tantos sistemas de justicia nacionales, los
tribunales actuaron a menudo como meros
instrumentos de la represión del gobierno y
no como árbitros de la justicia
independientes, encargados de hacer
cumplir las normas internacionales sobre
juicios justos. En Arabia Saudí, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak y Siria, era
habitual que los tribunales no celebrasen
juicios justos, sobre todo cuando los cargos
eran relativos a la seguridad nacional o al
terrorismo, incluso en casos de pena de
muerte. En Bahréin, las autoridades
utilizaron los tribunales para obtener órdenes
que revocaron la nacionalidad a un clérigo
crítico con el gobierno y a decenas de
personas declaradas culpables de cargos de
terrorismo, causando la expulsión de algunas
y la apatridia de muchas.
Los tribunales de Arabia Saudí
continuaron imponiendo penas crueles,
como condenas de flagelación de cientos de
latigazos, y los de Irán impusieron penas de
flagelación, amputación de dedos de las
manos y de los pies y ceguera.

PERSONAS REFUGIADAS,
INTERNAMENTE DESPLAZADAS Y
MIGRANTES
Había millones de personas en movimiento
en toda la región, que trataban de huir de los
conflictos armados u otros tipos de violencia,
de la represión política o del deterioro
económico. Entre ellas había personas
refugiadas y solicitantes de asilo, personas
desplazadas dentro de su propio país y
migrantes de la región y de otros lugares.
Muchas eran menores de edad, que, en
algunos casos, no iban acompañados y
estaban especialmente expuestos a la trata
de personas y a la explotación y los abusos
sexuales y de otro tipo.
Los conflictos armados de Siria y otros
países siguieron teniendo graves
repercusiones en otros Estados de la región y
fuera de ella. Según el ACNUR, la agencia de
la ONU para los refugiados, Líbano acogía a
más de un millón de personas refugiadas de
Siria, y Jordania, a más de 650.000. Estos
dos principales países de acogida tuvieron

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dificultades para satisfacer las necesidades
económicas, sociales y de otra índole que la
llegada de tantas personas refugiadas añadió
a las que ya tenían, en un contexto de ayuda
humanitaria internacional titubeante y de
provisión totalmente insuficiente de plazas de
reasentamiento para personas refugiadas por
parte de los Estados europeos, entre otros.
Los principales países de acogida
endurecieron los controles fronterizos para
impedir nuevas llegadas, condenando a
miles de personas que trataban de huir del
conflicto a vivir en condiciones precarias en
el lado sirio de la frontera. Las autoridades
libanesas devolvieron a solicitantes de asilo a
Siria, y las turcas llevaron a cabo
devoluciones masivas y expulsiones
inmediatas ilegales de personas que
buscaban refugio. Pese a la expresión
internacional de preocupación, los países del
Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico
aceptaron a pocas personas refugiadas que
huían de los conflictos armados de la región,
aunque algunos prestaron apoyo económico
a la asistencia humanitaria internacional.
En los países de acogida, las personas
refugiadas y solicitantes de asilo vivían a
menudo en condiciones de inseguridad y
pobreza, no podían trabajar y estaban
expuestas a ser detenidas por no poseer
documentos válidos. En Libia, las personas
extranjeras que entraban o permanecían en
el país de manera irregular, incluidas las
solicitantes de asilo y refugiadas, así como
las migrantes, procedentes en su mayoría del
África subsahariana, sufrían una dura
represión. Miles de ellas fueron detenidas en
puestos de control y redadas y encarceladas
indefinidamente en condiciones abusivas
tanto en centros de detención del gobierno
como en otros controlados por las milicias.
Otras sufrieron secuestros, perpetrados para
pedir rescate o con fines de explotación y
violencia sexual por traficantes y
contrabandistas de personas. Estos y otros
factores de presión empujaron a decenas de
miles de personas a buscar refugio en otros
lugares, a menudo pagando a delincuentes
dedicados al contrabando de personas para
arriesgar la vida en frágiles y atestadas

Informe 2016/17 Amnistía Internacional