Durante el 15 periodo de sesiones de la
Asamblea de los Estados Partes celebrado en
noviembre, muchos Estados africanos
miembros de la CPI afirmaron su apoyo a la
Corte y su intención de permanecer dentro
del sistema del Estatuto de Roma. Este
compromiso ya se había reflejado en la
Cumbre de la UA de julio, celebrada en
Kigali, en la que muchos países —entre ellos
Botsuana, Costa de Marfil, Nigeria, Senegal y
Túnez— se opusieron a un llamamiento a su
retirada masiva del Estatuto de Roma. En
diciembre, el presidente electo de Gambia
anunció que tenía la intención de anular la
decisión del gobierno de retirarse del Estatuto
de Roma.
Hubo acontecimientos positivos, como la
sentencia condenatoria dictada en mayo
contra el ex presidente de Chad, Hissène
Habré, por crímenes de lesa humanidad,
crímenes de guerra y tortura cometidos entre
1982 y 1990. Las Salas Africanas
Extraordinarias de Dakar lo condenaron a
cadena perpetua, marcando un hito en los
esfuerzos para poner fin a la impunidad en
África. Fue el primer caso de jurisdicción
universal en el continente, y Hissène Habré
fue el primer ex dirigente africano procesado
por crímenes de derecho internacional en
otro país africano.
En marzo, la CPI declaró culpable a JeanPierre Bemba, ex vicepresidente de
República Democrática del Congo, de
crímenes de guerra y crímenes de lesa
humanidad cometidos en República
Centroafricana. Le impuso una pena de 19
años de prisión en una sentencia
condenatoria que por primera vez en la
historia de la Corte consideraba la violación
crimen de guerra y se basaba en la
responsabilidad de mando. El fallo
condenatorio marcó un hito en la batalla por
la justicia para las víctimas de violencia
sexual en República Centroafricana y en todo
el mundo.
La CPI también inició el juicio del ex
presidente de Costa de Marfil, Laurent
Gbagbo, y de su ministro de Juventud,
Charles Blé Goudé, por cargos de crímenes
de lesa humanidad. Además, declaró

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

culpable a Ahmad al Faqi al Mahdi —
presunto dirigente del grupo armado Ansar
Eddine— de los ataques perpetrados contra
mezquitas y mausoleos de Tombuctú (Malí)
en 2012, actos que constituían crímenes de
derecho internacional.
Asimismo, el Tribunal Supremo de
Sudáfrica reprendió al gobierno por haber
incumplido sus obligaciones nacionales e
internacionales al no haber detenido a Al
Bashir durante una visita que éste había
realizado al país en 2015, afirmando con ello
la norma internacional de rechazar la
inmunidad de los responsables de crímenes
de derecho internacional, con independencia
de su cargo oficial.

DISCRIMINACIÓN Y MARGINACIÓN
Con frecuencia, las mujeres y las niñas
fueron objeto de discriminación, marginación
y abusos, en muchos casos a causa de
tradiciones y normas culturales, y de
discriminación institucionalizada por leyes
injustas. También se las sometió a violencia
sexual y violaciones en conflictos y países
que acogían a un gran número de personas
desplazadas y refugiadas.
Según la información recibida, el nivel de
violencia por motivos de género contra las
mujeres y las niñas fue elevado en muchos
países, entre ellos Madagascar, Namibia y
Sierra Leona.
En Sierra Leona, el gobierno siguió
prohibiendo a las niñas embarazadas asistir a
las escuelas de educación general y
presentarse a pruebas académicas. El
presidente también rehusó sancionar un
proyecto de ley que legalizaba el aborto en
algunas situaciones, pese a que el
Parlamento lo había aprobado dos veces y
Sierra Leona tenía una elevada tasa de
mortalidad materna. El país rechazó las
recomendaciones de la ONU de prohibir por
ley la mutilación genital femenina.
En Burkina Faso, el matrimonio precoz y
forzado arrebataba la infancia a miles de
niñas de tan sólo 13 años, a las que, por otro
lado, el coste de los métodos anticonceptivos
y otros obstáculos les impedían decidir si
tener hijos y cuándo tenerlos. Sin embargo,

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