personas migrantes cubanas y haitianas que
intentaban llegar a Estados Unidos.
En otros países de la región, las personas
migrantes y sus familias sufrían
discriminación, exclusión y malos tratos
generalizados. En Bahamas, los malos tratos
hacia las personas migrantes
indocumentadas de países como Haití y
Cuba fueron moneda corriente. La República
Dominicana expulsó a miles de personas de
ascendencia haitiana —entre ellas, personas
con nacionalidad dominicana por nacimiento
que, al ser expulsadas, se convirtieron en
apátridas— sin respetar en muchos casos el
derecho y las normas internacionales sobre
expulsiones. A su llegada a Haití, muchas
personas se asentaron en campamentos
improvisados, donde vivían en condiciones
terribles.
A pesar de que las recién elegidas
autoridades de República Dominicana se
comprometieron a resolver la situación de las
personas apátridas, una sentencia dictada
por el Tribunal Constitucional mantuvo a
decenas de miles de personas en situación
de apatridia al privarlas, de manera arbitraria
y con carácter retroactivo, de su
nacionalidad. En febrero, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
describió esta situación como una “situación
de apatridia […] de una magnitud nunca
antes vista en América”.
Canadá reasentó a más de 30.000
personas refugiadas sirias, y Estados Unidos
a 12.000.

SEGURIDAD PÚBLICA Y DERECHOS
HUMANOS
Los agentes no estatales —entre ellos
empresas y redes delictivas— ejercieron una
influencia cada vez mayor y fueron
responsables de los crecientes niveles de
violencia y abusos contra los derechos
humanos. Por su parte, la mayoría de los
Estados no atajaron la situación de manera
acorde con las normas internacionales,
siendo muchas de las violaciones de
derechos humanos cometidas producto de
una tendencia a la militarización de la
seguridad pública.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

En respuesta a la agitación social —y en
particular a las protestas pacíficas—, algunos
Estados recurrieron cada vez con más
frecuencia al ejército en operaciones de
seguridad pública, y tanto los cuerpos de
policía como otros organismos encargados de
hacer cumplir la ley de esos países
adoptaron técnicas, adiestramiento y equipos
militares. A pesar de que con frecuencia se
empleaba la lucha contra la delincuencia
organizada como justificación para las
respuestas militarizadas, en realidad éstas
permitían a los Estados seguir vulnerando los
derechos humanos en lugar de abordar las
causas subyacentes de la violencia. En
países como Venezuela, por ejemplo, cuando
se respondía a las protestas con una acción
militar, con frecuencia se producían a
continuación actos de tortura y otros malos
tratos contra manifestantes.
Tras la muerte en el mes de julio de
Philando Castile (Minnesota) y de Alton
Sterling (Luisiana) por disparos de la policía,
se organizaron en todo Estados Unidos
protestas que la policía enfrentó con material
antidisturbios pesado y armas de uso militar,
lo que hizo temer por el derecho a la libertad
de reunión pacífica de las personas que se
manifestaban. También fue motivo de
preocupación la fuerza empleada por la
policía en las protestas, mayoritariamente
pacíficas, contra el proyecto de construcción
del oleoducto Dakota Access, cerca la
reserva sioux de Standing Rock, en Dakota
del Norte. Además, las autoridades
estadounidenses siguieron sin computar la
cifra exacta de personas muertas a manos de
funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley; la información periodística ofreció una
cifra de casi 1.000 muertes en 2016, y de al
menos 21 a manos de la policía por el uso de
armas de electrochoque.
Los Juegos Olímpicos celebrados en Brasil
en agosto se vieron empañados por las
violaciones de derechos humanos cometidas
por las fuerzas de seguridad, sin que ni las
autoridades ni los organizadores del evento
adoptaran medidas efectivas para impedir los
abusos. En Río de Janeiro aumentaron los
homicidios cometidos por la policía cuando la

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