generalizada contra las personas que
trabajaban para proteger la tierra, el territorio
y el medio ambiente en el país.
En Guatemala se solía criminalizar —
mediante procedimientos penales sin
fundamento y el uso indebido del sistema de
justicia penal— a los defensores y defensoras
de los derechos humanos que se oponían a
proyectos de explotación de los recursos
naturales, y se los solía identificar con “el
enemigo interno”. En Colombia, un
alarmante número de defensores y
defensoras de los derechos humanos —
especialmente líderes comunitarios y
activistas ambientales— seguían siendo
objeto de amenazas y homicidios.
En Argentina, la lideresa social Milagro
Sala fue detenida y acusada formalmente por
protestar pacíficamente en Jujuy. A pesar de
que se ordenó su puesta en libertad, se
iniciaron nuevas actuaciones judiciales
contra ella para mantenerla recluida. En
octubre, el Grupo de Trabajo de la ONU
sobre la Detención Arbitraria concluyó que la
detención de Milagro Sala era arbitraria y
recomendó su liberación inmediata.
En el norte de Perú, Máxima Acuña —
campesina inmersa en una batalla legal
contra Yanacocha (una de las mayores minas
de oro y cobre de la región) por la propiedad
de la tierra en la que vivía— fue galardonada
con el Premio Goldman 2016, un prestigioso
galardón medioambiental. A pesar de una
campaña de hostigamiento e intimidación en
la que tanto ella como su familia fueron
presuntamente agredidas físicamente por
miembros de las fuerzas de seguridad, se
mantuvo firme y se negó a abandonar su
lucha para proteger los lagos locales y
permanecer en sus tierras.
En Ecuador, la restrictiva legislación y las
tácticas para acallar las críticas limitaron
gravemente los derechos a la libertad de
expresión y de asociación. Continuó
criminalizándose la disidencia, y en particular
a quienes se oponían a proyectos extractivos
en las tierras de los pueblos indígenas.
En Cuba, a pesar de las afirmaciones de
apertura política y del restablecimiento de las
relaciones con Estados Unidos el año

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

anterior, la sociedad civil y los grupos de
oposición denunciaron un aumento del
hostigamiento a quienes criticaban al
gobierno. Los defensores y defensoras de los
derechos humanos y los activistas políticos
fueron tildados públicamente de
“subversivos” y de “mercenarios
anticubanos”. A algunas de esas personas se
las sometió a breves detenciones arbitrarias
para, posteriormente, dejarlas en libertad sin
cargos; no era infrecuente que esto
sucediera varias veces al mes.

AMENAZAS AL SISTEMA
INTERAMERICANO DE DERECHOS
HUMANOS
Pese a la magnitud de los desafíos para los
derechos humanos en la región, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos —
fundamental para defender y promover los
derechos humanos, así como para garantizar
el acceso a la justicia a las víctimas que no
pueden conseguirla en sus propios países—
se vio afectada por una crisis económica
durante la mayor parte del año. La crisis se
debió a la insuficiente asignación de recursos
por parte de los Estados miembros de la
Organización de los Estados Americanos
(OEA), demostración inequívoca de la falta
de voluntad política de los Estados para
promover y proteger los derechos humanos
tanto en sus territorios como fuera de ellos.
En mayo, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos afirmó enfrentarse a la
mayor crisis económica de su historia. Existía
un peligro real de menoscabo de los avances
realizados por la Comisión en la lucha contra
las violaciones graves de los derechos
humanos y la discriminación estructural,
precisamente en un momento en el que
debía desempeñar un papel más vigoroso
para garantizar que los Estados cumplían las
obligaciones contraídas en virtud del derecho
internacional de los derechos humanos.
Con un presupuesto anual de 8 millones
de dólares estadounidenses, el sistema
interamericano de derechos humanos seguía
siendo uno de los peor financiados del
mundo; contaba con menos recursos que los
organismos correspondientes de África (13

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