millones de dólares) y Europa (104,5
millones de dólares).
Pese a que la Comisión Interamericana
recibió finalmente financiación adicional,
preocupaba la posible prolongación de la
crisis política, a no ser que los Estados
proporcionaran fondos adecuados a la
institución y cooperaran con ella,
independientemente de lo crítica que ésta
fuera con sus historiales de derechos
humanos.
Hubo, asimismo, faltas de apoyo más
concretas a la Comisión. El gobierno de
México intentó entorpecer su labor en el caso
Ayotzinapa, relativo a la desaparición forzada
de 43 estudiantes tras ser detenidos por la
policía en 2014. A pesar de que las
autoridades afirmaban que los estudiantes
habían sido secuestrados por una banda
delictiva y que sus cuerpos habían sido
quemados y arrojados a un vertedero, un
grupo de expertos designado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
concluyó que resultaba científicamente
imposible que hubieran ardido tantos
cadáveres en las condiciones alegadas. En
noviembre, la Comisión estableció un nuevo
mecanismo especial para realizar el
seguimiento de las recomendaciones de los
expertos, pero resultó difícil garantizar que
las autoridades brindaran el apoyo adecuado.

PERSONAS REFUGIADAS, MIGRANTES Y
APÁTRIDAS
Centroamérica fue el origen de una crisis de
refugiados que se agravó rápidamente.
Debido a la implacable violencia en esta
parte del mundo frecuentemente olvidada,
siguieron aumentando las solicitudes de asilo
de ciudadanos y ciudadanas de
Centroamérica en México, Estados Unidos y
otros países, hasta alcanzar niveles que no se
habían vuelto a registrar desde el final, hacía
décadas, de la mayoría de los conflictos
armados de la región.
Cientos de miles de personas viajaban a
través de México, bien para pedir asilo allí,
bien para continuar su viaje hacia Estados
Unidos. Muchas eran recluidas en duras
condiciones o se enfrentaban a homicidio,

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secuestro o extorsión por parte de bandas
delictivas que a menudo actuaban en
connivencia con las autoridades. Los abusos
contra los derechos humanos afectaban de
forma particular a un gran número de niños,
niñas y adolescentes no acompañados; las
mujeres y las niñas corrían grave peligro de
sufrir violencia sexual y trata de personas.
Siguieron practicándose expulsiones
desde México y Estados Unidos, a pesar de
los abrumadores indicios de que muchos
solicitantes de asilo corrían peligro de sufrir
violencia extrema en caso de no obtenerlo. Al
ser devueltas, muchas personas regresaban
a las situaciones de peligro mortal de las que
habían huido; al parecer algunas murieron a
manos de las bandas.
Honduras, Guatemala y El Salvador
alimentaron esta crisis cada vez más grave,
pues no protegían a las personas frente a la
violencia y no establecieron programas
integrales de protección para quienes habían
sido expulsados desde países como México y
Estados Unidos.
Sin embargo, en vez de asumir la
responsabilidad por su papel en la crisis, los
gobiernos implicados se centraron
exclusivamente en los abusos contra los
derechos humanos que sufrían las personas
que cruzaban México de camino a Estados
Unidos. También aseguraron, sin razón, que
la mayoría de esas personas huían por
necesidades económicas y no por el
aumento de la violencia y los homicidios y,
por supuesto, tampoco por las amenazas, las
extorsiones y la intimidación sufridas a diario
por la mayor parte de la población a causa
de los enfrentamientos entre las pandillas por
el control territorial.
A lo largo de 2016, decenas de niños y
niñas no acompañados y de personas que
viajaban con sus familias fueron
aprehendidos en Estados Unidos al tratar de
cruzar la frontera sur. Se mantuvo recluidas a
familias durante meses, muchas de ellas sin
acceso adecuado a atención médica ni a
asistencia letrada.
Durante el año, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
expresó preocupación por la situación de las

Informe 2016/17 Amnistía Internacional