inmigrantes, que podían no ajustarse a las
normas internacionales sobre reclusión.
Entre las personas recluidas en dichos
centros había decenas de rohingyas
procedentes de Myanmar, que llevaban en
esta situación desde su llegada al país por
mar en 2015.
Las autoridades indonesias recurrieron a
burdas tácticas intimidatorias en Aceh,
poniendo incluso en peligro la vida de un
grupo de más de 40 solicitantes de asilo
tamiles de Sri Lanka —entre ellos una mujer
en avanzado estado de gestación y nueve
menores de edad—, al efectuar disparos de
advertencia y amenazar con devolverlos al
mar, contraviniendo el derecho internacional.

DISCRIMINACIÓN
Decenas de miles de personas
pertenecientes a la minoría rohingya de
Myanmar huyeron del norte del estado de
Rajine ante los ataques de las fuerzas de
seguridad en represalia por el asalto
perpetrado en octubre contra tres puestos
fronterizos y en el que murieron nueve
agentes de policía. Las fuerzas de seguridad,
a las órdenes del ejército, dispararon
indiscriminadamente contra los lugareños e
incendiaron centenares de casas, efectuando
detenciones arbitrarias, y violando a mujeres
y niñas. Por las noches se impuso el toque
de queda, y se prohibió acceder a la zona a
los organismos de ayuda humanitaria. Esta
respuesta equivalía a un castigo colectivo
contra toda la comunidad rohingya del norte
del estado de Rajine, y podría ser constitutiva
de crímenes de lesa humanidad. Numerosas
personas de etnia rohingya que lograron
llegar a Bangladesh como refugiados y
solicitantes de asilo, y que necesitaban
desesperadamente ayuda humanitaria,
fueron rechazadas y devueltas a Myanmar.
Esta crisis se desencadenó en lo que era
ya un entorno de implacable e intensa
discriminación contra la comunidad
rohingya, varios de cuyos derechos —entre
ellos a la libertad de circulación— se
encontraban restringidos. También existía
una constante intolerancia religiosa —
agravada en los últimos años porque el

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

anterior gobierno no había investigado
eficazmente los actos de violencia—,
exacerbada con frecuencia por grupos
nacionalistas budistas de tendencia radical y
dirigida, sobre todo, contra la población
musulmana.
En Indonesia, las autoridades parecían a
menudo más preocupadas por los grupos
religiosos radicales que por respetar y
proteger los derechos humanos. Por ejemplo,
el gobernador de la capital, Yakarta, de
confesión cristiana y primer miembro de la
comunidad de etnia china de Indonesia
elegido para el cargo, fue sometido a una
investigación criminal por presunta
“blasfemia”. La discriminación contra las
personas LGBTI se recrudeció tras las
declaraciones incendiarias, manifiestamente
inexactas y engañosas de algunas
autoridades.
En Papúa Nueva Guinea la violencia
contra las mujeres estaba muy extendida, y
las trabajadoras sexuales eran golpeadas,
violadas, detenidas arbitrariamente y
asesinadas, sin posibilidad de recurrir a la
justicia. Esta falta de protección adecuada se
debía, sobre todo, a las leyes que
penalizaban el trabajo sexual, al estigma que
éste entrañaba y a las normas sociales y
culturales.
El Comité de Derechos Humanos y el
Comité de los Derechos del Niño, ambos de
la ONU, criticaron a Nueva Zelanda por el
elevado número de personas encarceladas y
los altos índices de pobreza infantil y de
violencia intrafamiliar existentes entre la
población maorí (indígena). La violencia
sexual y física contra las mujeres y las niñas
también seguía muy extendida, aunque el
problema había sido ampliamente
reconocido y se habían tomado medidas para
resolverlo.

45