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vinculada a que el “gasto social” ocasiona un impacto negativo en los salarios y favorece el
aumento de la desocupación y precarización laboral (con el argumento que un mayor “gasto
social” requiere como contrapartida un incremento de impuestos que son aplicados a la
actividad productiva restando recursos de inversión al sector empresario), al mismo tiempo
que para mejorar la cantidad y calidad del empleo es necesario “disminuir los impuestos al
trabajo”, es decir bajar los aportes y contribuciones sobre el salario tal como se hizo en la
Argentina en la década del ’90, definitivamente no se ha plasmado en la realidad económica y
social del país. Por lo tanto, dicha lógica, planteada la mayoría de las veces como una verdad
revelada y aconsejada por numerosos organismos internacionales al momento de brindar
asesoramiento a los países para que éstos pudieran llegar a obtener condiciones económicas y
sociales adecuadas para recibir financiamiento externo, ha sido fácticamente desvirtuada, al
menos para la Argentina y en el marco de las políticas económicas adoptadas. Y de esta
manera, podría inferirse que estas verdades reveladas tienen por único objetivo mantener la
desigualdad y la concentración de bienes y oportunidades en unos pocos.
En otras palabras, la realidad se ocupó de destruir esas premisas, toda vez que en la
República Argentina, en los últimos 12 años, la inversión social ha presentado un incremento
paulatino y constante, los índices de desempleo y de trabajo informal han descendido
significativamente mientras que, en paralelo, se ha registrado un incremento real de los
salarios para todos los sectores económicos a partir de negociaciones colectivas anuales y
cristalizado una importante mejora en la distribución de la riqueza entre todos los integrantes
de la sociedad.
Un punto interesante del análisis resulta de establecer la relación entre el haber de un
trabajador pasivo y el salario de un trabajador activo: mientras que 20 años atrás un jubilado
cobraba el 53% de lo que percibía un trabajador activo de su sector, actualmente esa relación
llega al 76%, y producto de la aplicación de la ley de movilidad jubilatoria19 es muy posible
que siga acortándose la brecha entre uno y otro.
A la luz de lo acontecido en la Argentina, parecería reafirmarse que el crecimiento
económico no sólo no es incompatible con una inversión social importante y con una
inversión en protección social abarcativa y universal, sino que es justamente su origen y su
elemento dinamizador.
El debate necesario para la cuestión social
Durante los últimos 24 años la sociedad argentina ha vivido la cuestión social en dos
tramos diferenciados. En el primero de ellos (de 1990 a 2002), tuvo lugar la privatización del
sistema previsional, la disminución de las contribuciones patronales, la disminución de las
asignaciones familiares, de los haberes jubilatorios y de las remuneraciones de los
trabajadores públicos, la desregulación de las obras sociales, el crecimiento de las empresas
de medicina prepaga y la masificación de los seguros médicos, la transferencia de los servicios
sociales nacionales a las provincias y el
congelamiento de los valores de las diferentes prestaciones. El resultado de la
aplicación de estas medidas desembocó en una fuerte disminución de la cobertura tanto
previsional como de salud, en un incremento considerable del desempleo, llegando éste a
guarismos inéditos en el país al alcanzar el 21.5% en 2001, en una precarización generalizada
19 Ley 26.417 sancionada el 1 de octubre de 2008
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