Fundación Pazos Kanki

Fue un porcentaje político.
No es fácil alegar que la cifra debió
ser mayor o menor, pues en realidad
había que despegar a como dé lugar, aun
a pesar de algunas deficiencias. La situación política era muy delicada en 2005 y
los acuerdos lograron, al menos, posibilitar este despegue.
Asimismo, cabe recordar que el diseño
mismo fue elaborado por el Gobierno
Central, con el predominio de cinco
ministerios: los ministerios de Desarrollo
Rural, Planificación, Economía y
Finanzas, Producción y Microempresa,
de la Presidencia. Las organizaciones
indígenas sólo ratificaron lo hecho por el
gobierno. La premura política no dio para
consolidar un diseño verdaderamente discutido con los pueblos indígenas.
Con esta certeza, no se insinúa que los
indígenas y campesinos deben recibir
más o menos, sino se quiere dejar en
claro que cualquier acuerdo debe contemplar, al menos,
• Un acuerdo político con las organizaciones indígenas y campesinas existentes (este acuerdo debe incluir, al
menos, a las organizaciones matrices
tradicionales), y,
• La definición de un porcentaje a ser
transferido que no sea arbitrario (sea
del 2, 5, 8 0 15%), sino que refleje un
costeo de necesidades mínimas que el
Fondo Indígena puede llegar a cubrir
Por tanto, no se aboga por que la transferencia sea necesariamente mayor sino porque se
cumplan mínimos estándares políticos y técnico-financieros.
Respecto al plan:
2. No hubo proyectos estratégicos, la inversión pública se fragmentó en miles de proyectos: No se propició un plan estratégico
que defina montos a ser distribuidos en

función a proyectos productivos de impacto. No, no hubo plan alguno. Sólo atención a demandas fragmentadas que, a su
vez, fragmentaron la inversión pública.
Téngase en cuenta que el 97,4% de los
proyectos fueron de un valor menor al 1
millón de bolivianos. Vale decir, la falta
de plan pone en evidencia que el propósito, de inicio, fue otro: contentar a la
mayor cantidad de dirigentes sindicales
que se pudiese, antes que hacer obras de
impacto. El objetivo fue “llegar a todos”
aunque eso hubiese supuesto hacer
“chauchita” con los recursos públicos.
Respecto a la ejecución:
3. El retraso en el uso de los recursos del
Fondo, fue la característica más clara
los primeros cinco años: se alega que hay
mucha pobreza y se quiere luchar contra
ella, pero cuando hay dinero para promover ese objetivo, se hace poco o no se
hace nada. Eso es lo que sucedió con el
Fondo. El gobierno no tomó en serio la
necesidad imperiosa por ofrecer soluciones rápidas a los pueblos indígenas.
¿La razón? ¡Hubo un retraso de casi 5
años en su inicio! El Fondo comenzó a
funcionar en septiembre de 2010 aunque
se creó en diciembre de 2005. Todo el
discurso plurinacional, a favor de los
indígenas, queda pues como discurso altisonante pero vacío.
4. La ejecución denota una total ineptitud
en la gestión: no hubo eficiencia en la
gestión, al constatarse una deplorable ejecución de los recursos públicos que se
fueron acumulando en las cuentas del
Fondo. Desde 2006 el Fondo recibió
3.197.482.000 bolivianos, pero aún se
conserva en su cuenta 1.855.063.000, es
decir, el 58% permanece sin utilizarse.
En país donde los más pobres son indíge17