Construcción y Desarrollo de la Propuesta de Intervención Educativa

mientras que los primeros modelos se centran en la valoración de las capacidades de
aprendizaje de los individuos y/o comunidades, es decir: en el qué, cómo, cuándo y
bajo qué circunstancias aprenden las personas, esto sin soslayar la estimación de la
calidad de los conocimientos aprendidos, por su parte, la evaluación de los proyectos
socio-educativos se concentra en la apreciación de los procesos de diagnóstico,
planeación y gestión, tanto como en la pertinencia de sus procedimientos de decisión, la
eficacia de los recursos aplicados y la importancia de sus productos –la evaluación de
centra en el análisis de políticas, planes, programas y proyectos; nunca de personas, como bien
afirma el equipo coordinado por Óscar D. Perea (2003: 12).
En la amplia diversidad de las propuestas construidas en torno de la evaluación
de proyectos socio-educativos, destacan tres principales finalidades de este dispositivo
procedimental, a saber: por un lado, la valoración de los costos socio-económicos implicados
en el desarrollo de un programa, o de un proyecto; por otro lado, la ponderación del
beneficio social que comporta su aplicación en un contexto específico; y por último, la
viabilidad del logro de sus objetivos, o propósitos, planteados. En el primer caso, la
evaluación se realiza a partir de la interrelación prevista entre el costo particular/global,
el plazo requerido en su resolución y la calidad de sus resultados posibles/ reales, es
decir, los criterios fundamentales de valoración son: la economicidad, eficiencia
temporal y rentabilidad político-económica; mientras que en el segundo caso, la
ponderación se efectúa en relación con los efectos directos, indirectos, intangibles y
externalidades que comprende la instrumentación de cualquier proyecto, por tanto, sus
criterios nodales son: impacto social, consecuencias colaterales, resultados no valorables
en términos económicos y secuelas en el contexto socio-ambiental; y en el tercer caso, la
estimación se materializa a través de la contrastación sistemática entre los objetivos
propuestos, los recursos –humanos, materiales, financieros e infraestructurales
disponibles–, las estrategias diseñadas y las condiciones socio-culturales y/o políticoeconómicas del contexto específico de intervención, por ende, sus criterios nucleares
son: pertinencia, factibilidad, oportunidad y probabilidad factual. En la práctica, estas
distintas finalidades se suelen combinar de manera operativa, como es el caso de la
evaluación del costo-beneficio, por ejemplo. En cualquier caso, la función primordial de
cualquier tipo de evaluación es la de proporcionar los elementos básicos, necesarios y
suficientes para la asunción de decisiones emergentes que posibiliten el fortalecimiento,
la potenciación y/o la reorientación del desarrollo del proyecto de intervención
educativa.
Así, pues, de conformidad con los elementos anteriores, grosso modo, es posible
definir a la evaluación de proyectos socio-educativos como el proceso sistemático de
recuperación continua de información, análisis de las variables implicadas y la
valoración emergente de las decisiones, acciones, uso de los recursos y logros
alcanzados, con el objeto de construir diversas alternativas de consolidación, desarrollo
y re-encauzamiento de las estrategias diseñadas. Al respecto, conviene advertir que el
grado de conformidad, complacencia y/o satisfacción de los agentes sobre los cuales se
instrumenta el proyecto de intervención, no es una variable sustantiva de la
evaluación, si acaso constituye, apenas, un cierto indicio del consenso social, o de la
aceptación pública, de que disponen las actuaciones de mediación profesional
FG Marín

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