de ascenso social de las clases más desfavorecidas, y
para el cual la atención a la diversidad es cuanto menos una frivolidad. Ese modelo aboga por la
superación de la crisis de la mano de la eliminación de lo público y recortes en educación. Desde este
enfoque es prácticamente imposible la reducción de las tasas de fracaso escolar a las que dice querer
combatir el ministro Wert.
El diagnostico es débil y claramente ideologizado. Y las medidas que el Gobierno propone para atajar
el fracaso escolar también son recetas del pasado, y que se han demostrado inútiles por la
experiencia y la investigación educativa: adelanto de la separación del alumnado a los 14 años,
reválidas al finalizar cada etapa, repetición de curso, reforzamiento de la autoridad del profesorado,
etc.
A pesar de que CEAPA se opone a la redacción de una nueva ley de educación, por los motivos arriba
expuestos, queremos dar a conocer nuestras propuestas, toda vez el Ministerio de Educación ha
asegurado su intención de promoverla y aprobarla antes de fin de año.

PROPUESTAS PARA UNA LEY DE EDUCACIÓN
1. El papel prioritario de la escuela pública y la subsidiariedad de la privada-concertada
dentro del sistema educativo, pues la pública garantiza la igualdad de oportunidades de todos
los niños y niñas. Las políticas que las administraciones educativas desarrollen deben tener como
objetivo prioritario la escuela pública.
2. Gestión democrática de los centros educativos y del sistema educativo en su conjunto.


Los consejos escolares tendrán funciones reales de control y gestión de los centros
sostenidos con fondos públicos, tal y como establece el artículo 27.7 de la Constitución.



La ley fijará la paridad de madres-padres, profesorado y alumnado en el Consejo
Escolar, de manera que cada uno de estos tres sectores tenga la misma representación



La ley señalará la obligación que tienen las administraciones educativas de fomentar los
cauces de participación de los padres y madres del alumnado y, en especial, su derecho de
asociación, con mención expresa al movimiento asociativo de APAS.



La ley reseñará la obligación de las administraciones de promover la formación de las madres
y los padres para que puedan ejercer su participación y puedan intervenir en el proceso de
toma de decisiones para el control y gestión de los centros.

3. La atención a la diversidad como principio básico del sistema educativo. Así, la ley
reconocerá el derecho de todo alumno a recibir una educación lo más individualizada posible,
ajustada a sus circunstancias personales y sociales, para que pueda así tener el mejor desarrollo
posible en el ámbito personal, social y laboral.
4. Una educación común para todo el alumnado hasta los 16 años, para garantizar una
educación básica para todos los niños y niñas, independientemente del nivel socioeconómico y
cultural de su familia y de sus características personales. Señalará que la escuela debe compensar
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esas desigualdades de origen, pues el entorno social y familiar del alumnado incide en los
resultados educativos.

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5. La ley desarrollará el mandato constitucional de gratuidad de la enseñanza obligatoria, y
garantizará su estricto cumplimiento para lograr la universalidad de la misma. La norma impedirá
el cobro de cuotas encubiertas, pago de libros y materiales escolares, y garantizará la existencia
de una cobertura amplia de becas.
6. La laicidad de la enseñanza. Las enseñanzas de religión se impartirán fuera del horario lectivo,
se eliminará de los impresos de matrícula la obligación de los padres de declarar la propia religión
o creencia, y se garantizará la libertad de conciencia de los menores. Las materias alternativas
dejarán de existir, al pasar a ser una actividad extraescolar voluntaria. No obstante, el escenario
adecuado para recibir adoctrinamiento religioso no es un centro escolar, sino las instalaciones
religiosas existentes. En la escuela debe estar presente lo que nos une y no lo que nos separa o
enfrenta.
7. El carácter educativo de la educación infantil de 0 a 6 años, en una etapa única,
reconociendo su importancia decisiva en el desarrollo integral de las personas, a nivel cognitivo,
intelectual y emocional. La ley fijará la necesidad de la misma para, entre otras cuestiones de
gran importancia, detectar problemas y disfunciones que impiden posteriormente a muchos niños
y niñas alcanzar el éxito escolar, y que se pueden evitar con una atención temprana y con apoyos
pedagógicos. Regulará igualmente la obligación de las administraciones educativas de contratar a
los profesionales debidamente cualificados para ello. También señalará el carácter gratuito de esta
etapa.
8. En Primaria, la ley marcará el objetivo de que el alumnado reciba una educación integral
tendente a la adquisición de competencias básicas, con un currículum único y no fragmentado en
áreas independientes y sin conexión. También fijará un límite en cuanto al número de profesores
por grupo, obligará a que la enseñanza no pivote exclusivamente sobre el libro de texto y
garantizará la posibilidad de organizar el aula en grupos flexibles cuando sea necesario para la
adecuada atención del alumnado.
9. En Secundaria, la ley fijará el marco legal para la mejora de la organización interna de los
Institutos de Educación Secundaria, para evitar la desafección e incluso expulsión de una parte del
alumnado en el proceso educativo, y que luego forma parte de las estadísticas de abandono
prematuro. La organización actual de estos centros está pensada para dar respuesta sólo al
alumnado que encaja en el proceso educativo sin casi ningún esfuerzo especial del sistema,
dejando con facilidad fuera del mismo a todo aquel que por exceso o por defecto no obedece ese
perfil. Se establecerán medidas para facilitar la transición de Primaria a Secundaria, que coincide
con el paso de la infancia a la adolescencia.
10. La ley facilitará la escolarización plena hasta los 18 años, ampliando y flexibilizando las
opciones formativas desde los 16 años, y garantizará la gratuidad en las etapas postobligatorias.
11. Se establecerán pruebas de evaluación externas que valoren las características
socioculturales del alumnado escolarizado, descubran los procesos de valor añadido que posean
los centros educativos, evalúen la gestión de la dirección y del profesorado y los programas
desarrollados en el centro educativo, para que la Administración educativa valore cuáles son las
deficiencias que existen en la gestión del centro y ponga así remedio a las mismas con
actuaciones concretas. Citará la necesidad de dar difusión a prácticas de innovación educativa que
estén dando resultados en otros centros. Se evitará la competencia entre los centros, para evitar
la estigmatización.
12. Se señalará la evaluación continua de los procesos de aprendizaje, con el objetivo de
perfeccionar el propio proceso de formación del alumnado, y con la finalidad también de que el
profesorado pueda pulir sus competencias en el proceso de enseñanza. Este texto legal impedirá
la interpretación de la evaluación continua como la mera realización de pruebas periódicas. La ley
no contemplará ningún tipo de reválida al finalizar cada etapa, pues estas prueban se oponen a
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este concepto de evaluación continua y sólo suponen filtros selectivos que pretender descolgar a
la mayoría del alumnado de forma que no pueda llegar a cursar estudios superiores.

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13. La ley relegará la repetición de curso sólo a situaciones excepcionales de carácter
madurativo, dado que ha demostrado su ineficacia en la práctica totalidad de los casos. Así, fijará
diferentes intervenciones y refuerzos que los centros educativos deberán ofrecer ante las
dificultades que pueda tener cada niño o niña. La repetición no es un fracaso del alumno, sino un
fracaso del sistema educativo.
14. La ley, y sobre todo los decretos de enseñanzas mínimas que después se aprueben, deben
actualizar el currículum escolar a las demandas de la sociedad de la información y el conocimiento,
con el objetivo de lograr una mayor motivación del alumnado en su proceso educativo. Queremos
que se revise el currículum para adaptarlo a la adquisición de las competencias básicas por
parte del alumnado, en consonancia con lo que demandan diversos organismos internacionales
(como la OCDE), que señala que nuestro alumnado por lo general no sabe aplicar los
conocimientos adquiridos a situaciones cotidianas.
15. Los centros deberán impulsar programas (refuerzo, orientación y apoyo, diversificación
curricular, etc.) para que el alumnado no abandone prematuramente el sistema educativo y
obtenga la formación y titulación necesaria para su adecuada inserción en la sociedad una vez
finalizado su proceso educativo.
16. En las aulas que así se determine, se podrán establecer grupos flexibles y desdobles en
asignaturas de carácter instrumental (lengua, matemáticas e inglés), con el objetivo de garantizar
el éxito escolar de todos y todas.
17. La ratio máxima de alumnos por aula será de 20 alumnos en Infantil, 25 en Primaria, y 30 en
ESO, Bachillerato y ciclos formativos. Se tendrá en cuenta, para establecer las reducciones
necesarias sobre dichas ratios, el número de alumnos existentes en cada aula que necesiten
apoyos específicos.
18. Se establecerá una promoción de curso en Bachillerato que contemple que el alumnado no
tenga que repetir las materias ya superadas y sí matricularse sólo de las suspendidas, como
sucede en el sistema universitario.
19. La ley pondrá en valor real las enseñanzas de formación profesional, las dignificará e igualará,
en su nivel superior, con las enseñanzas universitarias.
20. La ley aludirá a los derechos de la infancia señalados por la Convención de Derechos del Niño
de Naciones Unidas, y señalará expresamente que todos los niños y niñas tienen derecho a
educarse en una escuela que refleje la diversidad de la sociedad.
21. Se fijarán límites a las normativas autonómicas de escolarización, para impedir la selección del
alumnado por parte de todos los centros educativos, nombrando expresamente la discriminación
por motivos de origen, raza, sexo, religión, clase social, características personales u orientación
sexual. Señalará expresamente la retirada inmediata del concierto económico y otras sanciones a
quienes denieguen el acceso o segreguen al alumnado por alguno de estos motivos. Todos los
centros educativos sin excepción (también los totalmente privados) deberán respetar los derechos
y valores constitucionales.
22. Se denegará el acceso a un concierto educativo a cualquier centro privado que no haya iniciado
su actividad educativa, entendiendo por esto, la puesta en marcha de sus actividades lectivas con
el inicio del primer curso escolar en dicho centro. Se prohibirá a las Administraciones la cesión
gratuita de suelo público para la creación o ampliación de centros educativos privados, dada la
repercusión que tendría en la planificación escolar que desarrolla la Administración educativa.

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23. Se facilitará la ampliación de la red de centros públicos de manera planificada, para dar
respuesta a las necesidades reales de escolarización y garantizar un puesto escolar público en
cualquier punto del territorio estatal, siempre como primera opción disponible.

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24. La educación de todos los niños, niñas y jóvenes debe quedar siempre dentro del respeto a los
derechos y libertades fundamentales, a la diversidad, a los valores de la paz y la solidaridad,
en un marco de democracia participativa.
25. Tratamiento de la convivencia escolar como una labor fundamental en el proceso educativo,
formando personas antes que estudiantes, y abordando la resolución de los conflictos, que debe
ser educativa y pacífica, poniendo fin a la sanción como herramienta habitual y eliminando
totalmente la expulsión temporal del centro educativo del alumnado. No son necesarias normas
para reforzar la autoridad del profesorado.
26. La ley fijará una formación inicial y continua del profesorado basada en habilidades
pedagógicas. Se limitará el acceso a la función docente a aquellas personas que tengan
adquiridas dichas aptitudes pedagógicas y lo demuestren previamente de forma práctica y real.
27. Se limitará la interinidad en la profesión docente y la considerará como un obstáculo para la
puesta en marcha, impulso y continuidad de los proyectos educativos de los centros.
28. Se evaluará la actividad docente, y se establecerá una política de incentivos en relación con
dicha evaluación, con el objetivo de mantener la motivación del profesorado.
29. La ley promoverá la incorporación y/o fortalecimiento en los centros de equipos de orientación
y multidisciplinares (con profesionales en psicopedagogía, audición y lenguaje, pedagogía
terapéutica e intervención social y familiar), para garantizar la atención adecuada de las
necesidades educativas de todo el alumnado. Estos perfiles profesionales harían posible, entre
otras, la detección precoz de las necesidades educativas especiales, para lograr el éxito escolar de
todos y todas. No obstante, se promoverá el trabajo en equipo de todos los profesionales
(docentes y no docentes), siempre con el objetivo de un currículum único y no fragmentado.
30. La ley facilitará que los centros educativos abran sus puertas a las asociaciones y recursos
del entorno, con un modelo de trabajo en red. Para ello, los centros deberán adaptar su proyecto
educativo de centro e incentivar a la dirección y a los docentes en esta tarea.
31. Se reforzarán las tutorías, para que contemplen las necesidades reales del alumnado y actúen
como impulso real para la necesaria colaboración entre familia y escuela, claves para lograr un
mejor rendimiento académico y una mejora de la convivencia escolar.
32. La ley facilitará, y en última instancia obligará, a todos los centros educativos y profesionales a
adaptar sus métodos de enseñanza a la sociedad de la información y del conocimiento, con
la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la práctica cotidiana, y
abandonando paulatinamente el libro de texto. El objetivo prioritario será que el alumnado
aprenda a recabar información, seleccionarla y transformarla en conocimiento.
33. Se revisará la existencia del denominado “currículum del hogar”, para caminar en el sentido de
que las tareas escolares diarias se integren siempre dentro de procesos que se realicen en los
centros educativos. Se marcará un límite en la carga de “deberes escolares” que el profesorado
podrá encargar al alumnado, y fijará el carácter complementario de estas tareas.
34. La ley ajustará los tiempos escolares y el calendario lectivo a las necesidades reales del
alumnado en su proceso educativo. En cada curso escolar, el calendario escolar y el horario lectivo
diario será el mismo para todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos, de forma
que se garantice la misma carga horaria anual para todo el alumnado. Los centros educativos sólo
podrán ampliar la permanencia del alumnado en sus instalaciones para la realización de
actividades extraescolares de carácter voluntario. Además, marcará el camino para que los
centros educativos estén abiertos durante más horas y más días, con más actividades
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extraescolares y complementarias, con una organización del tiempo más flexible y adaptada a los
horarios laborales de los padres y madres del alumnado, con el objetivo de que todos (familias y
profesorado) puedan conciliar su vida laboral y familiar.

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35. Se buscará un enfoque acertado del bilingüismo y el plurilingüismo, asegurando el dominio de
todo el alumnado de las lenguas cooficiales, incluyendo entre ellas el castellano, en los distintos
territorios autonómicos, y garantizando que el aprendizaje de las diferentes lenguas extranjeras
no se realiza a costa de la pérdida en la adquisición de las competencias básicas y de los
conocimientos necesarios de las diferentes materias.
36. La Ley facilitará que aquellos alumnos que abandonen el sistema educativo puedan regresar
posteriormente a los estudios por diferentes vías y consigan así titular.
37. Se eliminará la selectividad como elemento de criba para el acceso a la universidad,
sustituyéndolo sólo por pruebas de acceso a las facultades que tengan exceso de demanda.
38. Se abordará el aprendizaje a lo largo de toda la vida mediante la flexibilización de los sistemas
de acceso, la graduación de las distintas enseñanzas y la coordinación de programas e iniciativas
de las distintas administraciones.
39. Se impulsará la inspección educativa, para que sea la garante de la igualdad de derechos y de
obligaciones por parte de todos los implicados en el sistema educativo.
40. La ley irá acompañada de una memoria económica. Las propuestas de CEAPA
inevitablemente requieren del incremento del gasto público en Educación hasta alcanzar una
inversión similar a la de los países europeos más desarrollados, entre el 6% y el 7% del PIB. en la
actualidad la inversión en educación no universitaria en el conjunto del estado español
es de 4,8% del PIB de 2011, Además, se regulará el umbral mínimo de inversión educativa en
gasto anual por alumno, de forma que ninguna Comunidad Autónoma pueda quedarse más de un
5% por debajo de la media española. Este incremento aportaría mayores recursos a los centros,
más docentes y profesorado de apoyo, mejores infraestructuras, incremento de los programas y
una mejor respuesta educativa. La mejor inversión en futuro es la educación. Pero para que el
manejo de esta inversión sea más eficiente, se promoverá una mayor transparencia en los
presupuestos de las Administraciones educativas y se facilitará un mayor control social por parte
de la comunidad educativa, haciendo que el gasto público consolidado de cada anualidad esté
disponible, de forma desglosada, para acceso público a través de medios telemáticos.

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