derechos humanos y publicaron un nuevo
anteproyecto de ley que podría impedir que
continuaran funcionando las ONG
independientes. En Argelia, el gobierno trató
de debilitar a los grupos locales de derechos
humanos, incluida Amnistía Internacional
Argelia, persistiendo en obstaculizar su
registro legal. Del mismo modo, las
autoridades marroquíes continuaron
impidiendo el registro legal de varias
organizaciones de derechos humanos. En
Bahréin, las autoridades suspendieron en
junio la principal asociación de la oposición,
a cuyo líder habían encarcelado en 2014, y
en julio, tras haber confiscado sus bienes,
obtuvieron una resolución judicial que
ordenaba su disolución. En Irán, la
Asociación de Periodistas Iraníes pidió
infructuosamente al presidente que
cumpliera su promesa electoral de 2013 de
levantar su suspensión, y las autoridades se
negaron a renovar la licencia de la
Asociación de Sindicatos de Docentes de
Irán y encarcelaron a algunos de sus
miembros por su presunta “pertenencia a un
grupo ilegal”. La Guardia Revolucionaria iraní
también hostigó a defensores y defensoras
de los derechos humanos de las mujeres.
En Argelia, las autoridades mantuvieron su
prohibición, impuesta 15 años antes, de
celebrar manifestaciones en la capital, Argel,
dispersaron por la fuerza otras protestas y
encarcelaron a manifestantes pacíficos. En
Bahréin, el gobierno siguió prohibiendo todas
las manifestaciones en la capital, Manama, y
las fuerzas de seguridad usaron fuerza
excesiva para dispersar protestas en pueblos
predominantemente chiíes.
En países como Irak, Libia, Siria y Yemen,
los grupos armados también restringieron la
libertad de expresión y de asociación en las
zonas que controlaban. En Irak, los
autodenominados “tribunales” del Estado
Islámico impusieron penas de lapidación por
“adulterio” y penas de flagelación y otros
castigos corporales por fumar o por incumplir
el código indumentario u otras normas
dictadas por el grupo armado. En Libia, los
grupos armados hostigaron, secuestraron,
torturaron y mataron a defensores y

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

defensoras de los derechos humanos y a
periodistas.

SISTEMA DE JUSTICIA
En toda la región, las fuerzas de seguridad
detuvieron arbitrariamente a personas que
eran o parecían ser críticas con el gobierno o
contrarias a él, empleando a menudo leyes
imprecisas y muy generales. En Siria,
muchas personas fueron sometidas a
desaparición forzada tras ser aprehendidas
por las fuerzas gubernamentales. En Egipto y
Emiratos Árabes Unidos era frecuente que
las personas detenidas fueran sometidas a
desaparición forzada: aisladas del mundo
exterior, privadas de protección jurídica y
torturadas para obtener “confesiones” que
los tribunales utilizaban para condenarlas en
el juicio. La reclusión sin juicio era una
práctica generalizada: las autoridades
israelíes utilizaron órdenes de detención
administrativa renovables indefinidamente
para mantener recluidos a cientos de
palestinos, y las autoridades jordanas
siguieron manteniendo recluidas a miles de
personas en virtud de una orden de 1954
que permitía la detención sin cargos ni juicio
por periodos de hasta un año.
La tortura y otros malos tratos continuaron
siendo generalizados, sobre todo en Arabia
Saudí, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Irán, Irak, Israel y los Territorios
Palestinos Ocupados, Libia y Siria. Eran
métodos de tortura habituales las palizas, las
descargas eléctricas, la privación de sueño,
la inmovilización en posturas en tensión, la
suspensión prolongada de las muñecas o los
tobillos y las amenazas contra la persona
detenida y contra sus seres queridos. Se tuvo
conocimiento de nuevos casos de tortura en
Túnez, a pesar de que un nuevo Código de
Procedimiento Penal mejoró las
salvaguardias para las personas detenidas
(salvo las sospechosas de terrorismo) y de
que un órgano nacional de prevención
creado en 2013 empezó a cobrar forma
paulatinamente.
Debido a la persistente ausencia de
independencia judicial, así como a la
“cultura de la confesión” que impregnaba

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