embarcaciones que partían de las costas de
Turquía, Libia y otros países en un intento, a
menudo vano, de cruzar el mar
Mediterráneo. Miles de ellas llegaron a
Europa, donde afrontaban un futuro incierto;
miles más, niños y niñas incluidos, se
ahogaron.
En otros países de la región, los
trabajadores y trabajadoras migrantes,
muchos de ellos de Asia, continuaron
sufriendo explotación y abusos. En Emiratos
Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, donde
constituían la mayoría de la población y
donde la economía nacional dependía de su
trabajo, las restrictivas políticas de patrocinio
siguieron atándolos a sus empleadores y
agravando su situación de riesgo. En Arabia
Saudí, gran número de migrantes quedaron
en la miseria después de que el gobierno
recortase los gastos en proyectos de
construcción y de otros tipos. Las personas
que trabajaban en el sector doméstico, en su
mayoría mujeres, continuaron estando
especialmente expuestas a sufrir abusos a
manos de sus empleadores —en especial
abusos sexuales y otros malos tratos físicos y
psicológicos, y trabajo forzoso— debido a
que las autoridades siguieron sin hacer
extensivas a este sector las salvaguardias
laborales básicas previstas en la ley. Según
un grupo local de defensa de los derechos de
los trabajadores y las trabajadoras, en
Jordania alrededor de 80.000 empleadas
domésticas migrantes estaban excluidas de
la protección de las leyes laborales, lo que las
dejaba expuestas a sufrir violencia y
explotación.

DERECHOS DE LAS MUJERES
En toda la región se negaba a las mujeres y
las niñas la igualdad con los hombres en la
legislación y en la práctica, y se las sometía a
violencia de género, incluidos violencia
sexual y homicidios por “honor”. Las normas
sobre la “tutela” masculina limitaban la
libertad de circulación de las mujeres y su
acceso a la educación superior y al empleo
en Arabia Saudí, donde las autoridades
seguían asimismo prohibiéndoles conducir
vehículos de motor.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

Prevalecían leyes de familia que
discriminaban a las mujeres en relación con
el matrimonio, el divorcio, la custodia de los
hijos e hijas y la herencia, y en muchos
países la legislación no protegía a las mujeres
de la violencia sexual e incluso la facilitaba
—por ejemplo, al no penalizar el matrimonio
precoz y forzado ni la violación conyugal y al
permitir que los violadores eludieran el
enjuiciamiento casándose con su víctima—.
En Bahréin y Jordania las autoridades
tomaron medidas durante el año para limitar
esta disposición sobre los violadores o
eliminarla del Código Penal, y en Marruecos
y Túnez sendos anteproyectos de ley para
combatir la violencia contra las mujeres
parecían avanzar hacia la promulgación, lo
que constituía otro cambio positivo. Sin
embargo, en otros Estados, las leyes seguían
prescribiendo penas leves para los delitos de
violencia contra las mujeres, incluido el
asesinato, si los perpetradores los cometían
en nombre del “honor familiar”, o hacían a
las mujeres susceptibles de enjuiciamiento
criminal por denunciar una violación; estas
leyes perpetuaban condiciones que
facilitaban y ocultaban niveles
potencialmente altos de violencia contra las
mujeres y las niñas en el ámbito familiar.
En Irán, funcionarios del Ministerio de
Inteligencia y de la Guardia Revolucionaria
detuvieron, encarcelaron y hostigaron a
activistas de los derechos de las mujeres, y
las autoridades utilizaron a la “policía de la
moralidad” para obligar a cumplir las leyes
sobre el uso obligatorio del velo a las
mujeres, que sufrían habitualmente
hostigamiento, violencia y detención
arbitraria debido a su vestimenta. Mientras
tanto, anteproyectos de ley que respondían al
llamamiento del líder supremo a favor de un
mayor cumplimiento de los papeles
“tradicionales” de las mujeres en el hogar
como amas de casa y madres amenazaron
con reducir su acceso a la atención de la
salud sexual y reproductiva.
Las condiciones para las mujeres y las
niñas fueron especialmente peligrosas en las
zonas de conflicto armado, donde soportaron
asedios, bombardeos aéreos y otros ataques

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