crímenes cometidos por grupos armados
palestinos en conflictos anteriores, como los
ataques indiscriminados con cohetes y
morteros contra Israel y los homicidios
sumarios de presuntos “colaboradores”.
En Egipto, las fuerzas de seguridad
siguieron cometiendo con impunidad
violaciones graves de derechos humanos,
sometiendo a detención arbitraria,
desaparición forzada y tortura a presuntos
partidarios de la proscrita Hermandad
Musulmana y a otras personas que
expresaban críticas y se oponían al gobierno.
Una reforma de la Ley de Autoridad Policial
prohibió a las fuerzas de seguridad los
“malos tratos a ciudadanos”. No obstante,
las autoridades no tomaron ninguna medida
seria para que los miembros de las fuerzas
de seguridad rindieran cuentas por los
homicidios ilegítimos y otras violaciones
graves perpetrados durante los años de
agitación transcurridos desde el alzamiento
popular de 2011.
En Bahréin, las críticas internacionales
desencadenadas en 2011 por la respuesta
enormemente abusiva de las autoridades a
las protestas populares habían llevado al
gobierno a crear, alardeando además de ello,
mecanismos oficiales para investigar las
presuntas violaciones de derechos humanos
cometidas por las fuerzas de seguridad y
garantizar la rendición de cuentas. Aunque
no de un modo suficientemente adecuado y
eficaz, estos mecanismos continuaron
funcionando en 2016, y como consecuencia
de sus investigaciones se enjuició a un
pequeño número de miembros de baja
graduación de las fuerzas de seguridad. Sin
embargo, al concluir el año, no había rendido
cuentas ningún mando ni autoridad
responsable de tortura, homicidios ilegítimos
u otros incidentes de uso excesivo de la
fuerza en 2011.
Túnez destacó como el único Estado de la
región que emprendió un proceso serio de
justicia transicional, en el que su Comisión
de la Verdad y la Dignidad informó de que
había recibido decenas de miles de quejas
sobre violaciones de derechos humanos
cometidas entre 1965 y finales de 2013 y

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

celebró vistas públicas televisadas. No
obstante, una ley propuesta por el gobierno
que ofrecía a ex funcionarios y ejecutivos de
empresas inmunidad a cambio de devolver
los beneficios obtenidos gracias a la
corrupción en años anteriores amenazaba
con menoscabar la labor de la Comisión.
La Asamblea General de la ONU también
ofreció un destello de esperanza en
diciembre con la creación de un mecanismo
internacional independiente para garantizar
la rendición de cuentas por crímenes de
guerra y crímenes de lesa humanidad
cometidos en Siria desde marzo de 2011.
También en diciembre, el Consejo de
Seguridad de la ONU mostró una unidad
poco habitual al reafirmar que el
establecimiento por Israel de asentamientos
en los territorios palestinos que ocupaba
desde 1967 carecía de validez legal y
constituía una violación flagrante del derecho
internacional y un obstáculo para la paz y la
seguridad. En lugar de ejercer su derecho a
veto, Estados Unidos se abstuvo, mientras los
otros 14 Estados miembros del Consejo
apoyaron la resolución. Sin embargo, a pesar
de estas novedades, el futuro para la justicia
y la rendición de cuentas siguió siendo
sombrío en el ámbito internacional, pues
cuatro de los cinco Estados miembros
permanentes del Consejo de Seguridad —
Estados Unidos, Francia, Reino Unido y
Rusia— respaldaban activamente a fuerzas
que continuaban cometiendo crímenes de
guerra y otras violaciones graves del derecho
internacional en Siria, Irak, Yemen y Libia, y
estaban implicados ellos mismos en
violaciones graves del derecho internacional.

PENA DE MUERTE
Todos los países de la región mantuvieron la
pena de muerte, aunque hubo gran
disparidad en el tipo de delitos por los que la
imponían y en su aplicación. No se dictaron
condenas a muerte en Bahréin ni Omán, y
tampoco en Israel, que había abolido la pena
capital sólo para los delitos comunes.
Aunque los tribunales continuaron
imponiendo condenas de muerte en Argelia,
Marruecos y Túnez, las autoridades de estos

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