de un medio de comunicación, que fueron
detenidos en noviembre por presunta
“difamación en Internet” en relación a un
artículo sobre denuncias de corrupción
gubernamental.
En Timor Oriental, las fuerzas de seguridad
fueron acusadas de homicidios ilegítimos,
tortura y otros malos tratos, detenciones
arbitrarias, y restricción arbitraria de la
libertad de expresión y de reunión pacífica.
En Fiyi, los medios de comunicación se
vieron afectados por restricciones arbitrarias
sobre la libertad de expresión, y se multó y
encarceló a periodistas, mientras que en
Singapur se hostigó y enjuició a blogueros y
disidentes.
Por último, en Filipinas, hombres armados
no identificados y milicias armadas atacaron
y mataron a defensores y defensoras de los
derechos humanos y a periodistas.

PERSONAS EN MOVIMIENTO
Australia mantuvo su abusivo régimen de
tramitación de la inmigración en Nauru y la
isla de Manus (Papúa Nueva Guinea). El
acuerdo de Australia con Nauru para el
traslado de personas contravenía el derecho
internacional y, en la práctica, dejaba a la
población refugiada y solicitante de asilo
atrapada en una cárcel al aire libre.
Técnicamente, estas personas no estaban
detenidas, pero no podían irse, y se
encontraban aisladas en la remota isla de
Nauru, en el Pacífico, aunque hubieran sido
reconocidas oficialmente como refugiados.
La política del gobierno australiano de
“tramitación” de casos de personas
refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru
suponía un régimen deliberado y sistemático
de abandono y crueldad concebido para
infligir sufrimiento, y era constitutiva de
tortura en virtud del derecho internacional.
Con ella, la protección quedaba reducida al
mínimo, mientras que se infligía el máximo
dolor posible, y había sido ideada para
disuadir a algunas de las personas más
vulnerables del mundo de buscar refugio en
Australia.
En Nauru, entre la población refugiada y
solicitante de asilo eran habituales las

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enfermedades mentales y los incidentes de
autolesión, como ponía de manifiesto el caso
del refugiado iraní Omid Masoumali, que
murió tras haberse prendido fuego. Otras
personas, algunas menores de edad, recibían
atención médica inadecuada, y eran víctimas
de constantes agresiones físicas y verbales,
hostilidad generalizada y detenciones y
reclusiones arbitrarias, mientras que los
autores de estos abusos quedaban
sistemáticamente impunes.
Australia se negó a cerrar sus centros de
Nauru y la isla de Manus, y preveía incluso
aprobar una ley para impedir de forma
permanente que las personas atrapadas en
esos lugares obtuvieran visados australianos,
añadiendo así más injusticia a una situación
ya injusta, en violación del derecho
internacional.
Nueva Zelanda reiteró públicamente su
compromiso de reasentar cada año a 150
refugiados procedentes de Nauru y de la isla
de Manus en virtud del acuerdo alcanzado
en 2013 con Australia que, no obstante,
Australia se había negado a aplicar.
En Malasia, las condiciones de los
masificados centros de detención para
inmigrantes eran duras. Un total de mil
personas, entre ellas más de 400 rohingyas
que habían permanecido a la deriva frente a
las costas de Malasia hasta que las
autoridades accedieron a aceptarlos en mayo
de 2015, llevaban más de un año recluidas,
soportando duras condiciones. En junio, la
mayoría de los rohingyas quedaron en
libertad, y algunos fueron reasentados.
En Tailandia, al no existir marco ni
procesos y procedimientos legales para la
acogida de personas refugiadas y solicitantes
de asilo, muchas de ellas quedaban
expuestas a detenciones arbitrarias y a otras
violaciones de sus derechos. Al carecer de
un estatuto jurídico reconocido en virtud de
la legislación tailandesa, las personas
refugiadas y solicitantes de asilo —incluidos
menores de edad— continuaban siendo
tratadas como migrantes en situación
irregular y, de conformidad con la Ley de
Inmigración, podían ser recluidas de forma
indefinida en centros de detención para

Informe 2016/17 Amnistía Internacional