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tanto de las fuerzas gubernamentales como
de las de oposición. Muchas quedaron aún
más expuestas a sufrir abusos, como la trata
de personas, debido a la muerte o la
desaparición de sus esposos u otros
familiares varones. En las zonas de Irak y
Siria controladas por las fuerzas del Estado
Islámico, éstas continuaron manteniendo en
cautividad a miles de mujeres y niñas
yazidíes, a las que sometían a violencia
sexual, esclavitud —incluida esclavitud
sexual—, y conversión forzosa.

DERECHOS DE LAS MINORÍAS
Las personas pertenecientes a minorías
étnicas, religiosas y de otros tipos siguieron
sufriendo represión en varios países,
agravada por una creciente polarización
política que era tanto causa como efecto de
los conflictos armados imperantes en la
región. En Arabia Saudí, las autoridades
continuaron reprimiendo a la minoría chií,
con medidas como detener y encarcelar a
activistas pertenecientes a ella y ejecutar a
un destacado clérigo chií. En Irán, las
autoridades encarcelaron a decenas de
activistas pacíficos de minorías étnicas y
mantuvieron una serie de restricciones
discriminatorias que negaban a los miembros
de las minorías religiosas la igualdad en el
acceso al empleo, la educación y los cargos
públicos y en el ejercicio de sus derechos
económicos, sociales y culturales. En Egipto,
cristianos coptos, musulmanes chiíes y
bahaíes seguían sufriendo discriminación en
la legislación y en la práctica, y una nueva ley
restringió la construcción y reparación de
iglesias. En Kuwait, las autoridades
continuaron privando de la nacionalidad a
más de 100.000 bidun residentes desde
hacía mucho tiempo en el país, que siguieron
siendo apátridas y sin tener acceso a
diversos servicios públicos.

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSGÉNERO E
INTERSEXUALES
En Bahréin, Egipto, Irán, Marruecos y Túnez
se detenía y encarcelaba a las personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e

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intersexuales por cargos de “actos
licenciosos o “conducta inmoral”, y se las
perseguía en aplicación de leyes que
penalizaban las relaciones sexuales
consentidas entre personas adultas del
mismo sexo.

IMPUNIDAD
Prevaleció un grueso manto de impunidad
bajo el que las partes en los conflictos
armados perpetraron crímenes de guerra,
otras violaciones graves del derecho
internacional y abusos graves contra los
derechos humanos. En otras partes, las
autoridades del Estado cometieron
homicidios ilegítimos, torturas y otras
violaciones de derechos humanos sin rendir
cuentas.
En algunos casos continuó la impunidad
de crímenes cometidos hacía décadas. En
Argelia, las autoridades siguieron protegiendo
a las fuerzas estatales responsables de
crímenes graves en la década de 1990 y
penalizaron las peticiones de justicia, dando
así la vuelta a la ley. En Marruecos, 10 años
después de que la histórica Comisión de la
Verdad y la Igualdad informara de décadas
de violaciones graves de derechos humanos,
la política estatal continuó protegiendo
firmemente de la justicia a los responsables.
El gobierno de Israel accedió a indemnizar a
las familias de ciudadanos turcos a quienes
soldados israelíes habían matado en 2010,
pero no garantizó la rendición de cuentas por
los numerosos crímenes de guerra y otras
violaciones graves del derecho internacional
cometidos por las fuerzas israelíes durante
los recientes conflictos armados de Gaza y
Líbano ni por los homicidios ilegítimos,
torturas y otras violaciones de derechos
humanos que los soldados y agentes de
seguridad israelíes seguían cometiendo
contra palestinos en Cisjordania y Gaza. El
gobierno de Palestina ratificó las enmiendas
al Estatuto de Roma que daban a la Corte
Penal Internacional jurisdicción sobre el
“crimen de agresión”. Ni el gobierno
palestino ni la administración de facto de
Hamás en Gaza tomaron medidas para
garantizar la rendición de cuentas por

Informe 2016/17 Amnistía Internacional