Construcción y Desarrollo de la Propuesta de Intervención Educativa

una política llamada activa, mediante una vía de territorialización, de implicación y de
responsabilidad de los beneficiarios (Hamzaoui, 2005: 16). El actor fundamental de esta
práctica profesional es el Trabajador Social y su campo específico de intervención,
dentro del fenómeno contemporáneo de la educación, es el ámbito de las interacciones
socio-formativas, es decir, contribuye al mejoramiento de los procesos educativos
mediante, el impulso a la generación de competencias sociales para adaptarse a las
prácticas propias de los Sistemas Educativos del siglo XXI y para mejorar la apropiación
del capital histórico-cultural propuesto en los planes y programas de estudio
correspondientes.
Marisela Montenegro (2001) considera que existen dos tendencias generales de la
intervención social, tales son: por un lado, la denominada Intervención Dirigida donde un
interventor experto, desde el marco institucional de los aparatos de Estado y/o las OSC,
diseña un plan, proyecto y/o estrategia de acción focalizada, que tiene por objetivo
nodal la resolución de un problema específico derivado de una demanda, exigencia o
inconformidad social, cuyo carácter tecnocrático se sustenta en el énfasis de la experticia
de los agentes externos, de acuerdo con Maritza Montero (2012: 66); y por otro lado, la
Intervención Participativa que se construye en la interacción activa entre el interventor y
la población intervenida –mejor aún si el primero pertenece o se inserta en el cuerpo
comunitario de la segunda–, con el propósito expreso de promover un cambio social
planificado en función de las necesidades sentidas, reconocidas y/o planteadas por los
propios agentes involucrados, razón por la cual comporta un cierto impacto
emancipador en la comunidad, dado que las actuaciones de intervención desbordan el
conjunto de las relaciones de dominación existentes en la sociedad, en otras palabras, se
trata de una relación transformadora de una situación en la cual agentes externos (a la
comunidad) y agentes internos (de la comunidad), conjugan esfuerzos para solucionar algún
problema, atender alguna carencia o cumplir una expectativa, según propone Montero (2012:
69). En este sentido, conforme al carácter e interés democrático o autocrático que la
motivan, Montero (2012: 60-61) reconoce que existen las siguientes formas de intervenir:
a. Oficial o Independiente en relación con su origen, es decir, ya sea que provenga de
las políticas públicas de desarrollo social o, por el contrario, derive de la acción
organizada de colectivos, grupos y/o sectores de una población determinada.
b. Necesidad Normativa, Transformación de Condiciones de Vida, Concertación y/o
Consulta en función de las finalidades que pretende, esto es: satisfacción de una
necesidad estandarizada –criterios de habitabilidad, por ejemplo–, mediación
entre grupos en conflicto, construcción de sinergia social y/o recuperación de
intereses comunitarios.
La Gestión Educativa
La gestión educativa, por su parte, puede entenderse como el proceso intencional
que integra agentes, factores, recursos y acciones concretas en la sinergia de establecer
las condiciones de posibilidad para el logro de determinadas metas socio-educativas; sin
embargo, Juan Casessus (2000), debido a la estrecha articulación que mantiene con el
FG Marín

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