huyeron de Burundi, la mayoría a campos de
refugiados de las vecinas Ruanda y Tanzania.
Más de 1,1 millones de somalíes seguían en
situación de desplazamiento interno, y otros
1,1 millones de personas refugiadas de la
misma nacionalidad permanecían en países
vecinos y otros lugares.
El número de personas refugiadas en
países vecinos en los tres años transcurridos
desde el inicio del conflicto de Sudán del Sur
alcanzó un millón, mientras que un total de
1,7 millones de personas continuaban
desplazadas dentro del país y 4,8 millones
sufrían inseguridad alimentaria.
El gobierno de Kenia anunció su intención
de cerrar el campo de refugiados de Dadaab,
en el que vivían 280.000 personas
refugiadas. Alrededor de 260.000 procedían
de Somalia o eran de ascendencia somalí y, a
consecuencia de otros cambios en la política
de Kenia en materia de personas refugiadas,
corrían peligro de ser devueltas, lo que
contravenía el derecho internacional.

IMPUNIDAD Y AUSENCIA DE GARANTÍAS
DE JUSTICIA
La impunidad continuó siendo un
denominador común en todos los grandes
conflictos de África, donde las personas
sospechosas de cometer crímenes de
derecho internacional y violaciones graves de
derechos humanos raramente rindieron
cuentas.
Pese a tener un mandato claro, la UA
todavía no había adoptado medidas
concretas para establecer un tribunal híbrido
para Sudán del Sur, tal como exigía el
acuerdo de paz de este país. Ese tribunal
representaba la opción más viable para
garantizar la rendición de cuentas por delitos
tales como los crímenes de guerra y los
crímenes de lesa humanidad cometidos
durante el conflicto, y para disuadir de la
comisión de nuevos abusos contra los
derechos humanos.
Hubo algunos avances hacia el
establecimiento del Tribunal Penal Especial
en República Centroafricana, pero la gran
mayoría de los presuntos responsables de
delitos graves y violaciones flagrantes de

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derechos humanos continuaron en libertad,
sin ser detenidos ni investigados. Además de
la grave debilidad de la misión de
mantenimiento de la paz de la ONU en
República Centroafricana, la impunidad
siguió siendo uno de los factores clave del
conflicto, y la población civil se vio expuesta
a violencia letal e inestabilidad.
En Nigeria hubo indicios convincentes de
violaciones sistemáticas y generalizadas del
derecho internacional humanitario y de los
derechos humanos por las fuerzas armadas
que dieron lugar a la muerte bajo custodia
militar de más de 7.000 jóvenes y niños
nigerianos y a la ejecución extrajudicial de
más de 1.200 personas. Sin embargo, el
gobierno no adoptó ninguna medida para
investigar esas denuncias. Nadie respondió
ante la justicia, y las violaciones de derechos
humanos continuaron.
La Corte Penal Internacional (CPI) retiró
los cargos contra el vicepresidente de Kenia,
William Ruto, y el locutor de radio Joshua
Arap Sang y, por consiguiente, quedaron
archivadas todas las causas de la Corte
relacionadas con la violencia poselectoral
que había tenido lugar en Kenia en 2007 y
2008. Esta decisión fue un duro revés para
los miles de víctimas que todavía no habían
obtenido justicia.
En un acto de traición hacia los millones
de víctimas de delitos internacionales de todo
el mundo, tres Estados africanos —Burundi,
Gambia y Sudáfrica— manifestaron su
intención de retirarse del Estatuto de Roma.
La UA también siguió pidiendo a los
Estados que ignoraran sus obligaciones
internacionales de detener al presidente
sudanés Omar al Bashir, pese a estar éste
reclamado por la CPI por cargos de
genocidio. En mayo, Uganda no detuvo al
presidente Al Bashir ni lo entregó a la CPI,
fallando a los cientos de miles de personas
que habían muerto de forma violenta o
quedado desplazadas en el conflicto de
Darfur.
Sin embargo, hubo algunos momentos
históricos y alentadores para la justicia
internacional y la rendición de cuentas.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional