Escrito suspension ejecuciones adjunto NP 1.pdf


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El presidente del Consejo General del Poder Judicial ha manifestado que los jueces
pueden actuar para "suspender, paralizar, modificar o adaptar la decisión judicial al
caso concreto” amparándose tanto en normativas comunitarias como en principios
constitucionales o de derecho contractual, máxime cuando se trata de situaciones "de
verdadera crispación o de atentado a un derecho fundamental como es el de la
vivienda”.
Jueces para la Democracia ha hecho un llamamiento a los jueces para que
"suspendan automáticamente todos los desahucios”.
Desde el Foro Judicial Independiente se “recomienda a los miembros de la carrera
judicial con competencias en la materia la suspensión de todos los procedimientos de
ejecución hipotecaria pendientes de tramitación en los juzgados de toda España".
Recientemente desde la Asociación Profesional de la Magistratura se afirmaba que
“Las entidades han convertido los tribunales en sus oficinas recaudatorias” y que se
trata de “de una situación preocupante y muy dolorosa. Un drama social”.
Y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española ha expuesto también su
posición de una forma rotunda: “No más desahucios por impago de deudas
hipotecarias”.
Las anteriores manifestaciones son prueba de que existe una auténtica alarma social
en materia de desahucios, alarma concretada en los 400.000 desahucios que se han
producido en los años de la crisis económica, y en los miles que se están tramitando
en los juzgados españoles; esta trágica situación ha de ser tenida en cuenta a la hora
de interpretar las normas vigentes pues, de conformidad con lo establecido en el
artículo 3.1 del Código Civil, las normas jurídicas han de interpretarse con arreglo “a la
realidad social del tiempo en que de ser aplicadas”, lo que en el tiempo presente exige
una clara visión pro ciudadano.

SEGUNDO.- VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS: EL
DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA
Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y diferentes entidades de la sociedad
civil han denunciado reiteradamente que los procedimientos de ejecución hipotecaria
masivos constituyen una violación sistemática de derechos humanos puesto que
sitúan a la persona ejecutada en una situación de absoluta indefensión.
Corresponde al juzgador interpretar las normas relativas a derechos fundamentales
que la Constitución Española reconoce de conformidad con la Declaración Universal
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificados por España (art. 10.2 CE). Los derechos humanos están llamados
para que resulten efectivos y no meramente ilusorios.
La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en las ejecuciones hipotecarias
masivas llevadas a cabo por las entidades financieras también vulnera el derecho de
las personas a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE). Se trata de un
derecho humano consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por España y que forma parte del
ordenamiento interno español (art. 96.1 CE), y que en su art. 11.1 establece que los
Estados se comprometen a tomar las medidas necesarias para realizar “el derecho de
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso (…) vivienda