Muchas otras personas fueron objeto de
detención arbitraria y seguían enfrentándose
a procesos penales y reclusión a causa de su
trabajo. En Angola, a pesar de que se
tomaron algunas medidas positivas —
especialmente la absolución de defensores y
defensoras de los derechos humanos y la
liberación de presos y presas de conciencia
—, se siguieron utilizando juicios por motivos
políticos, cargos de difamación y legislación
sobre seguridad del Estado para reprimir a
defensores y defensoras de los derechos
humanos, disidentes y otras voces críticas.
En República Democrática del Congo, los
movimientos juveniles se clasificaron como
grupos de insurrección. Asimismo, siguió sin
conocerse el paradero de los políticos y
periodistas que habían sido detenidos
arbitrariamente en Eritrea en 2001 y llevaban
sometidos a desaparición forzada desde
entonces, pese a que el gobierno anunció
que seguían con vida.
En Mauritania, aunque el Tribunal
Supremo ordenó la excarcelación de 12
activistas contra la esclavitud, 3 continuaron
recluidos; además, las organizaciones y los
activistas contra la esclavitud siguieron
siendo objeto de persecución por parte de las
autoridades.
Además de encarcelamiento, los
periodistas y los defensores y defensoras de
los derechos humanos también sufrían
agresiones físicas, intimidación y
hostigamiento en muchos países como Chad,
Gambia, Kenia, Somalia y Sudán del Sur.
El 18 de abril, Día de la Independencia de
Zimbabue, unos agentes de seguridad del
Estado agredieron brutalmente al hermano
del desaparecido periodista y activista en
favor de la democracia Itai Dzamara por
llevar un cartel en un acto celebrado en
Harare al que asistió el presidente Robert
Mugabe. En Uganda se sucedieron varios
ataques contra oficinas de ONG y defensores
y defensoras de los derechos humanos. La
persistente falta de rendición de cuentas por
estos delitos transmitía el mensaje de que las
autoridades consentían y toleraban esas
acciones. En un caso, los intrusos mataron a
golpes a un guardia de seguridad.

18

En muchos países, los medios de
comunicación, los periodistas y los usuarios
de las redes sociales se enfrentaban cada
vez a más dificultades. En una estratagema
para acallar a los medios de comunicación
críticos en el periodo anterior a las
elecciones, las autoridades de Zambia
cerraron el periódico independiente The Post
y detuvieron a algunos de sus directivos y a
familiares de éstos.
En Burundi aumentaron los ataques
contra la sociedad civil y los ya mermados
medios de comunicación independientes: se
detuvo a periodistas, miembros de grupos de
redes sociales e incluso escolares
simplemente por expresar su opinión. En
Camerún, Fomusoh Ivo Feh fue condenado a
10 años de prisión por reenviar un mensaje
de texto sarcástico sobre Boko Haram.
En algunos países la nueva legislación fue
motivo de preocupación. En Mauritania, el
Parlamento estaba examinando un
anteproyecto de ley que restringía el derecho
a la libertad de reunión pacífica y de
asociación. En República del Congo se
aprobó una ley que aumentaba el control del
gobierno sobre las organizaciones de la
sociedad civil. En Angola, la Asamblea
Nacional aprobó cinco proyectos de ley que
restringían de forma inadmisible el derecho a
la libertad de expresión. En otros países se
utilizó legislación existente —entre otras,
leyes sobre el terrorismo y el estado de
excepción— para criminalizar la disidencia
pacífica. El gobierno etíope —cada vez más
intolerante con las voces contrarias—
intensificó su campaña de represión contra
periodistas, defensores y defensoras de los
derechos humanos y disidentes, utilizando
para ello la Proclamación Antiterrorista.
Entre los aspectos positivos, hubo algunas
muestras esperanzadoras de activismo y
valor en el ámbito judicial —incluso en
países sumamente represivos— que
cuestionaron el uso que hacían los gobiernos
de la ley y del poder judicial para acallar la
disidencia. En República Democrática del
Congo se dejó en libertad a cuatro activistas
en favor de la democracia, medida positiva
insólita en un año muy difícil para la libertad

Informe 2016/17 Amnistía Internacional