comunicación —y la libertad de expresión en
general— fue el lanzamiento de una granada
contra las oficinas del canal de televisión ARY
TV en la capital paquistaní, Islamabad. En el
lugar de los hechos aparecieron unas
octavillas en las que un grupo armado aliado
del Estado Islámico reivindicaba la autoría del
atentado.
En Sri Lanka, Sandhya Eknaligoda, esposa
del desaparecido humorista gráfico disidente
Prageeth Eknaligoda, fue víctima de
reiteradas amenazas y actos de intimidación
—como protestas a las puertas del tribunal
donde se celebraba la vista del recurso de
hábeas corpus de su esposo y una campaña
de colocación de carteles que la acusaban
de apoyar a los Tigres de Liberación de
Eelam Tamil— cuando la policía identificó a
siete agentes de inteligencia del ejército
sospechosos de estar implicados en la
desaparición forzada del humorista.
La libertad de expresión siguió sufriendo
ataques en Bangladesh, donde las
autoridades toleraban cada vez menos los
medios de comunicación independientes y
las voces críticas. En el marco de una
situación de derechos humanos en franco
deterioro, se detuvo y recluyó de manera
arbitraria a una serie de periodistas y se
reprimió la disidencia pacífica, en aplicación
de leyes draconianas que se invocaban para
acosar a las personas que expresaban
puntos de vista críticos en las redes sociales.
El activista estudiantil Dilip Roy fue detenido
por haber criticado a la primera ministra en
Facebook, y se enfrentaba a una posible
condena de 14 años de prisión, de
conformidad con la ambigua Ley de
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, utilizada por las autoridades
para amenazar y castigar a quienes
expresaban pacíficamente opiniones que no
eran de su agrado.
En Maldivas, donde se habían
intensificado los ataques contra los derechos
humanos a lo largo de los últimos años, el
gobierno endureció su ofensiva contra la
libertad de expresión y reunión, imponiendo
restricciones arbitrarias para evitar actos de
protesta. Asimismo, las autoridades

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

silenciaron a oponentes políticos, defensores
y defensoras de los derechos humanos y
periodistas utilizando para ello leyes que
penalizaban discursos, comentarios y otros
actos considerados “difamatorios”.

PERSONAS EN MOVIMIENTO
A causa del conflicto, Afganistán era el
segundo país del mundo que más personas
refugiadas generaba. La crisis afectaba a un
elevadísimo número de personas, con más
de dos millones repartidas sólo entre
Pakistán e Irán, y otras muchas que
intentaban llegar a la UE. En virtud del
acuerdo que Afganistán alcanzó con la UE,
este país debía readmitir a cualquier
ciudadano afgano cuya solicitud de asilo
rechazara la UE. Sin embargo, dada la
permanente inestabilidad en Afganistán, para
numerosas personas refugiadas y solicitantes
de asilo era imposible regresar
voluntariamente a su país en condiciones de
seguridad.
Aunque los titulares de los periódicos
hablaban de afganos y afganas que
arriesgaban sus vidas en peligrosos viajes
para llegar a Europa, la gran mayoría de la
población carecía de los recursos necesarios
para salir del país. Se calculaba que en 2016
el número de personas que se habían visto
obligadas a huir de sus hogares y se habían
convertido en desplazados internos ascendía
a 1,4 millones, cifra que duplicaba con
creces la de los tres años anteriores. En ese
mismo periodo de tres años, la ayuda
internacional a Afganistán se había reducido
a la mitad, ya que los donantes habían
desviado su atención del país tras la retirada
de las tropas internacionales. Se corría el
riesgo de que cayera en el olvido la difícil
situación de quienes sufrían en penosas
condiciones y luchaban por sobrevivir en
campos masificados, sin condiciones
adecuadas de refugio, alimentos, agua y
atención a la salud.
Para la población afgana refugiada en
Pakistán las perspectivas eran poco
halagüeñas, ya que el gobierno tenía prevista
la mayor devolución forzosa de refugiados de
la historia reciente, que dejaría en situación

41