y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma
permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de
protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”
Según el Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada,
Raquel Rolnik (Naciones Unidas A/67/286 Asamblea General) de
fecha 10 de agosto de 2012 “en España se han ejecutado más de
350.000 hipotecas desde 2007, y en 2011 tuvieron lugar
aproximadamente 212 ejecuciones y 159 desalojos al día. La crisis ha
afectado desproporcionadamente a los más pobres y vulnerables, que
fueron los últimos en ingresar en los mercados hipotecarios y los
primeros en sufrir las consecuencias de las crisis en razón de su escasa
resiliencia a las conmociones económicas y su poca capacidad de
pago. Algunas investigaciones recientes indican que la mayor parte (el
70%) de los impagos registrados en España guarda relación con la
crisis del empleo y que el 35% de las propiedades ejecutadas
pertenecen a migrantes.".
De acuerdo con los últimos datos del CGPJ en su informe "efectos de la
crisis en los órganos judiciales" en el segundo semestre de 2012 se han
iniciado más de 50.000 procesos de ejecución hipotecaria por lo que se
superarán las 400.000 ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la
crisis.
La violación del derecho a la tutela judicial efectiva y a un
procedimiento con todas las garantías sería a su vez constitutivo de una
violación de derechos fundamentales de las personas de la que podría
devenir responsabilidad del Estado por violación sistemática de los
derechos humanos, puesto que la mencionada violación se deriva de la
aplicación del derecho interno y por la aplicación masiva ante la que
nos encontramos.
TERCERO.- NORMATIVA DE CONSUMIDORES
La hipoteca que se ejecuta fue otorgada a una persona física para la
adquisición de una vivienda por lo que goza de la condición de
consumidor según establece el Art. 3 del Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
 

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