las zonas en poder de la oposición. Por su
parte, la coalición militar dirigida por Estados
Unidos también efectuó bombardeos aéreos
contra el Estado Islámico y otros grupos
armados en Siria e Irak, matando e hiriendo
a civiles, y las fuerzas estadounidenses
llevaron a cabo ataques en Libia y Yemen. La
coalición militar dirigida por Arabia Saudí en
Yemen usó municiones de racimo,
prohibidas internacionalmente, y otras armas
procedentes de Estados Unidos, Reino Unido
y otros países en ataques indiscriminados
contra zonas controladas por los huzíes y sus
aliados en los que murieron civiles.
Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de
la ONU, gravemente bloqueado por las
divisiones entre sus Estados miembros
permanentes, siguió sin cumplir su deber de
abordar las amenazas para la paz y la
seguridad internacionales y proteger a la
población civil. Los esfuerzos de la ONU por
promover negociaciones de paz no
avanzaron prácticamente nada, y sus
agencias tuvieron dificultades para atender
las necesidades humanitarias que generaban
los conflictos entre las decenas de miles de
civiles obligados a vivir en estado de sitio y
los millones de personas internamente
desplazadas o que buscaban seguridad
como refugiadas.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE
ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN
En toda la región, las autoridades estatales
restringieron y dificultaron indebidamente el
ejercicio del derecho a la libertad de
expresión, asociación y reunión pacífica. La
mayoría de los gobiernos mantuvieron y
promulgaron leyes que penalizaban la
expresión pacífica —oral, escrita o de otro
tipo, como los comentarios en las redes
sociales y en otros sitios de Internet— de las
opiniones que consideraban críticas,
ofensivas o insultantes para las autoridades
públicas, los símbolos oficiales o la religión, o
que revelaban información que deseaban
ocultar. En Bahréin, las autoridades
enjuiciaron y encarcelaron a defensores y
defensoras de los derechos humanos por
cargos como “incitar el odio contra el

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régimen” y por criticar los bombardeos
aéreos de Arabia Saudí en Yemen, e
impidieron a los medios de comunicación
que contratasen a periodistas que
supuestamente habían “insultado” a Bahréin
o a otros Estados del Golfo.
En Irán, las autoridades enjuiciaron y
encarcelaron a decenas de personas que
criticaban pacíficamente al gobierno por
cargos imprecisos y falsos relacionados con
la seguridad nacional. Entre ellas había
defensores y defensoras de los derechos
humanos, periodistas, profesionales del
derecho, sindicalistas, cineastas, artistas
musicales, activistas de los derechos de las
mujeres y de las minorías étnicas y religiosas
y activistas contra la pena de muerte. En
Kuwait, una nueva ley sobre delitos
informáticos castigaba las críticas pacíficas al
gobierno y al poder judicial en Internet con
hasta 10 años de prisión, y otra prohibía
presentar su candidatura al Parlamento a
quien hubiera sido declarado culpable de
insultar al emir, a Dios o a los profetas.
También se encarceló a personas críticas con
el gobierno y a periodistas en Omán, donde
las autoridades cerraron un periódico que
había publicado información sobre presunta
corrupción oficial, y en Arabia Saudí, donde
los tribunales impusieron largas penas de
prisión por cargos muy generales, como
“quebrantar la lealtad al gobernante”. En
Jordania, un hombre armado mató a un
periodista a quien las autoridades habían
acusado de publicar una viñeta que
consideraban “ofensiva” para el islam; fue
acusado posteriormente de asesinato.
El derecho a la libertad de asociación
estuvo ampliamente restringido en la región.
Estados como Arabia Saudí, Irán, Kuwait y
Qatar no permitían la existencia de partidos
políticos independientes. Las autoridades de
varios países sometieron a hostigamiento a
los grupos de derechos humanos, incluidos
los que hacían campaña por los derechos de
las mujeres. En Egipto, las autoridades
ordenaron el cierre de un famoso centro
dedicado a atender a sobrevivientes de
tortura y a víctimas de violencia política,
congelaron los activos de otros grupos de

Informe 2016/17 Amnistía Internacional