Con todo, hubo pequeñas señales de
esperanza. En El Salvador, la sentencia de un
tribunal que ordenaba la puesta en libertad
de María Teresa Rivera —quien había
cumplido 4 años de una condena de prisión
de 40 tras sufrir un aborto espontáneo— fue
un paso hacia la justicia en un país en el que
las mujeres recibían un trato terrible. El
hecho de que en Argentina una mujer
condenada a 8 años de prisión tras sufrir un
aborto espontáneo quedara en libertad en
virtud de una sentencia de la Corte Suprema
de Justicia, según la cual no había motivos
suficientes para mantenerla recluida,
constituyó otra victoria para los derechos
humanos.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
En junio, tras 17 años de negociación, la
Organización de los Estados Americanos
(OEA) adoptó la Declaración Americana
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
A pesar de ello, en todo el continente, los
pueblos indígenas continuaron siendo
víctimas de violencia, homicidios y uso
excesivo de la fuerza por parte de la policía, y
a menudo sufrían abusos contra su derecho
a sus tierras, territorios, recursos naturales y
cultura. En países como Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y
Paraguay, la realidad cotidiana para miles de
personas era una vida ensombrecida por la
exclusión, la pobreza, la desigualdad y la
discriminación sistémica.
Los pueblos indígenas siguieron viéndose
desplazados a la fuerza de sus propias tierras
por agentes estatales y no estatales —entre
ellos terratenientes y empresas— que
buscaban su propio beneficio económico.
Los proyectos de desarrollo —incluidos los
de las industrias extractivas— amenazaron la
cultura de los pueblos indígenas y a veces
dieron lugar al desplazamiento forzado de
comunidades enteras. Además, con
frecuencia se negó a los pueblos indígenas
una consulta significativa y su derecho al
consentimiento libre, previo e informado. Las
mujeres indígenas y campesinas de todo el
continente exigieron que se prestara mayor

34

atención al impacto que sobre las mujeres
tenían los proyectos de extracción de
recursos naturales, y pidieron una mayor
participación en los procesos de toma de
decisiones sobre los proyectos de desarrollo
que afectaban a sus tierras y territorios.
En mayo, los líderes y las lideresas de las
comunidades indígenas y afrodescendientes
del Territorio Rama y Kriol declararon que el
acuerdo para la construcción del Gran Canal
Interoceánico se había firmado sin que se
llevara a cabo un proceso efectivo de
consulta. Hubo un aumento de la violencia
en la Región Autónoma del Atlántico Norte,
en Nicaragua, donde los pueblos indígenas
misquitos sufrían amenazas, ataques,
violencia sexual, homicidios y
desplazamiento forzado a manos de colonos
no indígenas.
Entre los avances positivos cabe citar el
inicio de una investigación de ámbito
nacional sobre mujeres y niñas indígenas
desparecidas y asesinadas anunciado por el
gobierno canadiense.

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSGÉNERO E
INTERSEXUALES
Las mejoras legislativas e institucionales en
algunos países —como el reconocimiento
legal del matrimonio entre personas del
mismo sexo— no se tradujeron
necesariamente en una mayor protección
frente a la violencia y la discriminación hacia
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexuales.
En todo el continente —en países como
Argentina, Bahamas, El Salvador, Estados
Unidos, Haití, Honduras, Jamaica, República
Dominicana y Venezuela— se mantuvieron
niveles elevados de crímenes de odio,
apología del odio y discriminación, así como
asesinatos y persecución, contra activistas
LGBTI.
Con todo, en el proceso electoral que tuvo
lugar en República Dominicana durante el
año, varias personas que habían manifestado
abiertamente su pertenencia al colectivo
LGBTI presentaron su candidatura para

Informe 2016/17 Amnistía Internacional