región eran asesinadas diariamente 12
mujeres y niñas por motivos de género (un
delito denominado “feminicidio”), y que la
mayoría de esos crímenes quedaban
impunes. Según el Departamento de Estado
de Estados Unidos, una de cada 5 mujeres
sufría agresión sexual durante sus años
universitarios en ese país, aunque sólo uno
de cada 10 casos se denunciaba ante las
autoridades.
En toda la región, las personas lesbianas,
gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
(LGBTI) hicieron frente a índices de violencia
y discriminación aún más elevados y a más
obstáculos para acceder a la justicia. El
tiroteo incontrolado en una discoteca de
Orlando, Florida, demostró que, en Estados
Unidos, las personas LGBTI tenían mayores
probabilidades de ser blanco de crímenes de
odio. Por su parte, Brasil continuaba siendo
el país más mortífero del mundo para las
personas transgénero.
En febrero, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró que el virus de Zika
constituía una emergencia de salud pública,
tras detectar su “explosiva” propagación en
la región. El temor de que la transmisión
materno infantil del virus estuviera
relacionada con la microcefalia en recién
nacidos —y la posible transmisión sexual del
virus— pusieron de manifiesto los obstáculos
que limitaban la realización efectiva de la
salud sexual y reproductiva y de los derechos
vinculados a ésta en la región.
La inacción de los Estados dejó un vacío
de poder que era ocupado por empresas
multinacionales de influencia cada vez
mayor, especialmente las de los sectores
extractivos y otros que comportaban la
apropiación de territorios y de recursos
naturales; esa apropiación afectaba sobre
todo a tierras reclamadas por pueblos
indígenas, otras minorías étnicas y
campesinos, o tierras que les pertenecían, y
se llevaba a cabo sin respetar debidamente
su derecho al consentimiento libre, previo e
informado. La atención a la salud, el medio
ambiente, los medios de vida y la cultura de
estos grupos se vieron con frecuencia
perjudicados, y las personas eran

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

desplazadas a la fuerza, lo que dio lugar a la
desaparición de sus comunidades.
La represión política, la discriminación, la
violencia y la pobreza fueron el motor de otra
crisis humanitaria cada vez más profunda,
aunque en gran medida olvidada. Cientos de
miles de personas refugiadas —
mayoritariamente provenientes de
Centroamérica— se vieron obligadas a huir
de sus hogares para buscar protección, a
menudo corriendo el peligro de sufrir nuevos
abusos contra sus derechos humanos y
arriesgando la vida.
Muchos gobiernos demostraron una
intolerancia cada vez mayor a las críticas,
dedicándose a acallar la disidencia y
amordazar la libertad de expresión.
En México, las autoridades se mostraron
tan reacias a aceptar críticas, que llegaron al
extremo de negar la crisis de derechos
humanos que vivía el país. A pesar de que se
había denunciado la desaparición de casi
30.000 personas, de que miles habían
perdido la vida a consecuencia de las
operaciones de seguridad en el contexto de
la lucha contra el narcotráfico y el crimen
organizado, y de que miles más sufrían
desplazamiento forzado debido a la violencia
generalizada, las autoridades hicieron caso
omiso de las críticas de la sociedad civil
mexicana y de las organizaciones
internacionales, incluida la ONU.
También la negación fue un elemento
distintivo del deterioro de la situación de los
derechos humanos en Venezuela, donde el
gobierno puso en peligro la vida y los
derechos humanos de millones de personas
al negar la existencia de una grave crisis
humanitaria y económica y al rechazar pedir
ayuda internacional. A pesar del serio
problema de escasez de alimentos y
medicamentos, del rápido aumento de los
índices de delincuencia y de las constantes
violaciones de derechos humanos —
incluidos los altos niveles de violencia policial
—, el gobierno silenció la disidencia en lugar
de dar respuesta a la desesperada petición
de auxilio de la ciudadanía.
Entre los acontecimientos ocurridos en
2016, destacó la histórica visita de Estado del

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