operaciones habituales de aplicación de la
ley, incluidos los controles de identidad.
Las iniciativas para combatir el extremismo
violento, que solían imponer obligaciones de
presentación de informes a las instituciones
públicas, comportaban el riesgo de distanciar
a las comunidades musulmanas y coartar la
libertad de expresión. Bulgaria y el
Parlamento de Suiza aprobaron legislación
que prohibía el velo integral en público. En
Países Bajos, al final del año seguía
pendiente ante el Parlamento un
anteproyecto de legislación para prohibir el
velo integral, y en Alemania se presentó una
propuesta parecida. En varios municipios
costeros de Francia se intentó prohibir el uso
del “burkini” en la playa. El Consejo de
Estado revocó las disposiciones
discriminatorias, pero varios municipios
siguieron aplicándolas a pesar de ello.
En varios países europeos se observó un
aumento de los delitos de odio contra
solicitantes de asilo, musulmanes y
extranjeros. En Alemania hubo un marcado
incremento de los ataques contra albergues
para solicitantes de asilo, y en Reino Unido
los crímenes de odio aumentaron un 14% en
los tres meses siguientes al referéndum
sobre la salida del país de la UE (Brexit) en
junio, en comparación con el mismo periodo
del año anterior.
Las comunidades romaníes continuaron
sufriendo discriminación generalizada en
toda Europa en el acceso a la vivienda, la
educación, la asistencia médica y el empleo,
y siguieron expuestas a sufrir desalojos
forzosos, no sólo en toda Europa central, sino
también en Francia e Italia. Los tribunales
mostraron una tendencia creciente a fallar a
favor de comunidades desalojadas, pero sus
decisiones no redundaron en mejoras para
ellas salvo en casos muy excepcionales. Se
observaron avances positivos en la República
Checa, donde, con el impulso de los
procedimientos de infracción de la UE, varias
reformas dirigidas a reducir el número
desproporcionado de romaníes en las
escuelas especiales entraron en vigor con el
inicio del curso escolar, en septiembre.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

Hubo progresos, aunque desiguales, con
respecto a los derechos de las personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexuales (LGBTI). Francia aprobó nueva
legislación que suprimía los requisitos
médicos para conseguir el reconocimiento
legal del género, y Noruega admitió el
derecho al reconocimiento legal del género
basado en la autoidentificación. En Grecia y
Dinamarca había iniciativas análogas en
curso. Varios países tomaron medidas para
hacer efectivos los derechos de las parejas
del mismo sexo y las adopciones como
segundo padre o madre. Italia y Eslovenia
aprobaron legislación que reconocía las
parejas del mismo sexo. La marcha del
Orgullo LGBTI celebrada el 12 de junio en
Kiev, capital de Ucrania, contó con el apoyo
de las autoridades y con fuertes medidas de
protección de la policía, y transcurrió sin
incidentes. Con unos 2.000 participantes, se
convirtió en el mayor acto de esta clase
celebrado nunca en Ucrania.
Como contrapunto, las relaciones
homosexuales consentidas seguían siendo
delito en Uzbekistán y Turkmenistán. En
Kirguistán, el Parlamento continuaba
debatiendo un anteproyecto de ley que
penalizaba el acto de “promover una actitud
positiva” hacia las “relaciones sexuales no
tradicionales”, y en diciembre se aprobó en
referéndum una reforma constitucional para
prohibir el matrimonio entre personas del
mismo sexo. Hubo también oposición de
grupos conservadores cada vez más
organizados y en ocasiones apoyados por el
Estado. Las propuestas de celebrar un
referéndum para cambiar la definición
constitucional de matrimonio y de familia, a
fin de excluir expresamente a las parejas del
mismo sexo, fueron bloqueadas por el
presidente en Georgia; en cambio, en
Rumania, el Tribunal Constitucional permitió
que se presentaran ante el Parlamento. En
Lituania, una propuesta de reformar la
Constitución en este sentido superó la
primera de las dos votaciones requeridas en
el Parlamento en junio, sólo unos días
después de que 3.000 personas se sumaran

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