En Tayikistán se observó un grado de
represión considerable a raíz de la
persecución del Partido del Renacimiento
Islámico de Tayikistán, grupo de oposición
prohibido, 14 de cuyos dirigentes fueron
condenados a largas penas de prisión por
cargos de terrorismo en juicios secretos. En
agosto, el gobierno dictó un decreto de cinco
años de vigencia que le otorgaba el derecho
a “regular y controlar” los contenidos de
todas las emisoras de radio y televisión a
través del Comité Estatal de Radiodifusión.
Los defensores y defensoras de los derechos
humanos fueron sometidos a estrecha
vigilancia, mientras que la policía y los
servicios de seguridad intimidaron y acosaron
a periodistas y medios de comunicación
independientes. Las autoridades continuaron
ordenando a los proveedores de servicios de
Internet que bloquearan el acceso a
determinados sitios web de noticias o de
redes sociales, mientras que un nuevo
decreto obligaba a los proveedores de
Internet y operadores de telecomunicaciones
a canalizar sus servicios a través de un nuevo
centro único de comunicaciones controlado
por la empresa estatal Tajiktelecom.
En Azerbaiyán se siguió reprimiendo a
activistas de la oposición, ONG de derechos
humanos y medios de comunicación
independientes. Se liberó a 12 presos y
presas de conciencia, pero 14 continuaban
en prisión al final del año, entre ellos Ilgar
Mammadov, cuya condena fue confirmada
por el Tribunal Supremo en noviembre, a
pesar de la sentencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos que exigía su
liberación. En línea con Uzbekistán y
Turkmenistán, Azerbaiyán denegó la entrada
al país a Amnistía Internacional. Persistieron
las graves restricciones impuestas a la
celebración de manifestaciones públicas; las
pocas que se celebraron fueron disueltas por
la policía mediante el uso excesivo de la
fuerza, y se detuvo a activistas políticos por
organizarlas.
En Ucrania, los medios de comunicación
conservaron en general su libertad, pero se
hostigó a algunos considerados favorables a
las opiniones prorrusas o separatistas, así

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

como a los que se mostraban especialmente
críticos con las autoridades. No se podía
ejercer el periodismo independiente en
Crimea, donde las autoridades ocupantes
rusas continuaron restringiendo gravemente
el derecho a la libertad de expresión,
asociación y reunión pacífica. La población
tártara de Crimea sufrió especialmente la
represión.
En Turquía, el respeto a la libertad de
expresión experimentó un brusco deterioro,
sobre todo tras la declaración del estado de
excepción en respuesta al fallido golpe de
Estado en julio. En aplicación de decretos
ejecutivos, 118 periodistas permanecieron
detenidos en espera de juicio y 184 medios
de comunicación fueron clausurados de
forma arbitraria y permanente. Aumentó la
censura en Internet, y en noviembre se
cerraron por decreto ejecutivo 375 ONG,
incluidos grupos de defensa de los derechos
de las mujeres, asociaciones de abogados y
organizaciones humanitarias.

IMPUNIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
La tortura y otros malos tratos fueron práctica
generalizada en todo el territorio de la antigua
Unión Soviética, donde, pese a que en
algunos países continuaron las mejoras
nominales en la legislación, la impunidad
siguió siendo la norma. La perspectiva de
obtener rendición de cuentas por los abusos
en gran escala cometidos por los organismos
encargados de hacer cumplir la ley durante
las manifestaciones del Euromaidán en 2013
y 2014, las protestas del parque Gezi en
2013 y los enfrentamientos entre
comunidades étnicas en el sur de Kirguistán
en 2010 se disipó en Ucrania, se mantuvo
remota en Turquía y tendió a desaparecer en
Kirguistán.
En la UE seguía lejana la rendición de
cuentas por complicidad en el programa de
entregas dirigido por Estados Unidos, a pesar
de los procedimientos en curso ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Cuando terminó el año, en Polonia, Lituania y
Rumania no se había declarado a ninguna
persona penalmente responsable de haber
participado en la detención ilegal de

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