CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS

Inscrito en el registro del Ministerio del Interior nº 400 – N.I.F. G-28/848505 – Declarada de Utilidad Pública

drásticos recortes presupuestarios que el Gobierno está impulsando con un recorte de derechos que
necesariamente requiere estar plasmado en la ley.
Así, la nueva ley podrá suprimir toda referencia o quitar importancia a programas y medidas de apoyo
para atender a la diversidad de alumnos, la actual ratio de alumnos por profesor, la cobertura de las
bajas docentes, el derecho a una educación común hasta los 16 años, el derecho a una educación
infantil 0-6 con carácter plenamente educativo, el objetivo de una escolarización cada vez más
universal y gratuita en Bachillerato y ciclos formativos, la incorporación de distintos perfiles
profesionales, los requisitos mínimos de los centros educativos, y un largo etcétera. Es decir, la nueva
ley supondría un adelgazamiento del derecho a la educación, un punto y final en la concepción de
la educación pública como instrumento de ascenso social y del que se benefician sobre todo las clases
medias y bajas, una regresión sin precedentes en nuestro país, y que podría tener efectos
devastadores en las generaciones que ahora mismo están escolarizadas o comenzarán en breve a
escolarizarse. Además tendría consecuencias depresivas para el conjunto de la sociedad. CEAPA no
puede sino oponerse con todas sus energías hacia estos recortes y hacia una ley que quiere
institucionalizarlos.
Sin embargo asistiremos a una manipulación del lenguaje que comienza en el propio nombre de la ley
(con la denominación de “Ley de Mejora de la Calidad de la Educación”… ¿quién podría oponerse a una
ley así?) y que continuará con el marketing político para cada una de las medidas “estrella” que
incluya esta ley.
CEAPA no acepta que la negociación sobre una nueva ley de educación parta de análisis sesgados
del sistema educativo. No compartimos los análisis catastrofistas de los sectores más
conservadores de la sociedad, de los que bebe este Gobierno, sobre el rendimiento académico del
alumnado y la convivencia escolar.
Queremos recordar que según el informe de la OCDE “Panorama de la Educación 2011”, el 70% de
los jóvenes entre 25 y 34 años ha completado la educación postobligatoria (bachillerato y FP
de grado medio), un porcentaje que además se ha ido incrementando en los últimos años, lo que
demuestra que nuestro país ha avanzado mucho en las últimas décadas, si tenemos en cuenta que
hace treinta años sólo el 28% había finalizado estos estudios. En pocos años nuestro país ha
evolucionado a mayor velocidad que otros y además logrando también una mayor equidad. Eso sí, no
todas las comunidades autónomas han evolucionado de igual forma (algunas autonomías se han
acercado más rápidamente a los niveles de los países europeos más avanzados, y otros no), lo que
demuestra una carencia en las políticas educativas desde el ámbito estatal para garantizar cierta
cohesión entre territorios e igualdad de oportunidades entre todos los niños y niñas,
independientemente de la comunidad autónoma donde residan.
Desde una concepción progresista, CEAPA, que aboga por una escuela que compense las
desigualdades de origen, tampoco puede aceptar las cifras de fracaso escolar, aunque éstas se hayan
reducido, porque detrás de ellas hay niños, niñas y jóvenes que, por lo general, pertenecen a entornos
socioeconómicos desfavorecidos y alumnado con necesidades especiales de atención educativa. Si
creemos en la justicia social, en una sociedad más equitativa, no podemos estar conformes con la
existencia de bolsas de población con fracaso escolar; ello a pesar de que hay que valorar que en los
últimos años se haya producido una mejora, como consecuencia indirecta del regreso a las aulas de
jóvenes que antes se empleaban en la construcción y en industrias auxiliares, y de mayores
inversiones en diferentes programas realizadas años atrás, que sin embargo ahora se han reducido o
suprimido, poniendo en peligro la mejora de los datos de fracaso y abandono escolar.
Pero el documento de propuestas del Ministerio hace un diagnóstico del sistema educativo
demasiado somero como para que, a partir del mismo, se pueda elaborar una nueva ley de
educación. Resulta aterrador observar que con tan pocos argumentos que puedan fundamentarse en
la investigación educativa, a la que por otra parte se dedican en España muchos profesionales y
departamentos universitarios, pueda cambiarse de arriba abajo el sistema educativo y el futuro de
tantos niños, niñas y jóvenes.

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