habían capturado en años anteriores y
seguían desaparecidos.
En las zonas que controlaba, el Estado
Islámico siguió cometiendo homicidios a
modo de ejecución de personas que se
oponían a él o que presuntamente
colaboraban con las fuerzas
gubernamentales. Sus combatientes
castigaron a personas acusadas de infringir
sus códigos indumentarios y de conducta;
realizaron secuestros; recurrieron a la tortura
y a la flagelación y otros castigos crueles;
sometieron a mujeres y niñas yazidíes a
violencia sexual, incluida esclavitud sexual, y
adoctrinaron y reclutaron a niños, en especial
cautivos yazidíes, y los usaron en los
combates. A medida que avanzaban las
fuerzas gubernamentales, las fuerzas del
Estado Islámico impedían que la población
civil huyera de las zonas de conflicto,
utilizándola como escudos humanos y
disparando contra quienes trataban de huir y
castigando a sus familias. En otras zonas,
como la capital, Bagdad, cometieron
atentados suicidas con explosivos y otros
ataques letales indiscriminados o dirigidos
deliberadamente contra civiles en mercados
concurridos, santuarios chiíes y otros
espacios públicos, matando e hiriendo a
cientos de personas.
En otra parte de la región, Libia siguió
desgarrada y dividida por el conflicto armado,
cinco años después de la caída del liderazgo
del coronel Muamar al Gadafi. El Consejo
Presidencial del Gobierno de Acuerdo
Nacional, que surgió tras unas
conversaciones auspiciadas por la ONU, no
logró consolidar el poder sobre el terreno. Su
legitimidad continuó disputada por el
Parlamento reconocido de Libia y por las
fuerzas que apoyaban a los anteriores
gobiernos rivales con sede en Trípoli, por un
lado, y en Tobruk y Al Baida, por el otro. El
Estado Islámico perdió su baluarte en la
ciudad de Sirte a manos de las fuerzas
partidarias del Gobierno de Acuerdo Nacional
después de meses de combates que
causaron otra oleada de desplazamientos. El
conflicto siguió caracterizándose por las
violaciones graves del derecho internacional

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

humanitario, incluidos crímenes de guerra,
cometidas por todas las partes. Diversas
fuerzas atacaron hospitales y efectuaron
bombardeos aéreos y de artillería
indiscriminados, que mataron e hirieron a
civiles; en junio, la Organización Mundial de
la Salud informó de que el 60% de los
hospitales públicos de las zonas de conflicto
habían dejado de funcionar o eran
inaccesibles.
Los grupos armados y las milicias de Libia
también llevaron a cabo secuestros para
utilizar a las víctimas como rehenes en
canjes de prisioneros o para pedir rescate, y
mantuvieron recluidos a civiles en razón de
su origen, opiniones o supuesta filiación
política o tribal. Las fuerzas del Estado
Islámico mataron a combatientes rivales
capturados y a civiles en las zonas que
controlaban o disputaban. Otras fuerzas,
incluidas las afiliadas al Gobierno de Acuerdo
Nacional, también cometieron homicidios
ilegítimos en Trípoli, Bengasi y otros lugares.
Los años de luchas internas en Libia, al
igual que en otros países inmersos en
conflictos armados, tuvieron un impacto
devastador en el disfrute de los derechos
económicos, sociales y culturales, al
restringir gravemente el acceso a alimentos,
electricidad, atención médica, educación y
otros servicios.

INTERVENCIÓN INTERNACIONAL
Los conflictos armados de Siria, Yemen, Irak
y Libia se vieron agravados en cierta medida
por la intervención extranjera. Ciudadanos y
ciudadanas europeos y de otras
nacionalidades viajaron a la región para
combatir del lado del Estado Islámico,
mientras que las fuerzas armadas rusas,
estadounidenses, turcas, saudíes y de otros
países de la región y de fuera de ella dejaron
su huella letal.
En Siria, las fuerzas gubernamentales
recuperaron en 2016 partes significativas de
territorio de manos de grupos armados de
oposición con la ayuda de combatientes de
milicias chiíes de Líbano, Irak e Irán y de una
campaña de bombardeos intensivos de Rusia
que mataron e hirieron a miles de civiles en

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