había sido manipulado y los campesinos
habían sido torturados bajo custodia policial.
Al finalizar el año —y dos años después de
que el Senado de Estados Unidos presentara
un informe sobre la cuestión—, nadie había
comparecido ante la justicia estadounidense
por las violaciones de los derechos humanos
cometidas en el marco del programa de
detención secreta e interrogatorio de la CIA
tras los atentados del 11 de septiembre de
2001.
En México, el procesamiento de cinco
marinos —acusados de la desaparición
forzada de un hombre hallado muerto
semanas después de su detención, en 2013
— fue un paso positivo que ofrecía
esperanzas de que se aplicara un nuevo
enfoque a la hora de abordar la ola de
desapariciones en el país. Seguían sin
conocerse la suerte y el paradero de decenas
de miles de personas en todo el país.
En países como Argentina, Bolivia, Chile y
Perú, la impunidad constante y la falta de
voluntad política para investigar
las violaciones de derechos humanos y los
crímenes de derecho internacional —entre
ellos, miles de ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones forzadas— que se habían
perpetrado en el contexto de las dictaduras
militares de décadas anteriores seguían
negando la verdad, la justicia y la reparación
a las víctimas y sus familias.
Con todo, en Argentina, el ex presidente
de facto, Reynaldo Bignone, fue condenado
a 20 años de prisión por el papel
desempeñado en cientos de desapariciones
forzadas durante una operación de
inteligencia llevada a cabo en toda la región;
también se impusieron penas de cárcel a
otros 14 militares. Esas sentencias
representaron un paso positivo para la
justicia y se esperaba que abrieran la puerta
a más investigaciones.
En Guatemala, a pesar de que los avances
para abordar la impunidad eran lentos, hubo
un histórico fallo por el que dos ex mandos
militares fueron declarados culpables de
crímenes de lesa humanidad por someter a
mujeres indígenas maya-q’eqchis a violencia
sexual y esclavitud doméstica y sexual.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

En julio, la Corte Suprema de Justicia de El
Salvador declaró inconstitucional la Ley de
Amnistía, hecho que supuso un importante
paso adelante para la justicia en el ámbito de
los delitos de derecho internacional y otras
violaciones de derechos humanos cometidos
durante el conflicto armado de 1980 a 1992.
En Haití no se avanzó en la investigación
de los presuntos crímenes contra la
humanidad cometidos por el ex presidente
Jean-Claude Duvalier y sus antiguos
colaboradores.

DERECHOS DE LAS MUJERES Y DE LAS
NIÑAS
Fueron pocos los avances de los Estados
para atajar la violencia contra mujeres y
niñas; por ejemplo, no se las protegía de las
violaciones y feminicidios, y los responsables
tampoco rendían cuentas. Hubo denuncias
de violencia de género en Brasil, Canadá, El
Salvador, Estados Unidos, Jamaica,
Nicaragua, República Dominicana y
Venezuela, entre otros países.
Las numerosas violaciones de los
derechos sexuales y reproductivos
repercutían considerablemente en la salud
de las mujeres y las niñas. En las Américas
se concentraba el mayor número de países
que prohibían totalmente el aborto. En
algunos de ellos se encarcelaba a las
mujeres simplemente por ser sospechosas
de haberse sometido a un aborto, a veces
tras haber sufrido un aborto espontáneo.
En Nicaragua, las mujeres que vivían en la
pobreza continuaron siendo las principales
víctimas de mortalidad materna, y el índice
de embarazos de adolescentes era uno de
los más altos de la región. Además, las
mujeres estaban sometidas a una de las
legislaciones sobre el aborto más duras del
mundo, pues estaba prohibido en todas las
circunstancias, incluso cuando era
imprescindible para salvar la vida de la
mujer. En República Dominicana se postergó
nuevamente una reforma del Código Penal
destinada a despenalizar el aborto en
determinados casos. En Chile siguió
debatiéndose una reforma legislativa que
proponía la despenalización del aborto.

33