a la Marcha por la Igualdad para celebrar el
Orgullo Báltico 2016 en Vilna, la capital.
El avance en relación con los derechos de
las mujeres fue también desigual. La
violencia contra las mujeres seguía siendo
generalizada, a pesar de la adopción de
medidas legislativas de protección cada vez
más sólidas. Bulgaria, la República Checa y
Letonia firmaron el Convenio del Consejo de
Europa sobre Prevención y Lucha contra la
Violencia contra las Mujeres y la Violencia
Doméstica (Convenio de Estambul), y
Rumania y Bélgica lo ratificaron. En cambio,
el gobierno de Polonia, de manera
claramente regresiva, anunció su intención
de retirarse del Convenio pese a que sólo
había pasado un año de su ratificación y se
calculaba que hasta un millón de mujeres
eran víctimas de violencia cada año en el
país. El partido gobernante restringió también
los derechos sexuales y reproductivos. Tras
una huelga general de mujeres celebrada el
3 de octubre, el Parlamento polaco rechazó
un proyecto de ley que proponía la
prohibición casi absoluta del aborto y la
imposición de sanciones a las mujeres y
niñas que se sometieran a un aborto, así
como a cualquier persona que las animara o
ayudara a hacerlo. En Irlanda ganaron
impulso los llamamientos en favor de la
derogación de la restrictiva legislación sobre
el aborto, mientras que el Comité de los
Derechos del Niño de la ONU pidió al país
que lo despenalizara. En Malta, el aborto
continuó penalizado en todas las
circunstancias.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE
ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN PACÍFICA
La represión de la disidencia, la expresión de
opiniones críticas y la oposición política
continuó siendo la norma en todo el territorio
de la antigua Unión Soviética. Se mantuvo
con especial intensidad en Uzbekistán,
Turkmenistán y Bielorrusia, aunque no fue
visiblemente peor que en años anteriores.
Hubo un acentuado deterioro de la situación
en Tayikistán y Kazajistán, mientras que en
Rusia y Azerbaiyán se acentuó el declive
observado desde hacía tiempo. Los medios

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de comunicación prorrusos sufrieron aún
más ataques en Ucrania, mientras que las
voces tártaras y afines a Ucrania fueron
reprimidas con dureza en Crimea y dentro de
Rusia. En Turquía se restringió agresivamente
la libertad de expresión en el periodo
posterior al fallido golpe de Estado. La región
de los Balcanes siguió siendo peligrosa para
las personas dedicadas al periodismo de
investigación, decenas de las cuales
sufrieron procesamiento y palizas por sacar
abusos a la luz. Mientras, dentro de la UE,
Polonia, Hungría y Croacia amordazaron las
cadenas públicas de radiodifusión.
Rusia mantuvo su estrangulamiento de las
ONG, actuando contra las más críticas
mediante la “Ley de Agentes Extranjeros” y
de campañas difamatorias en los medios de
comunicación. Decenas de ONG
independientes que recibían fondos del
exterior fueron añadidas a la lista de “agentes
extranjeros”, lo que elevó el número total a
146; de ellas, 35 habían cerrado con
carácter permanente. La fiscalía presentó
además la primera causa penal por “evasión
sistemática de deberes impuestos por ley”
contra Valentina Cherevatenko, fundadora y
presidenta de la Unión de Mujeres del Don.
Asimismo, se mantuvo el control férreo de la
libertad de reunión pacífica.
Kazajistán también utilizó por primera vez
disposiciones del derecho penal contra
dirigentes de ONG. En abril y mayo se detuvo
a decenas de “organizadores” de las
manifestaciones contra el nuevo Código de
Tierras y a cientos de personas que habían
participado en ellas. Aumentaron los
procesamientos por comentarios en redes
sociales, conculcando el derecho a la libertad
de expresión, y se declaró culpables de
“difusión de información que se sabía que
era falsa” y de malversación a notables
periodistas. En enero entraron en vigor
cambios de la Ley de Comunicaciones que
obligaban a los usuarios de Internet a instalar
un “certificado nacional de seguridad” que
permitía a las autoridades interceptar las
comunicaciones y bloquear el acceso a los
contenidos que consideraran ilegales.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional