Corte Penal Internacional indicó que tal vez
abriera pronto una investigación en
Afganistán que abarcaría las denuncias por
los crímenes de los talibanes, el gobierno
afgano y las fuerzas estadounidenses.
En Myanmar, el recrudecimiento del
conflicto en el estado de Kachin y el estallido
de la violencia en el norte del estado de
Rajine —donde una operación de seguridad
obligó a huir de sus hogares a miembros de
las comunidades rohingya y rajine—
agravaron la ya deteriorada situación
humanitaria y de derechos humanos, en la
que la violencia había obligado a desplazarse
a decenas de miles de personas a lo largo de
los últimos años. El gobierno impuso
restricciones que impidieron la llegada de
ayuda humanitaria a ambos estados. En
Afganistán continuó el conflicto armado
debido al resurgimiento de los talibanes, lo
que tuvo un efecto devastador sobre la
población civil.
En varios países, los grupos armados
exacerbaron la inseguridad y el sufrimiento,
cometiendo abusos tales como secuestros y
homicidios ilegítimos en el centro y el noreste
de India y en el estado de Jammu y
Cachemira. En Indonesia, los tiroteos y
atentados con bomba del grupo armado
autodenominado Estado Islámico
demostraron un profundo desprecio por el
derecho a la vida. En Afganistán, grupos
armados llevaron a cabo espeluznantes
atentados en la capital, Kabul, como el
perpetrado contra la organización de ayuda
humanitaria CARE International, dirigido
contra civiles y que constituyó, por tanto, un
crimen de guerra.
El telón de fondo de represión, conflicto e
inseguridad de la región agravó la crisis
mundial de refugiados. En toda Asia,
millones de personas se convirtieron en
refugiadas y solicitantes de asilo y se vieron
obligadas a huir de sus hogares, a menudo
para vivir en condiciones pésimas y
mortíferas. Muchas quedaron abandonadas a
su suerte en situaciones precarias,
vulnerables a infinidad de abusos más. En
países como Australia y Tailandia, los
gobiernos agravaron el sufrimiento al

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

devolver a personas a países donde corrían
peligro de sufrir violaciones de derechos
humanos. Muchas otras personas se vieron
desplazadas en sus propios países.
A menudo, las empresas perpetraron
abusos o fueron cómplices de ellos. El
gobierno de Corea del Sur permitió que
empresas privadas obstaculizaran la legítima
actividad sindical, y tardó en ocuparse de las
enfermedades e incluso las muertes
provocadas por la exposición a productos
nocivos. En India, la empresa Dow Chemical
Company, con sede en Estados Unidos, y su
filial Union Carbide Corporation, se negaron
de nuevo a comparecer ante un tribunal de
Bhopal para enfrentarse a los cargos penales
en su contra por la catástrofe ocurrida en
1984 a consecuencia de una fuga de gas.
Con respecto a la pena de muerte, la
región marchó con frecuencia en sentido
inverso al resto del mundo, que tendía a su
abolición. China continuó siendo el país del
mundo con más ejecuciones, aunque las
cifras reales siguieron considerándose
secreto de Estado. En Pakistán, el número de
personas ejecutadas desde 2014, año en
que se levantó la moratoria sobre las
ejecuciones, ascendía a más de 400. En
contra de lo dispuesto por las normas
internacionales, algunas de estas personas
eran menores de edad en el momento del
delito, mientras que otras tenían
discapacidad mental o habían sido
condenadas en juicios sin las debidas
garantías. En Japón, las ejecuciones estaban
rodeadas de secreto. En Maldivas, las
autoridades amenazaron con reanudar las
ejecuciones, suspendidas hacía 60 años, y
en Filipinas se presentó en el Congreso un
proyecto de ley para reinstaurar la pena de
muerte. La nota positiva la puso Nauru, que
se convirtió en el país número 103 que abolía
la pena capital para todos los delitos.
Uno de los acontecimientos de mayor
calado fue la constitución de un gobierno
casi civil en Myanmar, del que Aung San Suu
Kyi fue designada lideresa de facto en un
puesto creado especialmente para ella tras la
victoria de la Liga Nacional para la
Democracia en las elecciones de 2015. El

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