nuevo gobierno tomó medidas para mejorar
los derechos humanos, aunque se
enfrentaba a abrumadores obstáculos,
heredados del medio siglo de gobierno militar
represivo. Su poder se vio limitado por la
persistente influencia del ejército, que
controlaba ministerios clave y conservaba un
cuarto de los escaños parlamentarios. Hubo
pocas mejoras en los problemas de
Myanmar, como la difícil situación de la
población rohingya, la ayuda humanitaria
para las comunidades desplazadas, la
impunidad de los perpetradores de
violaciones de derechos humanos y la
reforma de leyes represivas.
En Filipinas, la presidencia de Rodrigo
Duterte se caracterizó por la violencia en
gran escala aprobada por el Estado,
normalmente en forma de homicidios
ilegítimos. En la llamada “guerra contra las
drogas”, la brutal represión contra personas
consideradas sospechosas de delitos de
drogas se saldó con más de 6.000 muertes.
En febrero, los devastadores efectos del
ciclón Winston en Fiyi pusieron de manifiesto
las deficiencias de las infraestructuras, al
quedar destruidas las viviendas de 62.000
personas, que se convirtieron en
desplazadas. La discriminación de algunos
grupos en la distribución de ayuda y la
escasez de materiales de construcción afectó
a las personas más necesitadas.
En mayo, Sri Lanka ratificó la Convención
Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones
Forzadas, aunque aún está por ver si
tipificará la desaparición forzada como delito
en su legislación. Fiyi ratificó con reservas la
Convención de la ONU contra la Tortura, pero
las inmunidades constitucionales y la falta de
voluntad política dificultaban la rendición de
cuentas por actos de tortura y otros malos
tratos.

ASIA ORIENTAL
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
En el este de Asia, los defensores y
defensoras de los derechos humanos fueron

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víctimas de ataques concertados, y la
sociedad civil disponía cada vez de menos
espacio para plantear cuestiones que las
autoridades consideraban polémicas.
En China continuaron las medidas
enérgicas bajo el gobierno de Xi Jinping, y
defensores y defensoras de los derechos
humanos, profesionales del derecho,
periodistas y activistas sufrieron, de manera
sistemática y cada vez más, actos de
intimidación y hostigamiento, incluidas
detenciones arbitrarias, torturas y otros malos
tratos. La policía sometía también a las
familias de las personas detenidas a
vigilancia y acoso, y restringía su libertad de
circulación. Las autoridades incrementaron el
uso de la forma de detención conocida como
“vigilancia domiciliaria en un lugar
designado”, que permitía a la policía recluir a
personas durante periodos de hasta seis
meses al margen del sistema formal de
detención, sin acceso a asistencia letrada de
su elección ni a sus familiares. También
aumentaron los casos de personas detenidas
a las que se obligaba a “confesar” en
televisión, y las autoridades siguieron
bloqueando miles de páginas web. En la
provincia de Guangdong, China reprimió a
trabajadores y trabajadoras y activistas de los
derechos laborales, a menudo negando a las
personas detenidas acceso a asistencia
letrada en aras de la “seguridad nacional”.
Asimismo, so pretexto de reforzar la
seguridad nacional, el gobierno chino redactó
o promulgó leyes y normativas que podían
utilizarse para silenciar a la disidencia y
reprimir a los defensores y defensoras de los
derechos humanos, acusándolos de delitos
vagamente definidos, como “incitación a la
subversión” y “filtración de secretos de
Estado”. Se temía que la nueva Ley de
Gestión de Organizaciones No
Gubernamentales Extranjeras se pudiera
utilizar para intimidar y enjuiciar a las
personas que defendían los derechos
humanos y a las ONG, y que la nueva Ley de
Seguridad Informática pudiera socavar la
libertad de expresión y la privacidad.
Sin embargo, los activistas se atrevieron a
innovar. Cuatro defensores de los derechos

Informe 2016/17 Amnistía Internacional