personalidades de la oposición y reprimieron
protestas pacíficas.
Las autoridades de Costa de Marfil
persiguieron a miembros de la oposición y
restringieron injustamente su derecho a la
libertad de expresión y de reunión pacífica
antes de un referéndum sobre cambios
constitucionales celebrado en octubre. Entre
otras medidas, detuvieron a decenas de
miembros de la oposición en una protesta
pacífica. Soltaron a algunos en diferentes
lugares de la capital económica, Abiyán, y a
otros a aproximadamente 100 kilómetros de
sus casas, obligándolos a regresar
caminando en una práctica conocida como
“detención móvil”. En octubre, durante una
protesta pacífica en contra del referéndum, la
policía disparó gas lacrimógeno, golpeó con
palos a los líderes y detuvo al menos a 50
personas.

CONFLICTOS ARMADOS
La población civil sufrió graves abusos y
violaciones de derechos humanos en los
conflictos armados de África, especialmente
en Camerún, Chad, Malí, Níger, Nigeria,
República Centroafricana, República
Democrática del Congo, Somalia, Sudán y
Sudán del Sur. La violencia sexual y de
género fue generalizada, y se reclutó a
menores como niños y niñas soldados.
En África occidental, central y oriental,
grupos armados como Al Shabaab y Boko
Haram siguieron perpetrando incesantes
actos de violencia y abusos que se saldaron
con centenares de homicidios y secuestros
de civiles y obligaron a millones de personas
a vivir con miedo e inseguridad tanto dentro
como fuera de sus países. En Camerún, los
abusos contra los derechos humanos
cometidos por Boko Haram provocaron que
en la región de Extremo Norte hubiera más
de 170.000 personas —en su mayoría
mujeres y niños y niñas— internamente
desplazadas. En Níger, más de 300.000
personas necesitaron ayuda humanitaria
durante el estado de excepción declarado en
la región de Diffa, donde Boko Haram fue
responsable de la mayoría de los ataques.

20

Muchos gobiernos respondieron a estas
amenazas haciendo caso omiso del derecho
internacional humanitario y de los derechos
humanos, con medidas como detenciones
arbitrarias, reclusiones en régimen de
incomunicación, torturas, desapariciones
forzadas y homicidios extrajudiciales.
En Nigeria, había 29 niños y niñas
menores de seis años —incluidos bebés—
entre las más de 240 personas que murieron
en espantosas condiciones en el tristemente
famoso centro de detención del cuartel de
Giwa, en Maiduguri, durante el año. Miles de
personas capturadas en detenciones masivas
en el nordeste del país, a menudo sin
pruebas en su contra, continuaban recluidas
sin juicio, en condiciones insalubres y de
hacinamiento, y sin acceso al mundo
exterior. De un modo similar, en Camerún
había más de 1.000 personas —muchas
detenidas arbitrariamente— recluidas en
condiciones espantosas, y decenas de ellas
murieron de enfermedades y malnutrición o
por torturas. En los casos en que se procesó
a personas detenidas sospechosas de apoyar
a Boko Haram, se hizo sin las debidas
garantías, ante tribunales militares en los que
la condena a muerte era con diferencia el
resultado más probable.
En Sudán, la situación humanitaria y de
seguridad en los estados de Darfur, Nilo Azul
y Kordofán del Sur continuó siendo
alarmante. Las pruebas del uso de armas
químicas por parte de las fuerzas
gubernamentales en la zona de Jabel Marra
(Darfur) demostraron que el gobierno
seguiría atacando a la población civil sin
temor a tener que rendir cuentas por las
violaciones del derecho internacional que
cometiera.
En Sudán del Sur, pese a la firma del
acuerdo de paz entre el gobierno y las
fuerzas rivales, los combates continuaron en
distintas partes del país durante el año y se
intensificaron en la región de Ecuatoria, en el
sur del país, a raíz del estallido en julio de
intensos enfrentamientos en la capital, Yuba.
Durante los combates, las fuerzas armadas
—especialmente los soldados
gubernamentales— cometieron violaciones

Informe 2016/17 Amnistía Internacional