ONU para la Eliminación de la
Discriminación Racial concluyó que Sri
Lanka utilizaba de forma desproporcionada la
Ley de Prevención del Terrorismo contra los
tamiles. Según informes, la población
cristiana y musulmana era hostigada,
amenazada y atacada por, entre otros,
simpatizantes de grupos políticos de
tendencia budista cingalesa radical. La
policía no actuaba o culpaba a las minorías
religiosas de incitar a sus rivales a la
violencia.

SUDESTE ASIÁTICO Y
OCEANÍA
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Los defensores y defensoras de los derechos
humanos vivían amenazados en Camboya,
Malasia, Tailandia, Vietnam y otros países,
entre otras cosas por el uso cada vez mayor
de leyes ya existentes o nuevas que
penalizaban la libertad de expresión pacífica.
En Tailandia, la constante represión de la
disidencia pacífica desde el golpe de Estado
militar de 2014 había dado lugar a un
ambiente en el que pocas personas se
atrevían a criticar públicamente a las
autoridades. Los defensores y defensoras de
los derechos humanos eran acusados de
difamación por denunciar públicamente
violaciones o por apoyar a personas o
comunidades vulnerables. El gobierno tomó
medidas para reprimir los debates sobre el
proyecto de Constitución durante el periodo
previo al referéndum. Por ejemplo,
contra aproximadamente una docena de
personas que habían hecho comentarios en
Facebook sobre la Constitución propuesta se
presentaron cargos, o fueron detenidas, y se
enfrentaban a penas de hasta 10 años de
prisión en virtud de una draconiana orden
del nuevo gobierno.
En Camboya se intensificó la represión de
la libertad de expresión, asociación y reunión
pacífica ante las elecciones, que
previsiblemente se celebrarían en
2017/2018, y las autoridades abusaron cada

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

vez más del sistema de justicia penal. Las
fuerzas de seguridad hostigaron y castigaron
a la sociedad civil con el fin de silenciar las
críticas. Así, los defensores y defensoras de
los derechos humanos sufrieron amenazas,
detenciones y reclusiones por su trabajo
pacífico, mientras que la oposición política
fue atacada, y algunos de sus activistas y de
sus cargos, encarcelados tras juicios injustos.
Las autoridades continuaron obstaculizando
las protestas pacíficas.
En Malasia se intentó asfixiar la disidencia
pacífica y la libertad de expresión con el uso
generalizado de la legislación sobre
seguridad nacional y otras leyes restrictivas.
El parlamentario y denunciante de
irregularidades Rafizi Ramli, que reveló
información sobre casos graves de
corrupción, fue condenado a 18 meses de
cárcel. Los periodistas de la página web de
noticias Malaysiakini fueron intimidados y
amenazados por grupos parapoliciales. Al
finalizar el año, la página se había visto
obligada a cerrar.
En Vietnam, los defensores y defensoras
de los derechos humanos eran víctimas de
amenazas y agresiones. Los presos y presas
de conciencia eran recluidos en cárceles y
otros centros de detención y sometidos a
desaparición forzada, tortura y otros malos
tratos, tales como aplicación de descargas
eléctricas, palizas brutales, reclusión
prolongada en régimen de aislamiento —en
ocasiones, en oscuridad y silencio totales—,
y negación de tratamiento médico.
Las autoridades vietnamitas también se
encargaron de reprimir a quienes se
manifestaban pacíficamente, y cuando el
presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, visitó el país en mayo, detuvieron,
intimidaron y hostigaron a activistas
pacíficos.
El nuevo gobierno de Myanmar, liderado
por la Liga Nacional para la Democracia,
tomó medidas para reformar leyes represivas
que desde hacía tiempo se empleaban
contra activistas y personal de los medios de
comunicación. Sin embargo, aún quedaba
mucho por hacer, como ponían en
evidencia casos como el de dos trabajadores

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