presuntos terroristas, ni de haber cometido
actos de tortura y otros malos tratos contra
ellos.
A pesar de los notables progresos
conseguidos en el último decenio en la
erradicación de la tortura en los lugares de
detención, hubo un alarmante aumento del
número de casos denunciados tras el fallido
golpe de Estado en Turquía. Con miles de
personas bajo custodia policial oficial y no
oficial, las autoridades turcas negaron de
forma sistemática, aunque inverosímil, los
informes de brutales palizas, agresiones
sexuales, violaciones y amenazas de
violación.

PENA DE MUERTE
Hacia el final del año, el presidente de
Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, prometió
someter a la consideración del Parlamento la
reintroducción de la pena de muerte,
desafiando la condena internacional
generalizada y las obligaciones de Turquía
como Estado miembro del Consejo de
Europa. Bielorrusia —el único Estado
europeo que seguía llevando a cabo
ejecuciones— ejecutó a cuatro personas en
el transcurso del año, a pesar de que el
gobierno había transmitido algunos indicios
alentadores sobre su abolición inminente y
no era la primera vez que lo hacía. En
Kazajistán se condenó a muerte a un hombre
por cargos de terrorismo.

CONFLICTOS Y VIOLENCIA ARMADA
En noviembre, en su examen preliminar de
los combates en el este de Ucrania, la Corte
Penal Internacional resolvió que constituían
un conflicto armado internacional.
Continuaron los enfrentamientos
esporádicos, pero la situación general siguió
militar y políticamente atascada. Las
autoridades respaldadas por Rusia en
Donbás conservaban una autonomía casi
total. Al concluir el año, la Misión de
Observación de Derechos Humanos de la
ONU en Ucrania calculó que el número de
víctimas mortales ascendía a casi 10.000,
entre ellas al menos 2.000 civiles. Tanto las
autoridades ucranianas como las fuerzas

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separatistas del este de Ucrania sometieron a
detención ilegítima a civiles sospechosos de
simpatizar con el bando contrario para
usarlos en “canjes de prisioneros”. Al
terminar el año, habían sido liberadas todas
las personas de cuya detención en secreto
por las fuerzas ucranianas se tenía noticia.
En abril comenzó un breve e intenso
periodo de enfrentamientos armados entre
Azerbaiyán y Armenia en la región escindida
de Nagorno Karabaj, apoyada por Armenia.
Los combates, que duraron cuatro días, se
saldaron con la muerte de un número
reducido de civiles y militares,
recriminaciones mutuas y pequeñas
conquistas territoriales de Azerbaiyán.
Las autoridades de Turquía continuaron
llevando a cabo operaciones con un fuerte
componente militar en numerosas zonas
urbanas de todo el sureste del país, en
respuesta a la construcción de barricadas y
la excavación de trincheras por grupos
afiliados al Partido de los Trabajadores
Kurdos (PKK) hacia el final de 2015. En junio
prácticamente habían concluido todas las
operaciones, y para entonces los toques de
queda durante las 24 horas del día y el uso
de fuerza excesiva —incluido armamento
pesado— habían causado cientos de
víctimas civiles, la destrucción en gran escala
de zonas residenciales y el desplazamiento
forzado de hasta medio millón de personas.
Al final del año no había indicios de que
fuera a reanudarse el proceso de paz
malogrado en 2015 y continuaban los
enfrentamientos entre el PKK y las fuerzas
turcas fuera de las zonas urbanas, así como
los ataques esporádicos del PKK contra
edificios gubernamentales. La perspectiva de
reanudar las conversaciones se diluyó debido
a la fuerte represión de la sociedad civil, la
oposición política y los medios de
comunicación kurdos, ejercida en especial
por medio de los poderes de excepción
aprobados tras el fallido golpe de Estado de
julio.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional