Serbia, detenciones ilegítimas dentro del país
y precarias condiciones de vida para quienes
esperaban en la frontera. Mientras el
gobierno gastaba millones de euros en una
campaña publicitaria xenófoba para
promover su referéndum —al final fallido—
en contra del programa de reubicación de la
UE, se dejó totalmente desatendidas a las
personas refugiadas. Al final del año
continuaban abiertos los procedimientos de
infracción iniciados por la Comisión Europea
por múltiples quebrantamientos del derecho
internacional y de la UE en materia de asilo.
Al otro extremo de Europa, en Francia, la
acumulación de migrantes y solicitantes de
asilo en el campo de “La jungla”, en Calais, y
su desalojo en octubre pasaron a ser tan
representativos de las fallidas políticas
migratorias de Europa como los campos
superpoblados de las islas griegas de Lesbos
y Quíos y los refugios improvisados frente a
las alambradas de espino de Hungría.
Los impresionantes esfuerzos que hizo
Alemania para acoger a casi un millón de
personas que habían llegado al país el año
anterior y tramitar sus solicitudes de asilo
fueron posiblemente la única respuesta
gubernamental positiva a la “crisis de
refugiados” en Europa. En general, fueron
ciudadanos corrientes quienes demostraron
la solidaridad de la que carecían sus
dirigentes. En incontables centros de acogida
de toda Europa, decenas de miles de
personas demostraron una y otra vez que el
debate cada vez más tóxico sobre la
migración tenía otra cara, dando la
bienvenida y ofreciendo su apoyo a las
personas refugiadas y migrantes.

SEGURIDAD Y MEDIDAS
ANTITERRORISTAS
Más de un centenar de personas perdieron la
vida y muchas más resultaron heridas en
violentos atentados perpetrados en Francia,
Bélgica y Alemania. Fueron víctimas de
disparos efectuados por hombres armados,
masacradas en atentados suicidas con
explosivos o atropelladas intencionadamente
cuando caminaban por la calle. Proteger el
derecho a la vida y tomar medidas para

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

permitir a las personas vivir, circular y pensar
libremente se convirtió en una preocupación
cada vez más acuciante para los gobiernos
de toda Europa. Sin embargo, muchos
respondieron al reto de hacer valer estas
libertades fundamentales aprobando a toda
prisa medidas antiterroristas que iban en
detrimento de los derechos humanos y los
valores mismos que estaban siendo
atacados.
En 2016 se observó un cambio radical de
paradigma: del planteamiento de que la
función de los gobiernos era proporcionar
seguridad para que las personas pudieran
disfrutar de sus derechos se pasó a la idea
de que debían restringir los derechos de las
personas para proporcionar seguridad. El
resultado ha sido una peligrosa redefinición
de los límites entre los poderes del Estado y
los derechos de las personas.
Una de las tendencias más alarmantes fue
el empeño de los Estados en facilitar la
declaración y prolongación del “estado de
excepción”. Hungría abrió el camino con la
adopción de legislación que establecía
amplios poderes ejecutivos en caso de
declararse el estado de excepción, como
prohibir reuniones públicas, imponer graves
restricciones a la libertad de circulación y
congelar activos sin supervisión judicial. El
Parlamento de Bulgaria aprobó en primera
votación un conjunto de medidas semejantes
en julio. En diciembre, Francia prorrogó por
quinta vez el estado de excepción impuesto
tras los atentados de noviembre de 2015. Los
poderes de excepción se ampliaron
considerablemente en la prórroga de julio,
con la reintroducción de la facultad de
realizar registros domiciliarios sin
autorización judicial previa (suprimida en una
prórroga anterior) y nuevas atribuciones para
prohibir actos públicos por motivos de
seguridad pública, que se utilizaron de
diversas formas para prohibir
manifestaciones. Según datos publicados por
el gobierno en diciembre de 2016, desde
noviembre de 2015 se habían llevado a cabo
4.292 registros domiciliarios y se habían
dictado órdenes de asignación de residencia
contra 612 personas, por lo que se temía que

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