de peligro a aproximadamente 1,4 millones
de personas refugiadas, cuya inscripción en
el registro estaba previsto que expirara al
terminar el año. Las autoridades impusieron
varios plazos imposibles de cumplir para el
regreso de la población refugiada a
Afganistán, que más tarde ampliaron a
regañadientes. Esta medida desencadenó
oleadas de hostigamiento por parte de la
policía y las autoridades, y las personas
refugiadas quedaron atrapadas en el incierto
limbo de los campos donde residían.
En otros casos, Pakistán incumplió el
principio de no devolución (nonrefoulement), dejando a las personas
refugiadas afganas expuestas a abusos
graves. Por ejemplo, la decisión de devolver a
Sharbat Gula a un país que no veía desde la
infancia y que sus hijas ni siquiera conocían,
fue ilustrativa del cruel trato que Pakistán
dispensaba a la población refugiada afgana.
Sharbat Gula era la célebre “niña afgana”
que apareció en 1985 en una portada de la
revista National Geographic, y que durante
decenios fue la refugiada más famosa del
mundo, símbolo de la hospitalidad de
Pakistán.

DISCRIMINACIÓN
Miles de personas protestaron contra la
discriminación y la violencia que sufrían las
comunidades dalits. El gobierno siguió
dejando de lado con frecuencia a las
comunidades marginadas en sus iniciativas
para impulsar el crecimiento económico.
Millones de personas se manifestaron contra
la reforma de la legislación laboral. Las
personas de raza negra sufrieron actos de
hostigamiento, discriminación y violencia
racista en diversas ciudades. Se
multiplicaron las noticias sobre delitos
violentos y actos de violencia sexual contra
mujeres y niñas cuyos autores quedaron
impunes, y las mujeres de comunidades
marginadas sufrían una discriminación
sistémica. La legislación india penalizaba el
ofrecimiento de servicios sexuales en lugares
públicos, lo cual dejaba a las trabajadoras y
los trabajadores sexuales expuestos a
diversos abusos.

42

Pese a los recursos que se habían
presentado ante el Tribunal Supremo, el
apartado 377 del Código Penal indio seguía
penalizando las relaciones sexuales
consentidas entre personas del mismo sexo.
El Consejo de Ministros indio aprobó un
deficiente proyecto de ley sobre los derechos
de las personas transgénero, que los
activistas criticaron por su problemática
definición de “persona transgénero” y por
sus inadecuadas disposiciones contra la
discriminación.
En Bangladesh hubo una oleada de
homicidios y atentados —estimulados, al
parecer, por extremistas— contra personas
autoras de blogs, ateas, extranjeras y LGBTI
(lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexuales). Las autoridades tardaron en
responder, y cuando lo hicieron detuvieron a
casi 15.000 personas. El gobierno puso en
peligro con frecuencia su obligación de
perseguir a los perpetradores al
utilizar medidas tales como la detención
arbitraria y secreta. La falta de protección a la
que se enfrentaban las personas que
desarrollaban su activismo pacíficamente se
hizo aún más patente cuando se produjeron
una serie de ataques por los que nadie rindió
cuentas, como el brutal homicidio de Xulhaz
Mannan, director de una revista LGTBI, y de
su amigo Tanay Mojumdar. Activistas de
derechos humanos que sufrían amenazas
similares afirmaron que la policía no les
ofrecía suficiente protección, y algunos se
mostraron reticentes a acudir a ella por temor
a que presentaran cargos en su contra o
a ser hostigados.
En Sri Lanka, las personas LGBTI sufrían
hostigamiento, discriminación y violencia.
Persistía un elevado grado de impunidad
para quienes cometían actos de violencia
contra mujeres y niñas —incluidas
violaciones perpetradas por personal militar
— y no se combatía de manera adecuada la
violencia en el ámbito familiar. La población
tamil se quejaba de que la policía se guiaba
por criterios étnicos para realizar su labor y
que la vigilaba y hostigaba por considerarla
sospechosa de tener vínculos con los Tigres
de Liberación de Eelam Tamil; el Comité de la

Informe 2016/17 Amnistía Internacional