los poderes de excepción estuvieran
utilizándose de manera desproporcionada.
En varios Estados europeos se
incorporaron al derecho penal ordinario
medidas que en otro tiempo se consideraban
excepcionales, como la ampliación del
periodo de detención sin cargos por
presuntos delitos de terrorismo en Eslovaquia
y Polonia, y la propuesta de hacer lo mismo
respecto a todos los delitos en Bélgica. En
Países Bajos y Bulgaria se presentaron al
Parlamento propuestas para introducir
medidas de control administrativo dirigidas a
restringir la libertad de circulación sin
autorización judicial previa. Los primeros en
aplicar tales medidas de control, equivalentes
en algunos casos a arresto domiciliario,
fueron Reino Unido y Francia. La decisión de
imponerlas se basaba en expedientes de
seguridad secretos, por lo que en la práctica
las personas afectadas no podían
impugnarlas pese a los efectos perjudiciales
para su vida y su familia.
Se procesó a cientos de personas por
delitos de disculpa o enaltecimiento del
terrorismo, conculcando su derecho a la
libertad de expresión, sobre todo en Francia
y, en menor grado, en España, a menudo por
comentarios publicados en redes sociales.
Una propuesta de directiva de la UE para
combatir el terrorismo, que al final del año
seguía pendiente de aprobación, daba paso a
la proliferación de tales leyes. En Alemania se
presentó una propuesta para prohibir el
impreciso acto de “promoción del
terrorismo”, y en Bélgica y Países Bajos se
presentaron al Parlamento sendos proyectos
de ley que establecían delitos parecidos.
En toda Europa, los Estados reforzaron
considerablemente sus poderes de vigilancia,
desobedeciendo reiteradas resoluciones del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
según las cuales la vigilancia secreta y la
interceptación y conservación de datos de
comunicaciones violaban el derecho a la
privacidad si no se basaban en una sospecha
razonable de actividad delictiva grave ni se
ejercían en la medida estrictamente
necesaria para contribuir de manera efectiva

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a combatir esa actividad. Ambos tribunales
habían declarado en repetidas ocasiones que
la legislación nacional sobre vigilancia debía
ofrecer garantías suficientes frente al uso
indebido, como la autorización previa de un
tribunal u otra autoridad independiente.
Reino Unido fue posiblemente el Estado que
introdujo el conjunto de facultades de
vigilancia masiva y selectiva de mayor
alcance con la aprobación de la Ley de
Poderes de Investigación en noviembre.
Conocida popularmente como “ley del
fisgón”, permitía un amplio conjunto de
imprecisas prácticas de interceptación,
interferencia y conservación de datos e
imponía a las empresas privadas nuevas
obligaciones sobre el almacenamiento de
datos de comunicaciones. Todas las
atribuciones que establecía la nueva ley,
tanto de vigilancia específica como general,
podían ser autorizadas por un ministro del
gobierno tras ser sometidas —en la mayoría
de los casos aunque no en todos— a la
consideración de un órgano cuasijudicial
cuyos miembros designaba el primer
ministro. En diciembre, el Tribunal de Justicia
de la UE resolvió que la legislación británica
sobre vigilancia violaba el derecho a la
intimidad.
Además de Reino Unido, a lo largo del año
aprobaron nueva legislación sobre vigilancia
Austria, Suiza, Bélgica, Alemania, Rusia y
Polonia. Con ligeras variaciones, la legislación
introducía amplios poderes para recopilar y
almacenar datos electrónicos y realizar
actividades de vigilancia selectiva de
personas sospechosas o de grupos
específicos definidos de manera muy poco
precisa, con escasa o nula supervisión
judicial. Al final del año había propuestas
legislativas pendientes de aprobación en
Países Bajos y Finlandia.

DISCRIMINACIÓN
En toda Europa, las personas musulmanas y
migrantes corrían riesgo de discriminación y
aplicación de criterios raciales por parte de la
policía, tanto en relación con las facultades
para combatir el terrorismo como en las

Informe 2016/17 Amnistía Internacional