PERSPECTIVA
REGIONAL: ASIA Y
OCEANÍA
Aunque numerosos gobiernos de la región de
Asia y Oceanía —en la que vive el 60% de la
población mundial— incrementaron la
represión de los derechos humanos, hubo
también signos positivos de cambio en
algunos países y contextos.
Se reivindicó enérgica e insistentemente la
libertad de expresión y la justicia, y crecieron
tanto el activismo como las protestas contra
las violaciones de derechos humanos. La
gente joven se mostró cada vez más decidida
a alzar la voz para defender sus derechos y
los de otras personas. Las tecnologías en
línea y las redes sociales ofrecieron nuevas
oportunidades de difundir información,
denunciar injusticias, organizarse y llevar a
cabo labores de defensa y promoción. En
repetidas ocasiones, los defensores y
defensoras de los derechos humanos —que
a menudo trabajaban en circunstancias
extremadamente difíciles y con recursos
limitados— se enfrentaron con firmeza a la
férrea opresión del Estado, y emprendieron
acciones tan admirables como valientes.
Sin embargo, con frecuencia tuvieron que
pagar un alto precio. Numerosos gobiernos
dieron muestras de un sobrecogedor desdén
por la libertad, la justicia y la dignidad, y no
escatimaron esfuerzos por silenciar las voces
de la oposición y suprimir tanto las protestas
como el activismo —incluida la disidencia
online—, recurriendo a medidas represoras,
directamente mediante la fuerza o aplicando
cínicamente leyes nuevas y otras
consideradas en desuso.
En el este de Asia los gobiernos perdieron
transparencia, y pareció aumentar la
distancia que los separaba de la ciudadanía.
Esta sensación se agudizó en países como
China y la República Popular Democrática de
Corea (Corea del Norte) debido a la arraigada
represión existente. En el sur de Asia se
observó un constante crecimiento de la

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intolerancia hacia la crítica y el debate
abierto, como pusieron de manifiesto los
asesinatos de blogueros en Bangladesh, las
agresiones contra personal de los medios de
comunicación en Pakistán y la reducción del
espacio de la sociedad civil en países como
India. En el sudeste asiático, las medidas
represoras del régimen militar de Tailandia y
los esfuerzos de Malasia por silenciar voces
políticas atacaron intensamente derechos
clave como la libertad de pensamiento,
conciencia, religión, opinión, expresión,
asociación y reunión.
A medida que el espacio de la sociedad
civil se reducía en muchos Estados, crecía la
discriminación en diversos países y
contextos, en particular la que afectaba a las
minorías raciales y étnicas, a las mujeres y a
las niñas.
En numerosos Estados —China, Corea del
Norte, Filipinas, Malasia, Maldivas, Nepal,
Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam
— la tortura y otros malos tratos se
encontraban entre los instrumentos utilizados
contra defensores y defensoras de los
derechos humanos, grupos marginados y
otras personas.
A menudo estas violaciones se mantenían
porque no se hacía rendir cuentas a los
torturadores y demás perpetradores. La
impunidad era perniciosa, con frecuencia
crónica, y común a numerosos Estados. A las
víctimas se les negaba justicia, verdad y otras
formas de reparación, aunque en ese sentido
hubo ciertos avances. Así, Sri Lanka avanzó
lentamente hacia la rendición de cuentas por
los presuntos delitos de derecho
internacional que habían asolado el país
durante decenios, si bien la impunidad siguió
siendo generalizada; por su parte, Japón y la
República de Corea (Corea del Sur) llegaron
a un acuerdo sobre el sistema militar de
esclavitud sexual existente antes y durante la
Segunda Guerra Mundial, que no obstante
recibió críticas por haber excluido de las
negociaciones a las sobrevivientes. En una
sentencia histórica, un tribunal de Filipinas
condenó por primera vez a un agente de
policía por tortura en aplicación de la Ley
contra la Tortura de 2009. La fiscalía de la

Informe 2016/17 Amnistía Internacional