cientos de personas y la detención arbitraria
de miles más. Tras declarar el estado de
excepción, el gobierno prohibió todas las
formas de protesta y mantuvo el bloqueo del
acceso a Internet y las redes sociales que
había comenzado durante las protestas.
En Nigeria, las fuerzas armadas y otras
fuerzas de seguridad emprendieron una
campaña de violencia contra manifestantes
pacíficos pro-Biafra, lo que causó la muerte
de al menos 100 manifestantes durante el
año. Hubo indicios de que las fuerzas
armadas utilizaron munición real con poco o
ningún aviso para dispersar a multitudes, y
de que se cometieron ejecuciones
extrajudiciales masivas, incluido el caso de al
menos 60 personas que fueron abatidas a
tiros en el espacio de dos días en relación
con los actos de protesta para la celebración
del Día del Recuerdo de Biafra el 30 de
mayo. Estos actos se realizaron de forma
similar a los ataques y el uso excesivo de la
fuerza que se habían empleado en diciembre
de 2015 contra concentraciones en las que
las fuerzas armadas habían masacrado a
cientos de hombres, mujeres y niños y niñas
en Zaria (estado de Kaduna) durante un
enfrentamiento con miembros del
Movimiento Islámico de Nigeria.
En Sudáfrica, las protestas estudiantiles se
reanudaron en agosto en las universidades
de todo el país bajo el lema #FeesMustFall y,
con frecuencia, terminaron en episodios
violentos. Aunque era posible que hubiera
habido violencia en el lado estudiantil,
Amnistía Internacional documentó muchas
denuncias de uso excesivo de la fuerza por
parte de la policía, con actos como, por
ejemplo, disparar a quemarropa balas de
goma contra estudiantes y simpatizantes, en
general. El 20 de octubre, en
Johannesburgo, un líder estudiantil recibió
13 disparos con balas de goma por la
espalda.
En Zimbabue, la policía siguió usando
fuerza excesiva para reprimir las protestas y
las huelgas que tuvieron lugar en Harare.
Cientos de personas fueron detenidas por
participar en protestas pacíficas en diferentes
partes del país, entre ellas el pastor

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

protestante Evan Mawarire, líder de la
campaña #ThisFlag, que fue brevemente
detenido para tratar de sofocar la disidencia
creciente y finalmente huyó del país cuando
temió por su vida.
En muchas de estas protestas y en otras,
especialmente en Chad, Etiopía, Gabón,
Gambia, Lesoto, República del Congo,
República Democrática del Congo y Uganda,
aumentó la represión contra las redes
sociales y hubo una constante de restricción
arbitraria o bloqueo del acceso a Internet.

ATAQUES CONTRA PERIODISTAS Y
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Los defensores y defensoras de los derechos
humanos y los periodistas fueron con
frecuencia blanco de violaciones de los
derechos humanos, en un contexto en el que
el derecho a la libertad de expresión estuvo
sometido a una constante erosión y a nuevas
olas de amenazas. Hubo intentos de aplastar
la disidencia y recortar la libertad de
expresión en todo el continente,
especialmente en Botsuana, Burundi,
Camerún, Chad, Costa de Marfil, Gambia,
Kenia, Mauritania, Nigeria, Somalia, Sudán,
Sudán del Sur, Tanzania, Togo y Zambia.
Algunas personas pagaron el precio más
alto: la vida. En Kenia, un destacado abogado
de derechos humanos, su cliente y el taxista
que los transportaba fueron víctimas de
desaparición forzada y homicidio extrajudicial
a manos de la policía. Formaban parte de los
más de 177 casos de personas que fueron
ejecutadas extrajudicialmente por los
servicios de seguridad durante el año. En
Sudán, el asesinato del estudiante
universitario Abubakar Hassan Mohamed
Taha, de 18 años, y de Mohamad al Sadiq
Yoyo, de 20, a manos de agentes del servicio
de inteligencia se produjo en un contexto de
intensa represión de la disidencia estudiantil.
En Somalia, unos agresores que no fueron
identificados mataron a dos periodistas en un
clima en el que los profesionales del
periodismo y de los medios de comunicación
sufrían hostigamiento, intimidación y
ataques.

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