La verdad sobre el Fondo Indígena, Un modelo “vicioso” de gestión pública

nas y donde el gobierno se proclama plurinacional, esto resulta ofensivo.
La característica más sobresaliente,
por tanto, no es el mal uso de los recursos, sino la falta de uso, precisamente en
una realidad que clama por que sus problemas cotidianos sean atendidos.
5. Se dio una centralización inconsulta y, por
ende, abusiva de los recursos que estaban
destinados a los pueblos indígenas: no se
respetó los recursos indígenas que se iban
acumulando en las cuentas del Fondo. El
gobierno central utilizó 70 millones de
bolivianos para tareas relacionadas con “la
creación del Directorio”, antes de que el
Fondo esté siquiera constituido.
No se respetó la autonomía en la gestión indígena. ¿La razón? Se produjeron
recortes para uso del Gobierno Central. Se
utilizó parte de los recursos en obras del
gobierno: en la Universidad Indígena
(15% de los recursos del Fondo, y además
80 millones para construcción de la
Universidad), la Renta Dignidad, la
Educación Patriótica, el pago de consultores al INRA (7 millones de bolivianos), la
creación del Servicio Técnico de Apoyo a
Organizaciones Matrices (Ley de la
Revolución Productiva). Ello significa que
el Fondo a la postre recibió sólo el 2,68%
de los recursos que le correspondían.
6. Los recursos fueron entregados en función a criterios de lealtad, no en función
a criterios de necesidad de los pueblos
indígenas: no se propició un uso justo
de los recursos. No es casual que aproximadamente el 30% fue destinado a la
CSUTVCB, 29% a los Interculturales,
17% a las Bartolinas y el resto a las
otras organizaciones indígenas: 14% a
CONAMAQ, 6% a la CIDOB, 1% a la
APG, 1% a la CPEMB, 2% a la CPESC.
En esta danza de cifras, es obvio que no
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hay un criterio fiscal claro que establezca qué organización debe recibir más en
función a que pueblos indígenas necesitan más. Vale decir, no se distribuyó a
los que más necesitan, se distribuyó a
quienes más presionan y más se acercan
al gobierno.
La prueba más sólida de lo dicho la
encontramos el día 20 de diciembre de
2010. ¿Qué sucedió este día? Ese día se
depositaron 1.259 millones de bolivianos,
sin plan de por medio, ni proyectos aprobados, a cuentas de las organizaciones
indígenas y campesinas mencionadas.
¿La razón? Simple: apoyar la aprobación
del Decreto 748 del 26 de diciembre que
fue conocido popularmente como el
“gasolinazo”. El gobierno actuó a favor
de las empresas transnacionales con la
certeza de contar con el apoyo de los sectores sindicales más leales.
Y, respecto a la rendición de cuentas:
7. La falta de información clara en el
manejo de los recursos llevó a que cada
vez menos recursos vayan destinados a
quienes realmente lo necesitan: los indígenas y campesinos de base: conviene
comenzar dejando en claro que no se
cumplió la ley (de Hidrocarburos) que
destina el 5% de los recursos del IDH al
Fondo. El cálculo del 5% del IDH fijado
por fórmula en comparación a los ingresos declarados por la ministra Achacollo
en su informe de marzo de 2015 a la
Asamblea Legislativa muestra que hay
una deficiencia de más del 20% de los
recursos del IDH. No hay explicación
alguna sobre este punto. Además, si a
este desajuste fiscal se resta el monto
destinado a salarios, al final solo queda el
53,6% del 5% para inversión en la misma
población indígena necesitada. Es decir,
aproximadamente el 2,68% de los recur-