ciudad se preparaba para albergar los
Juegos. Durante el evento deportivo hubo
violentas operaciones policiales y las
protestas se reprimieron enérgicamente con
medidas como el uso innecesario y excesivo
de la fuerza. Durante el año, las operaciones
contra el narcotráfico y las operaciones de
seguridad con despliegue de agentes
fuertemente armados fomentaron las
violaciones de derechos humanos y pusieron
en peligro a los agentes de policía.
La policía y las fuerzas de seguridad
también hicieron un uso excesivo e
innecesario de la fuerza en países como
Bahamas, Chile, Ecuador, El Salvador,
Jamaica, México, Perú, República
Dominicana y Venezuela.
Los homicidios ilegítimos en Jamaica eran
una constante de las operaciones policiales
que se había mantenido prácticamente
invariable durante los dos últimos decenios;
por otro lado, muchos homicidios cometidos
por las fuerzas de seguridad en República
Dominicana fueron ilegítimos, según
informes. En ninguno de los dos países se
habían reformado las fuerzas de seguridad, y
éstas rara vez rendían cuentas.

ACCESO A LA JUSTICIA Y LUCHA
CONTRA LA IMPUNIDAD
La impunidad imperante permitió a los
responsables de abusos contra los derechos
humanos actuar sin temor a las
consecuencias, debilitó el Estado de derecho
y negó verdad y reparación a millones de
personas.
La impunidad se sustentaba en unos
sistemas de seguridad y de justicia sin
recursos suficientes, frágiles y a menudo
corruptos, lastrados además por la falta de
voluntad política para asegurar su
imparcialidad e independencia.
La consiguiente inacción a la hora de
llevar a los autores de violaciones de
derechos humanos ante la justicia permitió
que arraigaran y prosperaran la delincuencia
organizada y las prácticas abusivas de los
organismos encargados de hacer cumplir la
ley.

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Asimismo, en países como Brasil,
Colombia, Guatemala, México, Honduras,
Jamaica, Paraguay, Perú y Venezuela se
negó a numerosas personas un acceso
significativo a la justicia, lo que les impidió
reivindicar sus derechos.
En Jamaica reinaba la impunidad por la
constante —que se prolongaba ya decenios
— de presuntos homicidios ilegítimos y
ejecuciones extrajudiciales cometidos por
agentes encargados de hacer cumplir la ley.
Aunque desde el año 2000 más de 3.000
personas habían muerto a manos de
funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley, sólo unos pocos agentes habían rendido
cuentas en 2016. En junio, la Comisión de
Investigación sobre las presuntas violaciones
de derechos humanos cometidas durante el
estado de excepción de 2010 formuló
recomendaciones para reformar la policía; al
concluir el año, Jamaica todavía no había
explicado cómo aplicaría las reformas.
En Chile, los delitos cometidos por
miembros de las fuerzas de seguridad, que
golpearon, maltrataron y en ocasiones
incluso mataron a manifestantes pacíficos y a
otras personas, muchas veces quedaron
impunes. Era habitual que los tribunales
militares —encargados de los casos de
violaciones de los derechos humanos
perpetradas por miembros de las fuerzas de
seguridad— no investigaran adecuadamente
ni enjuiciaran a los agentes sospechosos de
haber cometido un delito, y los juicios
normalmente no alcanzaban los más básicos
niveles de independencia e imparcialidad.
En julio, un tribunal de Paraguay impuso a
un grupo de campesinos y campesinas una
condena de hasta 30 años de prisión por el
asesinato de 6 agentes de policía y otros
delitos relacionados, en el contexto de un
conflicto de tierras ocurrido en 2012 en el
distrito de Curuguaty. Sin embargo, no se
inició investigación alguna sobre la muerte de
11 campesinos en el mismo incidente. El
fiscal general no ofreció ninguna explicación
creíble del motivo por el que no se
investigaron esas muertes ni respondió a las
denuncias según las cuales el lugar del delito

Informe 2016/17 Amnistía Internacional