de expresión en el país. El histórico fallo
judicial dictado en septiembre contra la
legislación represiva de Suazilandia fue
también otra victoria para los derechos
humanos. El Tribunal Superior de Zimbabue
anuló una prohibición de celebrar protestas.
Aunque otra sentencia del Tribunal Superior
la invalidó posteriormente, la valiente
decisión —tomada después de que el
presidente Mugabe amenazara a la
magistratura— representó una victoria en
defensa de los derechos humanos y
transmitió el mensaje claro de que el derecho
a la protesta no podía eliminarse por
capricho. En Gambia, más de 40 presos y
presas de conciencia —algunos de los cuales
llevaban detenidos hasta ocho meses—
quedaron en libertad bajo fianza en espera
del resultado de sus apelaciones
inmediatamente después de las elecciones.

REPRESIÓN POLÍTICA
En 2016 se celebraron en África varias
disputadas elecciones que se caracterizaron
por el aumento de la represión. En muchos
países, entre ellos Burundi, Chad, Costa de
Marfil, Gabón, Gambia, República del Congo,
República Democrática del Congo, Somalia y
Uganda, se arremetió duramente contra
líderes y voces de la oposición.
En uno de los acontecimientos más
inesperados, decenas de miles de
ciudadanos gambianos participaron en
concentraciones pacíficas antes de las
elecciones presidenciales, aunque los
resultados electorales continuaban
impugnados al concluir el año.
Los meses previos a las elecciones se
vieron empañados por violaciones graves del
derecho de la ciudadanía a expresarse
libremente. Decenas de miembros de la
oposición fueron detenidos por participar en
protestas pacíficas; dos de ellos murieron
bajo custodia. Un total de 30 manifestantes
fueron condenados a tres años de prisión por
su participación en protestas pacíficas, y
otros 14 estaban en espera de juicio. Todos
quedaron en libertad con fianza
inmediatamente después de las elecciones
del 1 de diciembre.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

Aunque en un principio admitió su derrota
ante el líder de la oposición, Adama Barrow,
posteriormente el presidente Yahya Jammeh
impugnó los resultados y mantuvo una
postura desafiante ante la presión nacional e
internacional para que traspasara el poder.
El gobierno ugandés socavó la capacidad
del partido opositor para impugnar
legalmente los resultados de las elecciones
de febrero. Las fuerzas de seguridad
detuvieron en repetidas ocasiones al
agraviado candidato presidencial Kizza
Besigye y a otros compañeros y
simpatizantes de su partido, y también
cercaron su domicilio e irrumpieron en las
oficinas del partido en Kampala.
En República Democrática del Congo se
llevó a cabo una represión sistemática de
quienes se oponían a la pretensión del
presidente Joseph Kabila de continuar en el
poder después de su segundo mandato, que
era el plazo máximo que permitía la
Constitución y terminaba en diciembre, y de
quienes criticaban el aplazamiento de las
elecciones. Las fuerzas de seguridad
detuvieron y hostigaron a quienes se
pronunciaron explícitamente sobre el debate
constitucional o denunciaron violaciones de
derechos humanos, y los acusaron de
traicionar a su país.
En Somalia, la aguda crisis humanitaria se
vio agravada por una crisis política en
relación con los colegios electorales para las
elecciones presidenciales y parlamentarias.
El grupo armado Al Shabaab rechazó las
elecciones en todas sus formas y pidió a sus
seguidores que atentaran contra los colegios
electorales y mataran a las personas notables
de los clanes, las autoridades
gubernamentales y los parlamentarios que
participaran en los comicios.
Las autoridades de República del Congo
siguieron manteniendo recluido a Paulin
Makaya, presidente de Unidos por el Congo,
únicamente por el ejercicio pacífico de su
derecho a la libertad de expresión. Después
de que la oposición rechazara los resultados
de las elecciones presidenciales de marzo,
las autoridades detuvieron a destacadas

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