tras una intensa campaña de la sociedad
civil, el gobierno anunció que revisaría la ley
para elevar a 18 años la edad legal para
contraer matrimonio.
Las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero e intersexuales, o percibidas
como tales, siguieron sufriendo abusos o
discriminación en países como Botsuana,
Camerún, Kenia, Nigeria, Senegal, Tanzania,
Togo y Uganda. En Kenia, dos hombres
elevaron una petición al Tribunal Superior de
Mombasa para que declarara
inconstitucionales la exploración anal y las
pruebas de VIH y hepatitis B a las que
habían sido obligados a someterse en 2015.
Sin embargo, el tribunal confirmó la legalidad
de los exámenes anales practicados a
hombres que presuntamente mantuvieran
relaciones homosexuales. Las exploraciones
anales forzadas vulneraban el derecho a la
intimidad y la prohibición de la tortura y otros
malos tratos establecida en el derecho
internacional.
En Malawi, una oleada sin precedentes de
ataques violentos contra personas con
albinismo puso de manifiesto el fracaso
sistémico de la función policial. Personas
particulares y bandas delictivas cometieron
secuestros, homicidios y saqueos de tumbas
para conseguir partes del cuerpo que creían
que tenían propiedades mágicas. Las
mujeres y los niños y niñas con albinismo
estaban especialmente expuestos a sufrir
homicidios, en ocasiones a manos de sus
propios familiares.
En Sudán, la libertad de religión se vio
socavada por un sistema jurídico en el que la
conversión del islam a otra religión era
punible con la muerte.
La falta de rendición de cuentas de las
empresas fue también otro factor que
propició graves violaciones de los derechos
de los niños y niñas. En República
Democrática del Congo, los mineros
artesanales —incluidos miles de niños y
niñas— extraían cobalto en condiciones
peligrosas. El cobalto se utilizaba para
alimentar aparatos electrónicos como
teléfonos móviles y ordenadores portátiles,
pero las principales marcas electrónicas —

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entre ellas Apple, Samsung y Sony— no
llevaban a cabo comprobaciones básicas
para garantizar que en sus productos no se
usaba cobalto extraído por mano de obra
infantil.

MIRANDO AL FUTURO
La Unión Africana declaró 2016 Año de los
Derechos Humanos en África, pero muchos
de sus Estados miembros no llevaron a la
práctica la retórica sobre los derechos
humanos. Si hay un aspecto del año que
deba ensalzarse es la historia de la resiliencia
y el valor que demostró la gente a la hora de
transmitir el mensaje claro de que la
represión y la política del miedo ya no la
silenciaba.
Casi con total seguridad, el
recrudecimiento de las crisis en países como
Burundi, Etiopía, Gambia y Zimbabue podría
haberse evitado o minimizado si hubiera
habido voluntad y valentía políticas para abrir
espacios en los que la población habría
podido expresar libremente sus opiniones.
Pese a que hubo avances en algunas
áreas, las respuestas de la UA a las
violaciones de derechos humanos —ya
fueran éstas causas estructurales de los
conflictos o producto de ellos— siguieron
siendo en su mayoría lentas, irregulares y
pasivas. De hecho, incluso en los casos en
que expresó preocupación, en general la UA
careció de la determinación y la voluntad
política para abordarlas de frente. También
se observaron problemas de coordinación
entre los órganos y mecanismos de paz y
seguridad —como el Consejo de Paz y
Seguridad de la UA y su Sistema Continental
de Alerta Temprana— y las instituciones
regionales de derechos humanos, lo que
limitó la posibilidad de dar una respuesta
integral a las violaciones de derechos
humanos que provocaron conflictos o
surgieron de ellos.
A la UA le quedan menos de cuatro años
para hacer realidad su aspiración de
“silenciar todas las armas” en el continente
de aquí a 2020. Ha llegado el momento de
traducir en hechos este compromiso,
garantizando una respuesta eficaz a las

Informe 2016/17 Amnistía Internacional